Marruecos: un referéndum no como los otros
El referéndum que se celebra en Marruecos el próximo viernes 13 de septiembre para la revisión de la Constitución es el séptimo en su género desde que el país obtuvo su independencia hace 40 años. Y sin embargo no es un referéndum como los otros. Quizá sí en la medida en que para la confección del texto sobre el que la nación ha de pronunciarse se ha eludido, como en las ocasiones anteriores, la vía constituyente, de elaboración abierta y consensuada con las fuerzas políticas plurales del país. Pero el hecho de que por primera vez la unanimidad en la demanda del sí casi se produzca (con la excepción del pequeño partido de Bensaid, la OADP) infiere que el texto atiende, al fin, a buena parte: de las reivindicaciones que han constituido el objetivo de una lucha de las fuerzas democráticas que ha durado cuatro décadas.La lectura de la biografía política de Mehdi Ben Barka publicada por Zakya Daoud y Maati Monjib, en el 30º aniversario de su secuestro y muerte da, sin duda, las claves de por qué ha costado tanto este largo proceso constitucionalizador, dando la idea de un proceso en el que se han perdido múltiples ocasiones históricas. La primera de las cuales cuando el desentendimiento de los dos grupos surgidos del nacionalismo marroquí independentista impidió un acuerdo constituyente con el trono que, aún detentado por el padre del actual soberano, se resistía a no ser la clave de bóveda de la primera Constitución. La muerte prematura de Mohamed V, la excesiva inexperiencia del joven Hassan y la crispación de sus relaciones con los políticos de la generación de Ben Barka hicieron que la primera Constitución de 1962 no fuera asumida por la oposición sindical y política, que llamó al boicoteo en una campaña que costó un primer atentado contra la vida de Ben Barka. Lejos de crear un clima de resolución de conflictos, la "carta otorgada" de 1962, que instituía ya, como ahora se restablece, un Parlamento bicameral cuya Cámara alta se elegía por sufragio indirecto y corporativo, inició un periodo conflictivo de duelo entre dos concepciones radicalmente distintas de la Monarquía, que acabó en el establecimiento de un largo Estado de excepción entre 1965 y 1970.
Si en 1970 se llama de nuevo a la nación a pronunciarse sobre un segundo texto, en éste la Cámara única era elegida en sus dos tercios de manera indirecta, en una clima político vigilado por un personaje siniestro, el general Ufkir. Frente a la Constitución de 1970 se levanta un bloque nacional, la Kutla, integrada por el Istiqlal y la UNFP, que apenas harán oír su llamamiento a la abstención, debilitados por la represión de los años de excepción.
El primer atentado militar contra el soberano en el verano de 1971 demuestra a la Monarquía su aislamiento del Marruecos político y hasta qué punto los apoyos del mundo rural, comprados, como en la época colonial, a base de componendas con las élites tradicionales, no daban estabilidad al sistema. Contactos con la oposición se toman desde palacio, ofreciendo una revisión de la Constitución que aumentaba hasta dos tercios del Parlamento los electos directos y ampliaba los márgenes del ejercicio de las libertades. La contraoferta de la oposición no fue otra que la necesidad de una amnistía y de una asamblea constituyente, lo que, una vez más, el monarca no estaba dispuesto a conceder, anclado en su visión de un rey que manda y reina. De ahí que el nuevo referéndum constitucional en los primeros meses de 1972 sea boicoteado por la Kutla. El nuevo atentado de Ufkir en julio de ese año dejará aún más solo al monarca, por lo que se verá obligado a intensificar contactos con la oposición con vistas a normalizar una vida parlamentaria interrumpida en 1965. La Kutla sigue estando dominada por un Istiqlal cuya legitimidad nacionalista queda alejada en el tiempo y al que la oposición prolongada ha privado de algunos de sus dirigentes, que han ido integrando las filas de las élites oficiales, pero que sigue contando con una buena estructura e implantación en todo el país aún bajo la dirección del líder carismático Allal el Fassi. Otro elemento clave de la oposición son los herederos de Ben Barka, castigados por el exilio de dirigentes como Yussufi y el Fkih Basri y debilitados por la pugna con el sindicato UMT, que llevará a la creación de un nuevo partido, la Unión Socialista de Fuerzas Populares, con el que Abderramán Buabid, antiguo ministro de Economía en los primeros tiempos de la independencia, articula un discurso que aglutina a las nuevas élites urbanas profesionales y progresistas. Fuera de aquella primera Kutla siempre estuvo, además, el PCM, modestamente representado pero con personalidad propia.
Esta atomización y debilitamiento de la oposición condiciona un discurso posibilista y proclive al realismo político que va a llevar a un, lento proceso negociador con el palacio, tendente a restablecer la vida constitucional. Pero cada fuerza actúa por separado, dejando de existir ese frente unido que fue la Kutla. La reivindicación de una asamblea constituyente va dejando paso a la solicitud de reformas parciales, a ciertas garantías de legalidad para socialistas y comunistas que se movían en una situación de gran precariedad, a indultos de algunos de sus dirigentes, encarcelados o en el exilio. Se llega así a la legalización de la USFP y el PPS (ex PCM), a la promulgación de una ley local que amplía las competencias de los ayuntamientos y democratiza un tanto su gestión. Se marroquiniza la economía en 1973, en una operación que encerrará al país en sí mismo, pero prepara el clima nacionalista de la operación de recuperación del Sáhara, creando un ambiente unanimista que llevará a las elecciones municipales un año después de la Marcha Verde y a las legislativas de 1977, las primeras con participación de la oposición desde 1963.
Hay que recordar que la reivindicación de marroquinidad del Sáhara fue siempre caballo de batalla más de la oposición que del trono. Aunque sin duda aportó a Hassan II una importante dosis de legitimidad nacionalista plasmada en el título que cierta prensa oficialista le confiere de "el reunificador". Sin embargo, la batalla del Sáhara va a estar en la base de unas dificultades económicas que llevarán a Marruecos a una espiral de endeudamiento y crisis, así como a la necesidad de reajustes estructurales en los ochenta. Dos nuevos referendos van a marcar este periodo. Un primero, en 1980, cierra el proceso unanimista, una vez comprobado que los problemas sociales no habían encontrado vía de solución. El objetivo de la revisión constitucional de ese año sólo afecta a aspectos menores del texto, pero prolonga la legislatura de cuatro a seis años.
Los socialistas y comunistas -el Istiqlal integra el Gobierno desde 1977 hasta 1983- se opondrán, al ver en ello una minimización más del papel del Parlamento. La crisis económica y social, así como los estallidos sociales de 1981, 1984 y 1990, resaltarán la necesidad de un acuerdo entre el Marruecos de la realidad y el de la ley. La revisión a fondo de la Constitución se convierte en la reivindicación política esencial. Los cambios en la escena internacional y la crisis del Golfo van a obligar a emprender una era de reformas que permite un aglutinamiento de toda la oposición clásica (Istiqlal, USFP, PPS y OADP) que recrea la Kutla o Bloque Democrático. Sin embargo, la Constitución que se otorga en 1992, aunque con espíritu nuevo y algún importante avance, dista aún del Estado de derecho al que aspiran las fuerzas democráticas. Su transitoriedad se revela desde el primer momento incapaz de generar ilusión política en una población mayoritariamente joven pero marginada de la política.
Como ha señalado Khalid Naciri, el flamante director de la Escuela de Administración, el país ha vivido desde entonces bloqueado, inhibido, en una situación de "estabilidad institucionalizada ligada a inestabilidad política". La manipulación electoral de 1993 humilló a la oposición, que rechazará las ofertas del rey para integrarse en el Gobierno y constituir una alternativa sin contar con mayoría en el Parlamento. La revisión a fondo de la Constitución se abre camino desde entonces como única salida. De ahí el memorándum que la Kutla elabora conjuntamente y presenta al monarca en la primavera de 1996.
El plato fuerte del texto, dejando a un lado la segunda Cámara, que actuaría de válvula de seguridad, muy limitada en sus prerrogativas, es que por primera vez en la historia de Marruecos se concede "mayoría de edad" al primer ministro, emanado de la mayoría parlamentaria, cuya investidura es votada por la Cámara de Representantes, que podrá ejercer un efectivo control de su gestión. La primacía en las dos Cámaras se concede a la de Representantes, que es la que al término de un hipotético conflicto entre ambas vota la ley. También la mayoría para la censura al Gobierno es más fuerte en la de Consejeros (2/3) que en la de Representantes (1/2).
Es posible que éste sea el cambio más decisivo en la historia del constitucionalismo marroquí. Aunque revela, y así lo señala el citado Naciri en otro artículo reciente, que en el panorama político marroquí sigue siendo necesario un consenso "dinámico" entre el rey y las fuerzas políticas, obligatorio en suma, la doble confianza activa del rey y del Parlamento. Aunque se echa de menos que ese consenso sea abierto y no, esté trucado por una Administración que sea árbitro y parte.
Las grandes incógnitas siguen siendo la neutralidad del aparato del Majzen, la capacidad de la oposición para articular un discurso que genere ilusión y confianza para ganar -por sí misma- la mayoría y, cómo no, el destino futuro del superministro del Interior, Dris Basri, en quien reposa no sólo la seguridad del Estado, sino incluso el control de unos gobernadores provinciales a los que la Constitución, mediante el artículo 101, atribuye responsabilidades que, de no controlarse, convertirían en estéril el proceso de descentralización regional al que invita también esta Constitución.Bernabé López García es profesor de Historia del Islam Contemporáneo en la Universidad Autónoma de Madrid.
