Pensiones posibles
EL DIAGNÓSTICO sobre el futuro de las pensiones públicas no ofrece grandes dudas desde que se empezó a elaborar el Pacto de Toledo. Todos los partidos estuvieron de acuerdo en que para evitar futuras amenazas de quiebra es necesaria una reforma. Aunque las fuerzas políticas han quemado un año en otras batallas más encendidas, el Gobierno aprobó ayer un plan para reducir el coste de las pensiones.El paquete de medidas es sólo una propuesta que deberá ser discutida en la mesa de diálogo con los agentes sociales y, finalmente, en el Parlamento. Pero es importante que el Gobierno haya avanzado sus puntos de vista sobre la cuestión. Máxime cuando desde las propias instancias gubernamentales se han lanzado en los últimos tiempos mensajes contradictorios que han provocado no poca inquietud. A partir de ahora ya no cabe alimentar dudas sobre el poder adquisitivo de las pensiones. El Gobierno se compromete a mantenerlo por ley de acuerdo al IPC general y durante toda la legislatura.
La reforma afecta en profundidad a las condiciones exigibles a partir de ahora para tener derecho a una pensión pública. Las propuestas del Gobierno no se salen del marco fijado por el Pacto de Toledo para asegurar la estabilidad financiera del sistema público de pensiones. Constituyen, pues, un buen punto de partida, y así lo han reconocido portavoces socialistas.
En la cuestión capital de una mayor clarificación de las vías de financiación de la Seguridad Social no tiene por qué haber grandes divergencias. El Gobierno considera "propósito irrenunciable" culminar a lo largo de la legislatura la separación total de los capítulos que se financian mediante contribuciones de aquellos otros que se nutren de fondos presupuestarios. Pensiones contributivas, prestaciones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales serían financiadas con el producto de las cotizaciones. En cambio, los impuestos sufragarían el coste de las pensiones no contributivas, los gastos de sanidad y los servicios sociales. Al menos en este punto la propuesta del Gobierno coincide al pie de la letra con el Pacto de Toledo.
En todo lo demás -equiparación de los años cotizados, ampliación del periodo exigible para calcular la pensión, retraso de la edad real de jubilación, control del fraude-, el margen de discusión es más amplio, pero siempre dentro de los criterios de equidad y proporcionalidad que el Pacto de Toledo considera ineludible introducir. Si no se respetan tales criterios, el futuro de las pensiones públicas seguirá peligrando. En esta cuestión no valen los paños calientes ni los trucos. Sindicatos, patronal y partidos están obligados a hacer un serio ejercicio de responsabilidad, al margen de mensajes engañosos o demagógicos.
La precariedad de los sistemas públicos de seguridad social es un rasgo común a la mayoría de los países europeos, aunque en España tiene el agravante de una base más reducida de trabajadores que cotizan a la Seguridad Social: por el alto porcentaje de paro, pero también por el volumen de la economía sumergida. Insuficiente crecimiento económico, limitada capacidad de empleo, y manifiesto deterioro de las finanzas públicas son las causas genéricas de esa situación. A ello hay que añadir el factor demográfico, caracterizado por la coexistencia de una reducida tasa de natalidad -que estrecha el número de contribuyentes futuros- con un aumento de la esperanza de vida que prolonga el periodo de percepción de las prestaciones. En esas condiciones, la única forma de evitar mañana el colapso del sistema es reformarlo hoy. Sin dilaciones y con sensatez.
