Una juez exige al Ayuntamiento de Torres de la Alameda 140 millones por un litigio urbanístico

"Con 5.000 millones de agujero que me ha dejado el anterior alcalde, cómo voy a poner 140 de fianza. ¡Pero si no tengo ni para pagar la extra de julio a los trabajadores! ¡Qué los ponga él, que fue quien delin quió!". Así resume el actual alcalde de Torres de la Alameda (3.800 habitantes), Francisco Acedo, del PP, la larga polémica que divide al pueblo desde hace años y que, tras su entrada en los tribunales, ha llevado a una juez de Madrid a pedir 140 millones de fianza al actual Ayuntamiento. Una historia que comenzó en 1989, cuando Pilar Rodríguez del Barrio, la hermana del anterior regidor socialista, Antonio Rodríguez del Barrio, compró una finca de 5.000 metros cuadrados en el casco urbano.

La finca, que lindaba con la del vecino José María Otero Antón, fue adquirida por 5,5 millones de pesetas. Por enmedio de la parcela, en los planos municipales, pasaba una calle de 10 metros de ancho. Dos meses después de comprar la finca, Pilar Rodríguez del Barrio la vendió por 10 millones de pesetas a la empresa Judema, SA.Sin embargo, en las normas urbanísticas de 1992, la calle que dividía la parcela desapareció y apareció justo por la finca de José María Otero. Según el actual alcalde, alguien falsificó los planos y desvió la calle. "Tenemos las pruebas. Una de las fichas del proyecto de urbanización fue manipulada. La calle que dividía la finca de Pilar Rodríguez del Barrio fue borrada con tipex y metida por la del vecino".

Empieza la marimorena

La empresa Judema, posiblemente ajena a todo esto, presentó entonces un proyecto de reparcelación y urbanización de la finca, que fue aprobado por el Ayuntamiento que presidía Rodríguez del Barrio. En 1992, la empresa Conytra, propiedad del edil socialista Benito Sotoca, compró la parcela a Judema. Y se dispuso a construir en ella 41 chalés. Para poder vender las viviendas necesitaba que se abriera la calle que ahora pasaba por la finca de Otero. Y se armó la marimorena.Otero se atrincheró con unos vecinos. Estaban dispuestos a rechazar las máquinas excavadores que el Ayuntamiento les enviaba. Sin embargo, los que aparecieron fueron los agentes antidisturbios, que abrieron la calle a mamporros. Otero denunció entonces a troche y moche.

Y llegaron las primeras consecuencias. Un juzgado ha pedido 140 millones de pesetas en concepto de fianza al actual Ayuntamiento. El alcalde ha respondido a la juez que no puede hacer frente a este importe porque en las arcas municipales "no hay ni un duro". "O sea, que no hay dinero, a no ser que se lleve una parte de nuestro agujero económico, cifrado en unos 5.000 millones de pesetas, que me dejó Rodríguez del Barrio. El anterior alcalde delinquió, y es un presunto delincuente y un mentiroso patológico. Vamos a actuar contra él para que se haga responsable de esta fianza", dice Acedo.

Por su parte, Rodríguez del Barrio responde: "Lo que tiene que hacer Acedo es dar la cara y defender al pueblo ante los tribunales. La denuncia no es por la historia de la calle, sino porque Otero denunció al arquitecto que le construyó la casa de su finca porque le falsificó una firma. El juez hace responsable civil subsidiario al Ayuntamiento. Estoy encantado con esta nueva querella. Me han puesto muchas y las he ganado todas en los juzgados de primera instancia y en el Supremo", dice el anterior regidor.

"Mentiroso patológico"

Por su parte, Acedo le responde que es "un mentiroso patológico" y que no ha ganado "ni un solo juicio de los que le han puesto". Por supuesto que tampoco se ponen de acuerdo en cuanto a la cuantía del déficit. Según Otero, el Ayuntamiento tiene un déficit de 5.000 millones. Según Rodríguez del Barrio, "le dejé 50 millones en caja y miles en patrimonio".Actualmente, la construcción de la calle está paralizada. Un juez ordenó parar las obras que realizaba el concejal socialista. Los chalés quedaron inacabados. Sotoca abandonó el grupo del PSOE y formó el grupo mixto, que apoya al actual alcalde del PP. La empresa de este edil pasa actualmente por apuros económicos, según Francisco Acedo, debido a la paralización de los trabajos de construcción de las 41 viviendas.

Un reciente pleno, para intentar dañar lo menos posible a los implicados, ha decidido reducir el ancho de la calle de 10 a 8 metros y meter el viario entre las dos fincas, la de Sotoca y la de Otero. Sin embargo, las espadas siguen levantadas. Todos aseguran haber actuado conforme a la ley.