Las perplejidades de una joven periodista
María José Ania Lafuente, de Barcelona, estudiante del último curso de Periodismo, ha planteado una serie de preguntas al Defensor del Lector sobre el tema de la información judicial. La estudiante, " en cualidad del lector", escribe: "Me refiero a algunas informaciones que se vierten a través de los medios de comunicación sobre los procesos judiciales en curso y a la relación de los profesionales de la información respecto a las fuentes, terreno éste donde parece haber de todo, desde filtraciones interesadas hasta tráfico de noticias, pasando por el constante acoso a que están sometidos algunos jueces por parte de los periodistas en su legítimo afán por obtener algún tipo de declaración".Se pregunta María José, entre otras cosas: "¿Quién determina la frontera entre la información que debe ser difundida y aquella que debe ser reservada por alguna u otra legítima razón?". Entiende que el periodista, por razones de su profesión, "está especialmente obligado a comunicar información veraz", pero se pregunta: "¿Las fuentes que usa son autorizadas, solventes y conocedoras de los límites que deben marcar la frontera de la publicidad que debe darse a las actuaciones judiciales? ¿Corresponde al periodista determinar la información publicable o ello es tarea y responsabilidad del poder judicial?".
Y la periodista-lectora apunta una posible solución concreta: "Un portavoz autorizado por el poder judicial a ejercer las funciones de fuente informativa para los medios". Y explica: "A mi entender, la figura de un portavoz judicial -en los diversos tribunales- que respondiera a los medios sobre lo que es publicable ( ... ) ayudaría a despejar las sombras que a menudo empañan la información periodística sobre los procesos judiciales". Y añade: "Ese supuesto portavoz no sólo contribuiría a facilitar la tarea informativa de los profesionales de la información ( ... ), sino que además podría servir de freno a filtraciones interesadas y demás argucias contrarias a la deontología de la profesión".
A María José le gustaría saber la opinión del Defensor del Lector al respecto, mientras teme que su carta peque de ingenua,
No creo, francamente, que se trate de una carta ingenua. La problemática que propone la joven estudiante de periodismo ha sido objeto siempre de sesudos congresos internacionales, sin contar que se trata de un tenia candente y delicado en este momento en nuestro país, y una tarea no fácil para nuestros informadores.
El Defensor del Lector ha comentado la carta con dos de los expertos en información judicial de esté diario: Paco Gor y Bonifacio, de la Cuadra. Y ésta ha sido su opinión: la oportunidad de la existencia de un "portavoz" oficial en las diversas instancias judiciales, que canalice y reglamente la información judicial con autoridad en medio de la jungla de informaciones muchas veces incontrolables, se lleva discutiendo desde el lejano 1983, cuando los socialistas llegaron. al poder, pero se alegó siempre falta de fondos. En realidad, la verdadera dificultad radica, según Gor, en el hecho de que tratándose de una materia tan dispersa y que atañe tan directamente al poder judicial se pensó que los mejores portavoces deberían ser los jueces mismos. Y quizá por ello la idea del portavoz haya quedado siempre aparcada.
Según Bonifacio de la Cuadra, la utilidad de tales portavoces consistiría más bien en la posibilidad de que los informadores pudieran tener las sentencias y otras resoluciones con inmediatez, ya que suponen un material de primera mano para la información a los ciudadanos. Y no sólo cuando se trata de sentencias contra políticos, sino también contra la Administración del Estado o en cuestiones sociales o de costumbres. Al parecer, por esta falta de un portavoz autorizado, muchas de dichas sentencias suelen llegar tardísimo al periodista.
Otra de las preguntas que plantea la estudiante de Barcelona es particularmente importante y compleja: ¿corresponde al periodista determinar la información publicable o ello es mas bien tarea y responsabilidad del poder judicial? Paco Gor no tiene dudas al respecto: la responsabilidad última es sólo del periodista o, naturalmente, del director del diario. E incluso en el caso de que un juez, faltando a su deber, filtre a un periodista información bajo secreto sumarial, la responsabilidad de tal irregularidad es sólo del juez y nunca del periodista, que tiene la obligación de información a la opinión pública. Otra cosa es que el periodista esté siempre obligado a dar tal información. Aquí sí entra su responsabilidad personal, su conciencia ética y la consideración de si tal información va a ser en provecho o no de la sociedad. Porque un juez podría en teoría, quebrantando su deontología profesional o incluso la ley, ofrecer datos secretos sumariales, por ejemplo, de un menor. Y el periodista puede pensar que debe ocultar tal información para no causar un daño a una persona indefensa.
Lo que no puede aceptar un diario es que sea una autoridad externa la que decida lo que puede o no puede publicar. Las censuras previas pertenecen sólo a las dictaduras. Sólo sobre lo ya publicado podrán intervenir los tribunales civiles o penales, o -donde existan- los órganos de control de los colegios de periodistas, pero nunca antes.
Sin duda, en el acto de informar sobre temas judiciales usando fuentes que a veces le llegan al periodista por canales secretos, un diario puede equivocarse. De ahí la importancia que tienen en un diario los controles internos, el sentido de responsabilidad y la conciencia ética.
Y son sólo los lectores quienes pueden juzgar mejor si un periódico trata con seriedad y objetividad una materia, tan vidriosa y delicada. ¿Con qué criterios? Jesús de Polanco, presidente del Grupo PRISA, al. que pertenece este diario, se comprometió días atrás al afirmar ante 50 directores de diarios internacionales que acudieron a Madrid con ocasión del 20º aniversario de EL PAÍS que "la confianza del público en un diario depende del rigor de sus informaciones, así como de la imparcialidad y la honestidad para reconocer los errores cometidos". Polanco dijo que los, lectores no pueden dejar de desconfiar de la información que ofrecen empresas periodísticas con ausencia de transparencia, con vacío de balances y cuentas de resultados públicas y auditadas, con juntas de accionistas que se celebran a puertas cerradas o de las que se desconocen sus auténticos propietarios.
A su vez, Anthony Sampson, consejero de The Guardian / Observer de Londres, insistió en que lo último que debe perder un diario es su "credibilidad", que debe cultivar a costa de cualquier sacrificio. Perdida la credibilidad, dijo, un diario lo ha perdido todo. Pero la confianza dé un lector en su diario es el resultado de un sinfín de cosas, entre las cuales no la menor es sin duda el valor de admitir el error cuando se haya producido.
Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector o telefonear al número (91) 337 78 36.
