Senado de Estados Unidos aprueba la ley que endurece el embargo a Cuba
La maquinaria legislativa destinada a reforzar el embargo norteamericano contra Cuba se puso, ayer en marcha, propulsada por el acuerdo al que llegaron la semana pasada el Congreso y la Casa Blanca tras el derribo de las avionetas del grupo anticastrista Hermanos al Rescate. El Senado aprobó por 74 votos a favor y 22 en contra la ley Helms-Burton, bautizada con los apellidos de sus patrocinadores en las dos Cámaras. El texto se someterá hoy a la aprobación de la Cámara de Representantes y la ley será después firmada por el presidente Bill Clinton, a pesar de la tormenta de críticas que ha provocado en Canadá, México y la Unión Europea (UE) y en destacados medios de comunicación en EE UU.
El capítulo mas polémico de la ley, al que la Casa Blanca y el Departamento de Estado se habían opuesto firmemente en el pasado, contempla la posibilidad de que los ciudadanos norteamericanos, incluidos los de origen cubano, que hayan sufrido algún proceso de expropiación en Cuba desde 1959 se querellen en los tribunales de EE UU contra las empresas extranjeras que operen desde las instalaciones o lugares en los que se encontraban las propiedades que se reclaman.Los ejecutivos de esas empresas no podrían entrar en EE UU, al ser acusados de "tráfico de propiedades expropiadas". La acusación incluye compras, ventas o mejoras de las propiedades. La ley amenaza también con sanciones a terceros países que comercien con Cuba.
El único elemento de cambio que la Casa Blanca introdujo en la negociación de la semana pasada fue la atribución presidencial de suspender semestralmente la entrada en vigor del polémico capítulo por razones de interés nacional. La primera vez que Clinton haría uso de esta atribución sería en el mes de agosto, pero la inmediatez de las elecciones podría impedirlo. Florida es el cuarto Estado en importancia, en votos electorales.
La cascada de protestas ha sido extraordinaria. El Gobierno de Canadá firmó ayer una declaración, junto a los 14 países miembros de la Comunidad- del Caribe, en la que expresa "el más firme rechazo a las provisiones extraterritoriales de la ley", que se considera incompatible con los principios de la legislación internacional y con la liberalización del comercio". La Unión Europea hizo llegar también ayer a Washington su protesta: "No podemos aceptar que Estados Unidos, a través de una legislación unilateral, determine y restrinja las relaciones económicas y comerciales entre terceros países y Cuba". Para el senador Helms, un republicano duro de los de la vieja escuela, todo eso son necedades y durante las dos horas y media de debate de ayer equiparó la actitud del Gobierno de Canadá con los esfuerzos apaciguadores de Neville Chamberlain ante Hitler. "Deberían estar avergonzados", tronó el presidente del comité de relaciones exteriores del Senado.
Sin embargo, en los medios de comunicación más influyentes de Estados Unidos se respaldan los argumentos de europeos y caribeños, también esgrimidos por congresistas demócratas contrarios a la ley, y se critica al presidente Clinton por respaldar una legislación que había amenazado con vetar.
Críticas de prensa
"Una mala ley sobre Cuba", editorializaba la semana pasada el diario The New York Times: "Tratar de obligar a otros países a que se unan al embargo es ofensivo para los aliados de Estados Unidos y de éxito improbable".The Wall Street Journal y The Washington Post se han sumado también a las críticas. Para el senador Christopher Dodd, la ley es "estúpida e imprudente", pero se ha hecho "imparable" por el acto de terrorismo de Cuba con las avionetas.
[Cuba reconoció anoche quela ley Helms-Burton, aprobada por el Senado, tendrá un "impacto" negativo sobre las futuras inversiones extranjeras en la isla, aunque también "multiplicará las contradicciones entre EE UU y otros países". El presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, afirmó que ahora "se pueden abrir decenas de miles de procesos judiciales" contra Cuba, pues la ley permite a ciudadanos de EEUU y también a cubano-americanos presentar demandas en las Cortes estadounidenses por las propiedades expropiadas a partir de 1959, informa Mauricio Vicent.
