Narcís Sem: "La juez pone las cosas en su sitio"
El ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra, dijo ayer en Barcelona que la decisión de la juez Ana Mercedes del Molino de archivar la causa "pone las cosas en su sitio" y prueba que el servicio de inteligencia no cometió ningún delito. Serra dijo que los que descalificaron al teniente general Emilio Alonso Manglano deberían disculparse y citó expresamente a los dirigentes del PP José María Aznar y Francisco Álvarez Cascos. Recordó también que CiU dijo que este caso era suficiente para retirar el apoyo al Gobierno.El auto de la juez Mercedes del Molino hace un detalladísimo estudio de toda la legislación aplicable al caso, desde la normativa preconstitucional hasta la actual legislación y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
A la luz de esa normativa, la juez recuerda que en 1982 el Cesid tenía entre sus misiones "oponerse al espionaje y a las actividades de los servicios de inteligencia extranjeros, que atenten contra la seguridad o los intereses nacionales, mediante su prevención, detección y neutralización dentro y fuera del territorio nacional".
Esta legislación guarda gran similitud con las de otros países de nuestro entorno, no obstante lo cual, la juez concluye que los funcionarios del Cesid, como el resto de los funcionarios de las administaciones públicas, "están sujetos a la ley y al Derecho". En suma, la legalidad es aplicable a las actuaciones desarrolladas por el Cesid dentro y fuera del territorio nacional.
Pero, tal como han proclamado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el derecho a la intimidad y los demás derechos fundamentales "no son absolutos y pueden ceder ante intereses constitucionalmente relevantes".
En ese sentido, la juez recuerda que el Tribunal Europeo dictaminó en el caso que las sociedades democráticas "se encuentran amenazadas por formas muy complejas de espionaje y por el terrorismo, de suerte que el Estado debe ser capaz, para combatir estas amenazas, de vigilar en secreto los elementos subversivos que operan en su territorio". El Tribunal Europeo, en dicha resolución, admitía que los poderes de vigilancia secreta sobre las comunicaciones son necesarios en una sociedad democrática para salvaguardar la seguridad, nacional.
