Los partidos rechazan la posibilidad de que sea el Congreso el que decida si se procesa a González
"Inoportuno", "prematuro" "absurdo", "sorprendente"... Éstos son algunos de los adjetivos con que los partidos rechazan debatir siquiera la hipotética aplicación del artículo 102 de la Constitución para que sea el Congreso el que decida si se procesa o no al presidente del Gobierno, Felipe González, como supuesto fundador de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Para Joaquín Almunia, portavoz del grupo Socialista, y Xabier Arizálluz, presidente del PNV, la cuestión principal es que el Tribunal Supremo decida si hay o no indicios de delito en González, el ex vicepresidente Narcís Serra, el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el miembro de la ejecutiva José María Benegas. Francisco Álvarez Cascos, secretario general del PP, recuerda que el trámite actual es el de si se continúa o no la instrucción del asunto, la investigación.
"Es un rapto de sentido común que también afecta a Álvarez Cascos, sin que sirva de precedente". Joaquín Almunia no se sustrajo a la ironía al enterarse de que el secretario general del PP, también sostiene que no es éste el momento de debatir siquiera la hipotética aplicación del artículo 102 de la Constitución, cuyo segundo punto establece: "Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo". Almunia no quiso pronunciarse sobre el contenido de las declaraciones del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Fernando Cotta, a propósito de que "muy posiblemente" tenga que ser -el Congreso el que determine si se juzga o no a González. Sin embargo, tachó de "muy inoportuno" suscitar ahora "una discusión doctrinal" sobre ello.Según él, cualquier debate al respecto estaría "vacío" y se agotaría "en sí mismo" cuando la cuestión principal es que el Supremo decida si aprecia o no indicios de delito en González, Serra, Barrionuevo y Benegas, un trabajo que ha de hacer "con rigor, tranquilidad y, a poder ser, rapidez". "Nósotros no debemos ni podemos caer en la trampa de dar por sentada la existencia de esos indicios", recalcó Almunia antes de mostrar su confianza en que los jueces lleguen a la conclusión de que no existen.
En cualquier caso, Almunia recordó que en febrero, meses antes de las acusaciones de Ricardo García Damborenea, ex secretario general de los socialistas vizcaínos, ya hubo personas, como Enrique Santaella, abogado de Mario, Conde, que hablaron del artículo 102, "un síntoma más de que las cosas no funcionan como debieran y de que los sumarios se instruyen más en los medios de comunicación que en los juzgados". "La sociedad", reflexionó, "asiste con estupor, angustia e indignación a una sucesión de acontecimientos que llegan al intento de chantajear a las instituciones democráticas, incluida la Justicia, y a no respetar las reglas del juego". A su vez, Francisco Álvarez Cascos estimó "prematura" la discusión y advirtió que puede generar "incertidumbres innecesarias" al basarse en "opiniones aventuradas". El dirigente. popular matizó -que el trámite en el Supremo es el de si se continúa o no la instrucción, la investigación, tras los indicios de delito encontrados por el juez Baltasar Garzón. "Eso", puntualizó, "no constituye ninguna acusación concreta". Cascos, que concluyó que el artículo 102 está para defender el sistema democrático de la figura genérica del "golpe de Estado", hizo un llamamiento a todos los poderes institucionales para que "asuman sus responsabilidades y ejerzan sus funciones".
Mariano Santiso, coordinador de la Presidencia de IU, consideró precisamente que el legislativo no puede asumir las del judicial. Xabier Arzalluz dijo que "difícilmente" pondrá "en el disparadero" a González si la acusación sólo se basa en Damborenea y Sancristóbal, "sin crédito".
