El juez Cotta sugiere que el Supremo dejará la actuación contra González en manos del Congreso
El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Fernando Cotta, declaró ayer que "muy posiblemente" se tendrá que aplicar el artículo 102 de la Constitución para que sea el Congreso el que determine si Felipe González puede estar implicado en el caso GAL. El citado artículo establece un sistema de impeachment para exigir la responsabilidad criminal del presidente, que sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y aprobada por mayoría absoluta. Izquierda Unida se opone a su aplicación porque considera que su eventual rechazo se convertiría en una ley de punto final encubierta. El PMV cree prematura la iniciativa, mientras que el PP guarda silencio.
El magistrado Fernando Cotta manifestó, en declaraciones a la cadena SER, que el Supremo está estudiando el artículo 102 de la Constitución "'porque muy posiblemente se tenga que aplicar" en el caso GAL. El juez entiende que, aunque el precepto no se ha aplicado nunca, no es "disparatado que pueda aplicarse ahora". El magistrado Cotta aseguró que el Supremo no recibe presiones del ejecutivo para que se tramiten las diligencias con rapidez: "En el Supremo no se reciben presiones, de eso puede estar seguro el pueblo, soberano".El primer párrafo del artículo 102 establece: "La responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Suprenio". El segundo, el que debate el Supremo, dice: "Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo". El tercero dispone: "La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo".
"Auto de procesamiento"
Fuentes del Supremo indica ron que el problema deriva del enfoque que Baltasar Garzón ha dado al documento envía do al tribunal. Según dichas fuentes, más que una "exposición motivada", limitada a los datos de la investigación y la existencia de indicios, Garzón elevó un documento "con todo el aire de un auto de procesamiento, en el que califica los hechos y acusa al presidente de un delito de promoción de banda armada". Fuentes jurídicas recogidas por Efe aseguraron ayer que el juez Garzón ha remitido al Supremo nuevos documentos que completan la citada exposición motivada.El delito contra la seguridad del Estado ha suscitado el debate en la Sala Segunda, aunque la hipótesis del envío de la exposición de Garzón al Congreso es, según fuentes del Supremo, "prematura".
En cualquier caso, el procedimiento del 102.2 también sería aplicable a los ministros, al tratarse de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones", y según algunas opiniones, incluiría a José Barrionuevo, ya que su supuesta implicación en el secuestró de Segundo Marey sería un delito cometido por funcionario público.Otra posibilidad, al margen del 102, sería enviar a las Cortes los correspondientes suplicatorios. En ese caso, el Supremo podría instruir "de forma escalonada hacia arriba" para comprobar si de las declaraciones de los ministros surgen implicaciones para el presidente.El Supremo remitíó ayer la exposición del juez Baltasar Garzón a la fiscalía, que ha designado a Emilio Vez Pazos para redactar el informe. Emilio Vez, próximo al Opus Dei, trabajará bajo la supervisión del fiscal del Estado, Carlos Granados.
Perdón encubierto
Mientras que magistrados y fiscales dudan sobre la aplicación del 102.2, Mariano Santiso (IU) rechaza esta vía penal. Según Santiso, una cosa es atentar contra la seguridad del Estado y otra distinta cometer terrorismo de Estado. "En mi opinión, no se puede seguir ese procedimiento, porque sería tan simple como que el Parlamento tendría 350 jueces y por mayoría o minoría se decidiría si uno es culpable o inocente. Ello conduciría a una ley de punto final encubierta", afirmó.El catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo declaró que la sugerencia de Cotta "es un disparate, que sigue con el disparate que se ha hecho con este tema". "Al Supremo se le ha puesto ante una posición disparatada y están considerando posibilidades que también lo son". Un portavoz del Partido Nacionalista Vasco citado sin identificar por Europa Press consideró "prematura" y "cogida por los pelos" la propuesta. Para este partido; después de la avalancha de críticas que Cotta ha recibido por ser un juez proveniente del franquismo "igual quiere pasar la patata caliente al Congreso de los Diputados".Fuentes de la Fiscalía del Supremo recogidas por la agencia Efe señalaron que el procedimiento para la aplicación del artículo 102.2 de la Constitución, según se recoge en un tomo sobre. Derecho Procesal Penal escrito, entre otros, por el magistrado del Tribunal Constitucional Vicente Gimeno Sendra, exige que la acusación contra el jefe del Ejecutivo por delitos contra la seguridad del Estado sea pedida por una cuarta parte del Congreso de los Diputados, que tendrían que personarse ante el Supremo para ejercer la acusación después de conseguir el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara.
