Protección de Datos detectará las filtraciones ilegales del censo electoral

El censo electoral que se distribuya a los partidos políticos, a partir de las próximas elecciones, llevará una marca identificativa, que permitirá a la Agencia de Protección de Datos descubrir y sancionar a quienes lo filtren con fines lucrativos a empresas de márketing y venta directa. La Agencia presento ayer su primer catálogo de 221.486 ficheros, el 90%, privados. En septiembre iniciará una inspección de los ficheros relacionados con la salud. Además está regulando con Interior el uso de los policiales.

Los montones de folletos publicitarios que inundan el buzón de cualquier ciudadano quedarán, según el director de la Agencia de Protección de Datos, Juan Martín Casallo, bastante reducidos en cuanto empiece a funcionar el nuevo mecanismo de la Agencia para detectar a los partidos políticos que filtren los censos a empresas. El uso ilegal de datos personales puede acarrear multas de hasta 100 millones de pesetas.Protección de Datos publicó ayer el primer catálogo oficial de ficheros. Incluye 221.486, de los cuales 198.336 corresponden a empresas privadas y 23.150 a organismos públicos. Martín Casallo estiina que se han registrado ya un 70% de las empresas, aunque matiza que es difícil conocer con exactitud el grado de incumplimiento.

También faltan por registrar algunos organismos públicos, entre ellos las comunidades de Castilla-León, Castilla-La Mancha o la Generalitat de Cataluña, "no por falta de voluntad, sino porque no llegó a tiempo la inscripción, o por problemas con la tramitación de la norma", explica Martín Casallo.

Ficheros de salud

En septiembre comenzará la campaña de inspección de los ficheros que contengan datos relacionados con la salud de los ciudadanos, en hospitales públicos y clínicas privadas. "Los datos de salud se encuentran entre los más delicados, y queremos tenerlos lo más controlados posible", dice Martín Casallo.

En colaboración con la Secretaría de Interior, se está llevando a cabo la adaptación de los ficheros policiales a la Ley Orgánica de Regulación y Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (1992) al amparo de la cual nació la Agencia.

"Se trata de armonizar el derecho a la intimidad con la seguridad del Estado", dice Martín Casallo, "Se trabaja en delimitar en qué casos y durante cuánto tiempo pueden las fuerzas de seguridad hacer uso de datos sensibles, como la vida sexual o el origen racial de lai3 personas, aunque normalmente estos datos se usan sólo cuando están relacionados con el delito que se investiga. Es inevitable, por ejemplo, tener que registrar un dato de orientación sexual cuando se investiga a un violador", añade.

La agencia no ha recibido ninguna denuncia por inclusión indebida en ficheros policiales, aunque sí se han detectado en ellos errores administrativos y de concepto.

Casallo insiste en que la defensa del derecho a la intimidad es intransferible. Por ello, la Agencia ha difundido un folleto publicitario para informar a los ciudadanos de cómo defender este derecho. Para ello ha contado con la colaboración de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a través. de la revista Compra Maestra.

Quiso dejar claro que el consentimiento tácito del cliente, que utilizan muchas empresas para transferir datos de sus clientes, siempre es revocable, aunque haya pasado el plazo de tiempo que la entidad concede a su cliente para negarse a dar el consentimiento.

También advirtió que, una vez dado el primer paso de editar el catálogo de ficheros, el ciudadano que sepa que está incluido en cualquier base de datos puede exigir ver sus datos, rectificarlos e incluso cancelarlos, y, caso de que se le denegara, recurrir a la Agencia para denunciarlo.

Pero Martín Casello puntualiza que la única persona que puede hacerlo es el propio afectado; en ningún caso se puede delegar esta función en otra persona, ni siquiera en el cónyuge o los padres.