Llega Barbero

POR FIN el juez Marino Barbero ha puesto punto y aparte -aún faltan meses para el punto final- a sus abreviadas diligencias. Siguiendo el hilo conductor de los 18.000 folios, podría dibujarse el camino que siguieron los cerca de m il millones de pesetas que algunos bancos y otras empresas importantes donaron al PSOE en 1989. Las donaciones privadas a las fuerzas políticas son legales, pero la ley de financiación de los partidos políticos establece una serie de requisitos y limitaciones. A fin de esquivar esos condicionantes, el principal de los cuales es que una misma empresa o persona no podrá realizar donaciones cuyo importe supere los 10 millones de pesetas en un mismo año, el PSOE recurrió a una ficción consistente en justificar esas donaciones como si fueran el pago por unos supuestos informes económicos. A tal fin creó unas empresas (Filesa, Time Export) que recibían el importe de los supuestos informes, con el que a su vez pagaron gastos de la campaña electoral del PSOE, desde propaganda hasta alquileres de locales.Todo esto era más o menos conocido por la opinión pública desde el momento en que estalló el escándalo, en 1991, y ya sin sombra de duda desde marzo de 1993, a raíz de la difusión del dictamen de la Inspección de Hacienda. Ahora, cuatro años y 18.000 folios después, tras ardua y accidentada investigación, el juez Marino Barbero ha llegado a esa misma conclusión y elaborado una lista de 39 posibles imputados.

El auto por el que el juez comunica a las partes las conclusiones a las que ha llegado consta de dos grandes apartados. En el primero justifica, en términos a veces melodramáticos, las razones de su retraso. En el segundo desmenuza la participación en la ficción de sus distintos actores: el PSOE; las empresas que pagaron; los proveedores; el tinglado de empresas que actuaban como tapadera de la financiación irregular. Los supuestos delitos serían de asociación ilegal; contra la Hacienda pública; de falsedad en documento mercantil, y, por, último, electoral... Así, para ocultar un eventual delito relacionado con las donaciones privadas se cometieron, presuntamente, cuatro. Ese es por ahora, y aparte del inmenso descrédito político, el resultado del ingenioso montaje de los socialistas,

La autoexculpación de su lentitud por parte de Barbero se presta al sarcasmo, tanto por la minuciosidad con que describe sus condiciones materiales de trabajo como por el dramatismo con que resalta la excepcionalidad y dificultad del sumario con que ha lidiado. Pero el sarcasmo no debería hacer olvidar que los socialistas siguieron desde el primer momento una línea que, partiendo de la negación de la evidencia, incluía prácticas obstruccionistas tan inauditas como la de pretender que el Parlamento se opusiera a la investigación.

Aunque todavía no pueda hablarse de inculpación formal, ya se sabe que, en lo referente a los socialistas, las imputaciones no llegan más arriba de Guillermo Galeote, convertido por su partido en chivo expiatorio. El intento de implicar a Alfonso Guerra por un supuesto delito electoral no prosperó, al considerar el Tribunal Supremo que la condición de coordinador político de la campaña que ostentaba Guerra no era equivalente a la de administrador general de la misma, a que alude la ley electoral. Pero si ello es un argumento válido desde la perspectiva penal, sigue abierta la cuestión de si las responsabilidades políticas por la financiación irregular de_un partido se agotanen el encargado de finanzas del mismo.

Lo más discutible de la instrucción de Barbero es tal vez la consideración, de entrada, como imputados de los directivos de los bancos y otras compañías que dieron el dinero. Su culpabilidad sería evidente si hubiera indicios de que intentaron sobornar al poder político a cambio de alguna contraprestación, pero nada de esto ha aparecido, ni parece verosímil.

Es más lógico pensar en un requerimiento que, viniendo del partido del Gobierno, tenía mucho más de chantaje, o al menos de presión que en un intento de soborno. Ceder a esa presión podrá merecer un reproche moral y tal vez penal, en relación a la legislación sobre donaciones; pero no se entiende que eso pueda considerarse apropiación indebida: concepto que parece más exacto si se aplica a las prácticas de algunos famosos financieros que se enriquecieron a la vez que arruinaban a sus bancos. Sería bien paradójico que por esta vía se crease la impresión de que los gestores honrados y los otros vienen a ser lo mismo.