El cónyuge condenado por impago de pensión familiar deberá indemnizar al otro

El próximo Código Penal establecerá "la responsabilidad civil del cónyuge incumplidor" -o sea el abono de indemnización- por el impago de pensión familiar, afirmó ayer la secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, en la apertura del II Encuentro de la Asociación Española de Abogados de Familia, bajo el lema Cuestiones derivadas de los pleitos de familia. El proyecto de Código Penal prevé sustituir la pena de cárcel por multa adaptada a la situación económica del condenado, y una enmienda socialista fija además arrestos de fin de semana.

El hecho de que ingrese en prisión el cónyuge condenado por abandono de familia no resuelve el problema económico del cónyuge perjudicado o de los hijos. El anuncio hecho ayer por la secretaria de Estado de. Justicia va en el sentido de la enmienda propuesta -con fecha de 6 de marzo- por el Grupo Socialista al artículo 218 del proyecto de Código Penal, que prevé añadir a multas de seis a 24 meses -según la situación económica del condenado- "la pena de arresto de ocho a 20 fines de semana" y "el pago de las cuantías adecuadas" para reparar el "daño procedente del delito".El abandono de familia estaba ayer en boca de los reunidos. "En derecho de familia todos los problemas se enconan, porque son urgentes", dice el presidente de la Asociación de Abogados de Familia, Luis Zarraluqui. "En impagos, se necesita mayor rapidez en la oficina judicial, porque desde que alguien deja de pagar hasta que se llega por ejemplo al embargo pueden pasar meses. Ya veríamos lo que ocurría si a quien no paga se le quitara la tele el día del partido, y no cuando ya ha acabado la Liga. De sobra sabemos que la ley no puede solucionarlo todo, porque también es verdad que la mujer que se casa con un indeseable también se divorcia de un indeseable. Pero todo lo que agilice los procedimientos será eficaz. Y hay que lograr que el juez vea en persona a las partes, como en lo laboral y en lo penal".

Padres Separados

"Desde que en 1989 se empezó a llevar a lo penal los casos de impago, cuya gravedad pone a veces a las familias al borde de la inanición", dice María José Varela, que presentó una ponencia sobre Las sanciones penales por el incumplimiento de medidas y efectos, "se ha constatado la eficacia, aunque no contamos con estadísticas de cuántos pagan o no".

El pasado martes la Federación de Padres Separados anunció que pedirá la dimisión, entre otros, del ministro de Hacienda y la secretaria de Estado de Justicia por la enmienda socialista que plantea los arrestos de fin de semana". "Decir que las ex mujeres son parásitas, pedir pagar pensiones por dos anos y que a partir de ahí los pagos repercutan en el Estado", dice Varela, "me parece que siembra confusión y responde a arrebatos de irresponsabilidad. El condenado no forzosamente es el hombre. La ley trata de favorecer a quien lo necesita, que en general es la mujer o los hijos menores".

Tanto la secretaria de Justicia como los abogados apuestan por imprimir celeridad a los trámites. "La disolución del matrimonio", dice Fernández de la Vega, "debe solucionarse en sólo dos procesos, uno ordinario y otro abreviado. La justicia ha pasado a ser un servicio público, y debe prestarse con calidad, igualdad, rapidez y eficacia. Ese es el espíritu del borrador de proyecto de Reforma del Procedimiento Civil". "A estas alturas de la Ley de Divorcio, podemos ya ver cosas que pueden reformarse", dice Angela Cerrillos, una de las directoras del Encuentro. "Es bueno que el proyecto del Gobierno apunte a conseguir un divorcio sin pasar por la separación, pero hay que ampliar la protección de los hijos y acelerar todo el sistema".

Luis Zarraluqui prometió ayer a Fernández de la Vega, en los pasillos del Encuentro, enviar a Justicia unas correcciones al proyecto. "Por ejemplo", concretó a este periódico, "no es lógico que sean los jueces quienes tengan que controlar los pagos, porque entonces tendrían que comprobar hasta el último ticket del supermercado, lo que bloquearía la Administración de Justicia. Otro error es que el juez pueda fijar de oficio una pensión a los hijos mayores de 18 años: ¿qué cantidad, con qué criterio?, ¿con el consentimiento o no del hijo?".

Fernández de la Vega afirmó ayer a este periódico que, pese a recientes pronunciamientos de destacados personajes, "no hay nada nuevo" sobre la ley del aborto. De la eutanasia señaló: "Es tema muy delicado, requiere mayor debate social. El debate permitiría marcar ritmos".