Registro en la empresa de 'El Observador', que recibió dinero de De la Rosa
La policía judicial registró ayer la sede de la empresa Coterma, sociedad que recibió más de 700 millones de pesetas de Grand Tibidabo, por orden del juez Joaquín Aguirre, instructor del caso De la Rosa. Durante el registro, en la calle Consell de Cent de Barcelona, los funcionarios policiales se incautaron de abundante documentación de la empresa, accionista del diario nacionalista El Observador y cuyo administrador único era Armand Carabén, quien ocupó la presidencia del mencionado rotativo hasta el año 1993.Diversas empresas relacionadas con El Oservador recibieron créditos y obligaciones convertibles de Grand Tibidabo durante la gestión de Javier de la Rosa, por un importe que podría superar los 1.000 millones de pesetas, según diversas fuentes consultadas. Asimismo, Coterma recibió 210 millones de pesetas en concepto de comisión por la venta de la sede del CNL (antiguo nombre de Grand Tibidabo) a la Generalitat de Cataluña por 4.200 millones de pesetas.
Lluís Prenafeta, promotor de El Observador, y Joan Piqué Vidal, abogado de De la Rosa, utilizaron las obligaciones convertibles de Grand Tibidabo para obtener financiación bancaria. Las fuentes consultadas no. descartaron que en los próximos días se produzcan citaciones de nuevos inculpados en el caso en relación con las operaciones relacionadas con el desvío de dinero hacia el diario nacionalista.
La Audiencia de Barcelona dictó que los abogados defensores de De la Rosa deben tener acceso a los informes del fiscal. Asimismo, la Audiencia se opuso a la concesión de la libertad para el financiero encarcelado.
Negativa a las entrevistas
Por otra parte, Antoni Isac, consejero de Justicia de la Generalitat, aseguró ayer que su departamento no autorizará entrevistas en prisión a De la Rosa, a pesar de tratarse de una situación similar al caso del ex director general de la Seguridad del estado, Julián Sancristóbal.
"En situaciones similares, nosotros pensamos de forma diferente", dijo Isac. "La competencia de la determinación del regimen es exclusvia del departamento de Justicia y ante dudas, siempre se ha consultado con el juez de vigilancia penitenciaria, en casos de reclusos penados, y con el juez instructor para internos preventivos", añadió.
El juez Aguirre ha enviado un fax a la dirección general de Servicios Penitenciarios a de la Generalitat en la que se indica que este organismo no puede conceder entrevistas y le debe notificar a él como juez instructor las solicitudes que haya para entrevistar al financiero, tal como establece el artículo 524 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El presidente del grupo parlamentaria de IC, Joan Saura, acusó ayer al gobierno de la Generalitat de incumplir su compromiso de explicar ante el Parlamento catalán sus vínculos con las empresas de De la Rosa.
