Urbanismo contra vivienda en Madrid

El enfrentamiento que se está produciendo entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital a propósito de la calificación de una serie de terrenos situados en la periferia madrileña tiene una trascendencia y un sentido que sobrepasa el carácter de mera disputa política o de competencias con el que se presenta. La repercusión de la propuesta municipal y el carácter ejemplificador del urbanismo madrileño a lo largo de la reciente historia urbana española ratifican ese interés del tema.El punto de partida es la elevada necesidad de vivienda, que contrasta con la debilidad del incremento de la población, que en poco tiempo puede llegar a estabilizarse. Este desajuste se produce por la 'reducción del tamaño medio familiar, a lo que contribuye la llegada a la edad de emancipación de las generaciones más numerosas de la historia madrileña, el envejecimiento general de la población, la reducción de la fecundidad y los cambios en las formas familiares, con el progresivo incremento de los que viven solos.

Esta situación exige una mayor ocupación de las viviendas existentes y un incremento de la construcción anual de nuevas viviendas en los próximos años, que se sitúa por encima del 30%. Con ello se conseguiría únicamente estabilizar la edad media de emancipación, que ha pasado de 25 años en 1981 a los 28 años en la actualidad.

La nueva necesidad de vivienda proviene mayoritariamente de hogares jóvenes, con una débil capacidad económica, afectados por la precariedad de los empleos y por la elevada tasa de paro que experimentan. En ese hogar en el que trabajan los dos cónyuges, la totalidad de los ahorros y el sueldo entero de uno de ellos irá destinado a adquirir la vivienda, aunque antes pasarán algún tiempo en uno de los escasos pisos de alquiler que existen.

Pero no se trata sólo de rellenar un número de necesidades a cualquier precio y en cualquier lugar, sino de crear nuevos espacios residenciales adapta dos a las formas de vida presentes y futuras de los habitantes de esta ciudad que mejoren las condiciones existentes en la actualidad, con unas infraestructuras y un entorno adecuados, en el que se puedan integrar los diferentes grupos sociales que conviven en la ciudad. Los nuevos espacios urbanos deben además producir una reestructuración social, económica y de calidad residencial del conjunto de la ciudad, de lo contrario ' volveríamos a repetir la triste historia urbanística de los años, sesenta, que fomentaron una ciudad socialmente fraccionada y con una calidad estética y residencial muy escasa, con densidades aberrantes y con una notable carencia de equipamiento e infraestructura.

Por desgracia, la urbanización de estos nuevos espacios parece concebirse con demasiada frecuencia por los poderes públicos como una máquina de hacer dinero, con la que se ha financiado una buena parte de los gastos de los partidos políticos mayoritarios, y de la que. han dimanado la mayor parte de los casos de corrupción, habiendo servido en ocasiones como, fuente de financiación complementaria del déficit presupuestario local, provocado en parte por operaciones de dudosa utilidad. La resultante ha sido una elevación de los precios del suelo, cuyo mantenimiento no tiene ningún sentido, siendo los principales perjudicados los hogares jóvenes que tratan de acceder a la primera vivienda y que se ven conminados a pagar unos precios muy elevados como pago de su independencia.

El problema de la propuesta de desarrollo urbano que plantea el Ayuntamiento de Madrid es que en ella no tienen cabida estos hogares de rentas más bajas, al quedar excluidas las viviendas de promoción pública o de protección oficial, aumentando las tendencias de polaridad social y potenciando el consiguiente riesgo de conflictos que se genera por la aparición de nuevos espacios de segregación.

El argumento que hubiera justificado una intervención masiva y rápida sobre el suelo no urbanizable como la que se presenta queda descalificado por sí mismo al no darse cabida a los hogares con rentas más escasas. Frente a esta contradicción se ha llegado a argumentar que la vivienda social corresponde a la Comunidad y el urbanismo al Ayuntamiento, el cual lo plantea como una operación equilibrada, cuando no rentable.

La alternativa provendría de un plan territorial en el que se detallaran los espacios de expansión residencial idóneos, pero el retraso por parte de la Comunidad en su confección contribuye a una falta de visión alternativa a esas propuestas.

Si no se da una coordinación bien precisa entre las distintas administraciones y unos objetivos claros de resolver el problema de alojamiento que se les plantea a los madrileños, nos vamos a encontrar con una, nueva crisis residencial más dura que las conocidas hasta ahora.