Paro en la capital uruguaya contra la represión de las manifestaciones de apoyo a los etarras
Convocada por el Plenario Intersindical Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), la principal central sindical, Uruguay vivió ayer una jornada de duelo y paro secundada, fundamentalmente y de forma desigual, por empresas y servicios públicos. El motivo del paro era la protesta por los incidentes que rodearon la extradición de tres etarras, con un saldo provisional de dos muertos, 80 heridos (seis de bala) y 28 detenidos. El Ministerio de Defensa clausuró por 48 horas tres emisoras, afines a los tupamaros y otros grupos de izquierda, acusadas de instigar a la violencia.
Alejandro Font, de 18 años, falleció ayer en el Hospital Militar Montevideo, donde permanecía en coma con dos balas alojadas el cerebro. Con la muerte de Font son ya dos los fallecidos en los disturbios ocasionados por las protestas contra la extradición de los tres etarras. La muerte de una tercera persona, Roberto Facal, 28 años, asesinado a cuchilladas cerca del lugar donde se produjeron las cargas de las Fuerzas Seguridad uruguayas, parece estar relacionada con un crimen pasional sin relación con las protestas. La primera de las víctimas, Alvaro Morroni, fue enterrada ayer.
El paro se limitó a la capital del país, Montevideo, sobre todo transporte, aunque no en su totalidad, y las escuelas; mientras que el comercio abrió sus puertas.
La dimisión del ministro del Interior, Ángel Maria Gianola, la PIT-CNT imputa la principal responsabilidad, fue solicitada también por el opositor Frente Amplio, tercera fuerza política. "Únicamente dimitiré si me pide el presidente, Luis Alberto Lacalle", precisó el ministro.
Comentaristas locales lamentaron que el titular de Interior, que denunció la existencia de grupos de civiles armados entre los manifestantes, no acertara a realizar un traslado disimulado desde el hospital Filtro, donde estaban ingresados, hasta el avión de las Fuerzas Aéreas españolas en la base militar de Carrasco, a 16 kilómetros de Montevideo.
Tampoco tuvo éxito en adopción de medidas precautorias para eludir un choque frontal entre policías y manifestantes, ni en la elección del hospital para alojar a los etarras; demasiado céntrico con accesos de difícil control.
El senador de HB José Luis Elkoro criticó en Montevideo, por su parte, la expulsión de su compañero Jon Idígoras, quien había insinuado que el presidente Luis Alberto Lacalle aprobó la extradición a cambio de ambulancias o créditos. Idígoras viajó el jueves por la noche a Buenos Aires (Argentina), hacia España.
Por otra parte, Amnistía Internacional se dirigió ayer al Gobierno uruguayo para saber si la extradición de los tres etarras se había hecho con suficientes garantías. La organización internacional pidió que los extraditados fueran puestos inmediatamente a disposición de la Audiencia Nacional, sin que permanecieran incomunicados ni pasaran por de pendencias policiales. Asimismo exigió que los activistas recibieran la atención médica necesaria.
El embajador uruguayo en Madrid volvió a recibir ayer amenazas de muerte que le exigían que abandonase España en el plazo de 48 horas, según fuentes diplomáticas uruguayas.
