La oposición dominicana pide calma tras la proclamación del triunfo de Balaguer
ENVIADA ESPECIALUna atmósfera es se ha adueñado de la República Dominicana después de que la Junta Central Electoral declarara el martes a Joaquín Balaguer, de 87 años y actual presidente del país, ganador de las polémicas elecciones celebradas el pasado 16 de mayo. La junta se ha aferrado a los 22.000 votos que, según cómputos oficiales, separan a Balaguer del socialdemócrata José Francisco Peña, dando así carpetazo a las numerosas denuncias de irregularidades. Peña ha pedido calma a sus seguidores, pero los primeros brotes de violencia han provocado ya un muerto. Estados Unidos ha pedido con contundencia la repetición de los comicios.
Corrían las cuatro de la tarde del martes (10. 00 de la noche en España) cuando asomó la fumata negra encarnada en los cinco magistrados electorales. El país esperaba este momento desde hacía dos meses y 16 días. A esa hora, Manuel García Lizardo, presidente de la junta, abrió la puerta de la jefatura del Estado a Balaguer, que se encamina, ciego y con sus facultades físicas mermadas, aunque perfectamente lúcido, hacia su sexto mandato.En su primera declaración tras el anuncio de su triunfo, Balaguer defendió anoche el "patriotismo y entereza" de los integrantes de la junta y añadió: "Pido la satisfacción de todos mis compatriotas por este paso de avance que ha dado el país en defensa de la soberanía y del futuro democrático".
Sólo uno de los jueces estampó su firma "bajo reserva", por considerar que las irregularidades detectadas motivaban una "impugnación general" de las elecciones.
La junta ha resuelto así las denuncias que se fueron amontonando en su mesa y que obligaron a la suspensión inicial del cómputo. Exactamente 22.281 votos son, según los magistrados, los que separan a Balaguer, líder del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), de Peña, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Este estrecho margen no hace sino complicar aún más la situación, dado que queda incluso por debajo del número comprobado de "afectados" por las irregularidades: entre 28.000 y 45.000 electores que, según la llamada Comisión de Verificación, un comité independiente aceptado por todos los partidos, no pudieron ejercer su derecho al voto. Esta misma comisión, que emitió su dictamen a mediados de julio, ratificó la duplicidad de padrones electorales y la existencia de una media de 20 suplantaciones de votantes en las 1.468 mesas que revisaron.
La magnitud de las irregularidades llevó a algunas juntas electorales locales a anular los comicios. Tales fueron los casos del Distrito Nacional (área capitalina), que concentra el 30% del voto, y de los municipios de Comendador y San José de las Matas.
La Junta Electoral Central, sin embargo, es quien por ley tiene la última palabra. Su resolución cierra aparentemente un capítulo, pero abre otro más grave: el de la incertidumbre política.
El PRD, que en todo este tiempo no ha dejado de denunciar "un fraude colosal", reiteró ayer que nunca reconocería el triunfo de Balaguer en estas circunstancias. Momentos después de conocerse el fallo, Peña se dirigió al país por radio. "No es ninguna sorpresa, todo estaba muy tramado", dijo. La cúpula del partido se encerró ayer para estudiar la situación, aunque algunos miembros han adelantado que seguirán luchando en el Congreso Nacional, que debe proclamar oficialmente a Balaguer en los próximos días, y en los tribunales. "La crisis sólo se resolverá con nuevas elecciones y con una junta electoral nueva y decente", tronó ayer el secretario general, Hatuey de Camps.
La primera reacción internacional llegó desde Washington. Y no pudo ser más contundente. El portavoz del Departamento de Estado, Michael McCurry, expresó sin recato que su Gobierno lamentaba el fallo del tribunal: "EE UU opina que se deben celebrar nuevas elecciones y exhorta a las autoridades dominicanas a que den los pasos necesarios en ese sentido".
El acceso de Balaguer a la presidencia en estas circunstancias, según el Gobierno estadounidense, no facilitará precisamente la fluidez de las relaciones entre ambos países. La dura reacción de EE UU es sorprendente si se tiene en cuenta que la crisis que vive el vecino Haití obliga a una estrecha colaboración de Washington con el Gobierno dominicano.
El tortuoso proceso iniciado el 16 de mayo no parece tener fin. Los primeros incidentes violentos se produjeron nada más conocerse el fallo. En el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo los manifestantes se enfrenta ron a pedradas con la policía, mientras en algunos barrios de la capital los vecinos quemaban neumáticos.
En la sede del PRD, unos disparos, supuestamente efectuados por la policía, dispersaban a centenares de personas que se habían concentrado en un ambiente de crispación. Momentos antes, la multitud había golpeado a un policía de paisano que fue descubierto en los locales del partido. Al terminar la jornada, una persona había muerto y otra estaba herida de consideración.
