100.000 pequeños inversores se quedan sin cobrar sus bonos y obligaciones en las empresas en crisis
El impago de bonos y obligaciones en la fecha del vencimiento ha supuesto un duro revés para el ahorro de 100.000 familias españolas. Son los pequeños accionistas y obligacionistas de empresas y corporaciones en la crisis como Papelera Española, Torras, Intra, Grand Tibidabo, Ercros, Macosa y Prima, entre otras, que se han quedado sin cobrar. Algunas juntas celebradas estos últimos días han testimoniado la colisión entre quienes ostentan el control de la empresa y la gran masa de minoritarios. Los pequeños ahorradores no creen en la eficacia de la justicia ni en la vigilancia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El ejercicio de su derecho al pataleo sustituye a las demandas.
La declaración de quiebra necesaria de Papelera Española confirma la tremenda dificultad que encuentran los obligacionistas para cobrar sus títulos cuando la empresa emisora atraviesa dificultades. Esta sociedad reconvirtió casi 4.000 millones de letras en obligaciones con garantía hipotecaria, pero ahora la empresa intenta "despojar los títulos de esta garantía, con lo que diluye la posibilidad de cobrar el 50% de los valores invertidos tal como se pactó en el convenio de la suspensión", explica un acreedor.Las emisiones de Papelera Española -al igual que las de Corporación Intra- fueron colocadas entre ahorradores particulares por la firma financiera Athos, sujeta a una investigación judicial por presunta estafa. Las obligaciones que intermedió Athos entre particulares -más de 30.000 millones en activos de diferentes compañías- nunca fueron retribuidas a los correspondientes vencimientos.
Insolvencia definitiva
La insolvencia definitiva del grupo Torras, decretada por un juez, ha dejado también a 2.520 bonistas pendientes de cobrar 8.000 millones de pesetas. Por su parte, Prima Inmobiliaria -filial del holding español de KIO- ha propuesto la devolución de sus préstamos convirtiendo en capital el 50% de las deudas y en títulos participativos (nuevos bonos) el restante 50%, según consta en un requerimiento de la empresa a los acreedores realizado el pasado 7 de julio.En el caso de la compañía Ercros, una emisión de letras con garantía hipotecaria de su antigua filial Ertoil -vendida al grupo Cepsa- no fue atendida al vencimiento, al encontrarse la empresa química en suspensión de pagos. Ahora, los obligacionistas reclaman, sin ningún éxito, a la empresa petrolera que se quedó con Ertoil.
El ejemplo de Ercros acentúa la indefensión de los obligacionistas, que no consiguen cobrar deudas garantizadas por activos que fueron vendidos a otras empresas. "La impunidad de los deudores en muchos casos de supensión se debe a las lagunas jurídicas del marco legal existente", según las opiniones coincidentes del abogado Joan Brosa y de Álvaro Espina, asesor de la Secretaría de Estado de Economía y autor de un estudio reciente sobre las consecuencias económicas de los procesos concursales.
Ricardo Bolufer, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), considera que el problema que afecta a los pequeños acreedorees sólo se "solucionará con un decreto que exija criterios uniformes a las empresas que se declaran en suspensión".
