Agua: justicia y solidaridad
A nadie se le escapa que el agua ha sido, es y será un elemento imprescindible en la historia del hombre. Su presencia en el ámbito espiritual de las primeras civilizaciones no era sino un canto a la vida, el prólogo de una novela interminable tan real como el devenir de los siglos. La imparable carrera tecnológica de nuestra sociedad ha encumbrado la búsqueda del bienestar social, aunque a cambio hemos asistido en primera fila a un incremento espectacular de la dependencia del hombre al líquido elemento.Actualmente, cualquier planteamiento que incida en el desarrollo económico, social o ambiental pasa por la presencia del agua. Donde existe, hay vida o o al menos esperanza. Y Aragón no renuncia a la esperanza de que el futuro sea mejor. La defensa que nuestro pueblo hace de sus aguas no está anclada en el sentimentalismo: es, nada más y nada menos, la lucha por la subsistencia. Los graves problemas de abastecimiento que padecen en la actualidad decenas y decenas de pueblos aragoneses no son una sensiblería, no son un gesto romántico rescatado de la tradición popular, son los gritos de toda una región que, asistida por la lógica y la razón, pide su propio agua para salir a flote.
Afortunadamente, ese griterío confluye en una sola voz: el Pacto del Agua, un documento emanado de las Cortes de Aragón que ha contado con el beneplácito de todas las fuerzas políticas aragonesas. El histórico acuerdo logrado, junto con el derecho irrenunciable de todo un pueblo para decidir su futuro, es argumento más que suficiente para exigir la presencia del Pacto del Agua de Aragón en el anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional. De esta aceptación dependerá que los representantes aragoneses en el Consejo Nacional del Agua, incluido el del Gobierno de Aragón, apoyen este texto.
El Pacto del Agua es un documento de progreso y de respeto. Los más de 221.000 millones que se invertirán en obras de regulación durante los próximos 20 años deben constituirse como un motor fundamental para garantizar nuestro desarrollo económico, la ordenación de nuestro territorio y, en definitiva, solventar un puñado de reivindicaciones históricas que no han perdido vigencia con el paso del tiempo. Sin embargo, no se trata de un instrumento de "fontanería", como en ocasiones se ha argumentado ante la magnitud de las cifras. El respeto de este documento incide tanto en el ámbito social como en el medioambiental, puesto que se evita la afección a los núcleos urbanos y al entorno natural. Pero el Pacto del Agua todavía es más. Es el referente de nuestras reservas de recursos de la explotación de aguas subterráneas, de las actuaciones en regadíos, de las mejoras en, abastecimiento y de las instalaciones de depuración imprescindibles para nuestros pueblos y ciudades. Es, en definitiva, una reserva de 6.550 hectómetros cúbicos para que nuestros cultivos, nuestras industrias y nuestras gentes rieguen la ilusión de un mañana que descansa en un proyecto real.
Y es que el Pacto del Agua no es el canto del cisne. A los planes de industrialización y al esfuerzo inversor que estamos desarrollando en materia de suministro de agua para núcleos urbanos hay que añadir nuestra apuesta por la agricultura aragonesa. La política reduccionista en materia agrícola de la PAC o del GATT no deja de ser política y, por tanto, cambiante. No se puede hipotecar el desarrollo de un pueblo a decisiones coyunturales, como en esté caso. Aragón puede, y de hecho lo hace, plantear nuevas posibilidades en este ámbito, a través, por ejemplo, de cultivos energéticos.
Las consideraciones expuestas hasta aquí no conducen más que a una toma de posición: la inclusión del Pacto del Agua de Aragón en el anteproyecto del PlÍN. Y esta postura obliga a solicitar una reserva genérica de 11.200 hectómetros cúbicos para la cuenca del Ebro y, sobre todo, a apoyar de forma contundente el criterio de elaborar estudios de viabilidad de los hipotéticos trasvases antes de tomar cualquier decisión. Esta postura, ya recogida en las alegaciones presentadas en su día por el Gobierno de Aragón, se traduce en un claro posicionamiento en contra de los trasvases como principio.
Creemos, con la confianza que proporciona el sentido común, que se deben agotar todas las alternativas antes de plantear cualquier trasvase, que los derechos de las cuencas cedentes deben prevalecer sobre los de las cuencas receptoras, que la aplicación de un canon para el agua trasvasada es una condición legítima y que las obras de regulación de trasvases deben acometerse en las cuencas receptoras. Estas condiciones, a las que se añadiría la presencia aragonesa en los órganos rectores que regulan este tipo de actuaciones y la limitación al máximo del volumen real de agua a transferir, son la forma de colocar a esta tierra en el sitio que, desde hace tiempo, le corresponde en el diseño de la política hidráulica nacional.
Aún con todo, temo que todavía habrá alguien empeñado en resucitar el fantasma de la insolidaridad. A ese alguien le invito de forma serena a echar la vista atrás, a recordar aquel tiempo en que nuestra tierra asistía atónita y sumisa al reparto que el régimen anterior hacía de las grandes industrias sustentadas por capital público. Fue un tiempo de trasvase, de trasvase de aragoneses que buscaban el abrigo de los tejidos industriales del País Vasco, Cataluña o Valencia, temerosos del frío de la despoblación y el olvido. Hoy, Aragón no renuncia a la solidaridad que siempre le ha caracterizado, pero exige también aquella justicia que no pudo reclamar. Los aragoneses no quieren pasar sed, y su Gobierno no puede dar la espalda a un pueblo que, en demasiadas ocasiones, ha visto pasar el progreso por delante.de su puerta.
