El vértigo de las urnas
Todo el mundo sabe que en las pasadas elecciones no estaba en juego la continuidad del Gobierno, pero también que después de los resultados del 124 la situación no es la misma que antes. El mapa político ha cambiado en Andalucía y han cambiado en toda España las expectativas de futuro de los principales partidos. El retroceso masivo del PSOE, la emergencia de IU en Andalucía y la magnitud de la victoria del PP alteran de modo sustancial los parámetros que enmarcaban la política nacional y plantean nuevos y serios problemas en lo que se refiere a la gobernación del país y a la competición entre las principales formaciones políticas.La pérdida de ocho puntos y de la mayoría relativa que ha experimentado el PSOE no puede considerarse como una simple advertencia, sino más bien como una clara desautorización crítica. La interpretación del crecimiento de IU como simple voto de castigo a los socialistas aprovechando la oportunidad que ofrecían unas elecciones menos importantes queda desmentida por la fuerza con que la coalición se ha impuesto en Andalucía en las elecciones autonómicas. Y, por último, la magnitud de la victoria del PP en las europeas y de su avance en las andaluzas confirma la existencia de un gran movimiento de fondo en favor de los populares, que ha venido creciendo de forma ininterrumpida desde las elecciones municipales de 1991, se reafirmó en las generales y gallegas de 1993 y se consolida con mayor fuerza ahora.
En una palabra, las elecciones del pasado 124 fortalecen a la oposición, debilitan al Gobierno, reducen su autoridad y capacidad de gestión, ponen en peligro su estabilidad y dejan al partido que lo sustenta en una posición muy difícil para competir con los demás. Nada tiene, pues, de extraño, a la vista de los resultados, que desde las perspectivas más dispares se reclama a Felipe González la adopción de decisiones drásticas y rápidas. En algunos casos, su dimisión o la inmediata disolución de las Cortes, en otros la remodelación del Gabinete y/o el planteamiento de la cuestión de confianza. Nadie, salvo Jordi Pujol, parece haberle aconsejado en público la continuidad pura y simple de la situación actual.
Hacer algo no significa hacer cualquier cosa. El presidente del Gobierno tenía toda la razón al decir en Cartagena de Indias que lo peor sería una reacción precipitada y no debidamente calibrada, a fin de dar la impresión de que se hace algo. En este momento, hacer algo significa adoptar decisiones complejas que hagan posible, por un lado, la gobernación del país y que mantengan viva, por otro, la competitividad del sistema de partidos. Éstos son los dos criterios que tienen que ser tomados en consideración por el presidente del Gobierno a la hora de tomar una decisión.
Justamente por eso, algunas de las propuestas que han sido formuladas estos últimos días tienen que ser descartadas de manera inmediata. Es evidente, por. ejemplo, que los que invitan a. Felipe González a dimitir ya lo venían haciendo antes de las elecciones y seguirían en sus trece aunque el PSOE hubiera aguantado mejor el 124. Las palabras de Julio Anguita la misma noche de las elecciones pensamos que son suficientemente elocuentes. No es cosa, por tanto, de discutir si tienen o no razón al responsabilizar al presidente del Gobierno de todos los males del país, pero está claro que la razón por la que quieren que se vaya poco o nada tiene que ver con el resultado de los comicios y la nueva situación que se ha creado tras ellos.
La propuesta de que disuelva las Cámaras y convoque nuevas elecciones, en los términos en que ha sido formulada y por las razones por las que se solicita, en apariencia resulta más congruente. Puesto que la consulta de junio ha revelado un cambio inequívoco en las preferencias del electorado, no tiene sentido seguir gobernando con una mayoría que en un año se ha quedado obsoleta, que ya no responde a los vientos que corren. Si se sigue esta interpretación hasta sus últimas consecuencias, ni la remodelación del Gobierno ni la concomitante o alternativa cuestión de confianza serían mecanismos suficientes para compensar la pérdida de legitimidad ante el electorado.
Es evidente que una argumentación de este tipo comporta una revisión radical de la naturaleza del propio régimen parlamentario, da por supuesto que las motivaciones de los electores son idénticas en todo tipo de consultas, y hace buena la afirmación de que "todas las elecciones son generales", como sugería en su viñeta Máximo hace unos días en estas mismas páginas. La aceptación de esta tesis en los términos en que ha sido formulada supondría una alteración radical del sistema político diseñado por el constituyente español en 1978 y completado después con nuestra incorporación a la hoy Unión Europea. A alguien puede que esto le parezca dar mucha importancia al derecho constitucional y hasta hacer el ridículo. Lo que está en juego es muy serio.
De acuerdo con los principios generalmente aceptados en todos los regímenes parlamentarios que en el mundo han sido, el PSOE está legitimado para seguir gobernando mientras disponga de los suficientes apoyos parlamentarios. Ésta es una de esas cuestiones que deberían estar por encima de toda discusión. Lo contrario es no aceptar las reglas del juego y entrar en el peligrosísimo terreno del vale todo.
Ello no quiere decir, por el contrario, que no pueda y que no sea conveniente incluso plantearse públicamente en estos momentos si, para garantizar la estabilidad y la eficiencia de su Gobierno, no sería conveniente que el presidente lo remodelase y procediese después a solicitar expresamente la confianza del Congreso de los Diputados. Parece fuera de toda duda que sería positivo para aumentar la credibilidad y la autoridad del presidente del Gobierno.
Pero la cuestión no es ésa. No es la gobernabilidad del país lo que las elecciones del 124 han puesto en cuestión. Es la competitividad de nuestro sistema de partidos la que puede estar peligrosamente en juego. Por eso es muy difícil tomar una decisión. Porque lo que puede ser acertado desde un punto de vista, el de la gobernación del país, puede ser nocivo para la futura competitividad de nuestro sistema de partidos. Y a la inversa.
Una de las cuestiones, posiblemente la de alcance más general, que las elecciones del 124 ha planteado es la de determinar lo; costes que el partido socialista y con él la democracia española tendrán que pagar en una situación como la que ha cristalizado después de estas elecciones. La sangría de votos del PSOE por su derecha y su izquierda parece haber levantado un muro infranqueable entre la sociedad y el Gobierno-partido socialista, que hace prácticamente imposible la comunicación sobre aquélla y éstos. No se trata, pues, de una cuestión formal sobre lo que el Gobierno debe o no debe hacer, sobre lo que está o no está obligado a hacer. Se trata de una cuestión política, de una cuestión de conveniencia y oportunidad que puede afectar a la estabilidad y calidad de la democracia en España. Las elecciones europeas y, sobre todo, las andaluzas han puesto de manifiesto que el PSOE carece hoy de un discurso político atractivo y convincente. Y lo que es más, que la sociedad española ha preferido al PP e IU, aun sabiendo que ninguno de ellos lo tiene tampoco, que ninguno de ellos tiene una trayectoria ni un proyecto para Europa comparable al de los socialistas, y que ninguno de ellos tiene respuestas para los problemas de Andalucía mejores que las de los socialistas andaluces.
Aquí es donde está el problema. En las grandes ciudades, sobre todo, los españoles han dado. la espalda al PSOE. Por lo que indican los sondeos a los que hemos tenido acceso, si las elecciones hubieran sido generales, los resultados habrían sido algo diferentes, pero no sustancialmente distintos. Unas elecciones anticipadas desembocarán muy probablemente en una victoria del PP. Pero las proporciones de la derrota socialista pueden ser mayores cuanto más se retrase la convocatoria de las mismas.
Éstos son los términos. en' que el problema está planteado. El PSOE no es la UM, pero se encuentra ante el mismo dilema ante el que se encontró ésta a principios de los ochenta. O gobierna y no compite o compite y no gobierna., es decir, deja de gobernar para, competir. La UCD hizo de necesidad virtud y optó por gobernar con. los costes que su desaparición impuso a la democracia española. Las circunstancias son hoy bien distintas en España. Pero el PSOE, que aprendió mucho de los errores de UCD y supo hacer uso de ese aprendizaje con eficacia en sus primeros años de gobierno, debería plantearse muy seriamente si no debe evitarse a sí mismo y evitarle también a la democracia española los costes que aquélla pagó por no poder disolver a tiempo.
Javier Pérez Royo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.
Julián Santamaría es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid.
