El PP pide que se abra una comisión de investigación sobre la venta de Elosúa
El grupo parlamentario popular presentó ayer la solicitud para la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno en la venta de la empresa aceitera Elosúa al grupo italiano Ferruzzi. El PP quiere conocer cuál fue la actuación de todos los organismos públicos y autoridades que estuvieron relacionadas con el proceso, informa Europa Press.El diputado del PP Miguel Ramírez recordó que en 1985 el Gobierno concedió un crédito sin intereses de 4.500 millones de pesetas a Elosúa para mantener la titularidad española de la empresa. Sin embargo, y pese a esta subvención, años después el Gobierno cambió de estrategia y Elosúa se vendió al grupo Ferruzzi, que está siendo investigado en Italia en el proceso manos limpias, y desde donde se afirmó que políticos españoles habían cobrado comisiones por la venta. Ramírez comentó que el fiscal general del Estado se comprometió a seguir estas denuncias y a enviar jueces que las investigaran pero, a su juicio, no ha hecho nada al respecto.
Ramírez también indicó que el ex ministro de Agricultura y diputado del PSOE, Vicente Albero, era entonces director general de industrias agroalimentarias y tenía acciones de Koipe, del grupo Ferruzzi. El diputado del PP se preguntó si ello no pudo influir en la decisión de vender Elosúa a los italianos. Además, el grupo popular advierte de la gravedad del poder monopolístico en el sector del aceite de oliva que tiene el grupo italiano Ferruzzi.
Plan de Santa Bárbara
Por otra parte, el PP ha presentado una moción en el Senado en la que pide al Gobierno la retirada urgente del plan de reestructuración de la Empresa Nacional Santa Bárbara.El grupo socialista, mientras, presentó ayer en el Congreso una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que inste a las partes a negociar el plan de viabilidad, y que esta empresa junto con el INI intensifiquen los trabajos para desarrollar proyectos de diversificación industrial.
Los trabajadores de Santa Bárbara en Toledo mostraron ayer su satisfacción por la decisión del Colegio Arbitral de dictaminar un laudo que permita negociar un nuevo plan de viabilidad. Las partes en conflicto tienen tres meses para esta negociación, un periodo calificado de "insuficiente" por el presidente del comité de empresa (de UGT).
