Discurso disparatado
UN OBSERVADOR desinformado que hubiera escuchado el domingo a Xabier Arzalluz seguramente habría pensado que Euskadi es un país ocupado militarmente y sometido a una feroz opresión. Pero se habría extrañado de que, si ésa era la situación, el pueblo oprimido celebrase la jornada con tanta alegría y buen apetito en el mismo frontón en que acababan de tronar los agónicos discursos. ETA, por su parte, no tardó ni 24 horas en dejar claro quiénes son los que tratan de imponer sus ideas por la fuerza.El Día de la Patria Vasca fue celebrado por separado por cada uno de los tres partidos de signo nacionalista que hay en Euskadi. Entre los tres obtuvieron en las últimas elecciones los votos del 33,56% del censo. Un porcentaje similar (32,98%) alcanzaron los partidos no nacionalistas, yéndose el tercio restante a la abstención. Plantear la cuestión vasca en términos de "rnosotros" y "ellos", como hizo Arzalluz, resulta, por tanto, bastante equívoco. Sólo excluyendo de la nacionalidad a la mitad o más de los ciudadanos de ese territorio puede el líder del PNV pretender que ese "nosotros" representa a la nación vasca. Pero que esa lógica de la exclusión no ha sido del todo abandonada lo demostró el propio Arzalluz con su reciente comentario sobre los socialistas vascos, a los que reprochó "no ser de aquí".
El mensaje de reafirmación nacionalista ha girado este año en torno al lema de la autodeterminación. Arzalluz acusó a los socialistas de incoherencia por haber abandonado ese principio. Es cierto que se trata de una consigna que en los años setenta utilizaban sobre todo los partidos de izquierda, y que ello desató una carrera de emulación de los nacionalistas por no ser menos que quienes decían no serlo. Pero fue el propio Arzalluz quien detuvo esa carrera cuando se preguntó si valía la pena la autodeterminación de una Euskadi condenada a "plantar berzas"; y quien, hace cuatro años, forzó la salida del Gobierno vasco del partido de Garaikoetxea a cuenta de la campaña de éste, en alianza con Herri Batasuna, de reclamar la autodeterminación desde los ayuntamientos.
Arzalluz argumenta ahora que es el Ejército español quien impide por la fuerza que los vascos se autodeterminen. Es decir, opten entre seguir formando parte de España o separarse de ella. Hay vascos partidarios de la independencia y otros que no lo son. Plantear en términos excluyentes esa posibilidad equivaldría a escindir a la sociedad vasca de manera casi irrecuperable. Precisamente para evitar eso se optó en su día, con amplio consenso, por la fórmula autonómica, que garantiza la supervivencia de la singularidad vasca sin necesidad de una ruptura que sería traumática para buena parte de la población. Incluidos muchos votantes del PNV: según un estudio realizado en 1990, sólo el 26% de los votantes de ese partido son favorables a la independencia.
La opción autonómica es incompatible con la de la independencia. Pretender que un Estado democrático reconozca el derecho a la separación es tan absurdo como exigir que proclame el derecho a la revolución: a la destrucción del propio Estado. Arzalluz, que es profesor de derecho político, no lo ignora, pero no sería justo decir que su desbordamiento se debe a simples motivos electoralistas: la experiencia indica que, en el País Vasco, el nacionalismo democrático gana votos cuando se modera y los pierde cuando se radicaliza. El motivo es más complejo, y tiene seguramente que ver con la necesidad de reafirmación de la ideología originaria, incluidos sus perfiles más cortantes, ante el riesgo de desafección y disgregación visibles en el interior del mundo nacionalista.
Suele decirse que es lógico que los nacionalistas se desfoguen un día al año, y que no hay que dar mayor importancia a sus improperios. Es cierto que las pala bras gruesas con que suele respondérseles son esperadas como agua de mayo por los nacionalistas deseosos de comprobar hasta qué punto no son comprendidos por los españoles; pero no puede ignorarse que ningún argumento es tan poderoso para convencer a los violentos de lo bien fundado de su pretensión de imponer se por la fuerza como la deslegitimación de la democracia española presente en discursos tan anacrónicos y disparatados como el del Arzalluz del domingo.
