El Congreso admite la cláusula de conciencia para los periodistas

Unánime apoyo a la propuesta presentada por Izquierda Unida

Madrid - 09 feb 1994 - 00:00CET

La totalidad de los grupos parlamentarios del Congreso votaron ayer a favor de una propuesta de Izquierda Unida por la que se admite a trámite la regulación del derecho de los periodistas a ejercer la cláusula de conciencia frente a sus empresas. Éste es el quinto intento parlamentario de desarrollar uno de los derechos reconocidos por la Constitución hace 15 años, que nunca ha Regado a verse plasmado en letra de ley.

El apoyo del Congreso, que de momento consiste en admitir a trámite la proposición presentada por IU, obtuvo 319 votos a favor y ninguno en contra. Por parte del Gobierno, el único ministro presente, Alfredo Pérez Rubalcaba, votó igualmente esta propuesta, lo mismo que el líder del Partido Popular, José María Aznar. Ambos habían permanecido ausentes durante el resto de la sesión.La proposición de Izquierda Unida, que fue defendida ante el pleno por el diputado Diego López Garrido, consiste en tramitar una ley por la que se reconoce a los periodistas el ejercicio de dicha cláusula en cuatro supuestos:

- Rescisión de la relación jurídica con la empresa editora cuando el medio de comunicación manifieste "un cambio notable en la orientación informativa o línea ideológica".

- Rescisión, igualmente, de dicha relación cuando la dirección del medio modifique condiciones de trabajo "que supongan un perjuicio grave" para la integridad profesional y deontológica del periodista.

- Negarse a participar "en la elaboración de informaciones contrarias a la orientación informativa o línea ideológica del medio", sin que ello pueda suponer sanción o pejuicio.

- En caso de alteraciones al contenido y forma de una información elaborada, sólo podrá difundirse con el nombre, seudónimo o signo de identificación de un informador "si, previamente, éste otorga su consentimiento".

Pese al voto favorable a tomar en consideración esa propuesta, diversos portavoces anunciaron las dudas y los matices sobre los que versará la discusión durante su trámite parlamentario.

Autodespido pagado

José María Mohedano, en funciones de portavoz socialista, destacó las imprecisiones técnicas contenidas en el texto de la proposición. Por ejemplo, no se prevé cuánto tiempo ha de transcurrir entre la materialización del cambio de línea editorial y el derecho del periodista a considerarse afectado por ello. Tampoco queda claro qué otra cosa puede proporcionar la cláusula a los periodistas, como no sea el ejercicio de un "autódespido remunerado".

Esta cuestión de la indenmización que pueda corresponder al periodista por utilizar dicha cláusula ni siquiera se menciona en el articulado de la proposición de Izquierda Unida. El portavoz de ésta última, López Garrido, se limitó a indicar que el derecho a tal indemnización 44está implícito" en el texto presentado.

El socialista Mohedano aludió también a la conveniencia de regular ese derecho teniendo en cuenta otros hechos que se han producido en el sector dé la comunicación, como la "concentración oligopolística de los grandes medios". En este último punto coincidió en parte con el portavoz del Grupo Popular, Alejandro Muñoz Alonso, quien se refirió a los "cambios sustanciales en el accionariado de algunas empresas de comunicación" y la intervención en dicho sector de empresas ajenas al mismo, como razones que avalan la conveniencia de regular la cláusula de conciencia.

A los grupos parlamentarios les separa también. la cuestión de si esta futura ley debe afectar sólo a medios de propiedad privada o igualmente a los de titularidad pública.

Un derecho poco usado

A diferencia de Francia, país en el que la cláusula de conciencia fue introducida en 1935 como consecuencia de una reivindicación sindical, el marco jurídico en el que se insertará la regulación española tiene un origen constitucional.. Fueron los constituyentes de 1978 los que introdujeron dicho reconocimiento, en el artículo 20 de la máxima ley, junto con el del secreto profesional, así como la previsión de que se regularían tales derechos en el futuro. Nunca se ha producido el consenso político suficiente, ni demanda bastante por parte de los sectores profesionales afectados, como para presionar con fuerza en favor del cumplimiento de tales previsiones.

Un corto número de publicaciones españolas mantienen en vigor alguna forma de cláusula de conciencia para sus periodistas, en el marco de pactos internos realizados en el seno de las mismas. El primer estatuto con tales características fue el del diario EL PMS, que data de 1980. Algunos otros medios lo han introducido con posterioridad, y también han hecho recomendaciones en ese sentido el Colegio de Periodistas de Cataluña, la Federación de Asociaciones de la Prensa y otros sectores profesionales.

Apenas se ha dado el caso de que periodistas españoles hayan hecho uso de la cláusula de conciencia, ni en las empresas que lo tienen regulado internamente, ni en aquellas otras donde se ha invocado apelando directamente al enunciado constitucional.