El Gobierno desea aprobar en diciembre medidas de 'impulso democrático'
El Gobierno quiere aprobar en diciembre algunas medidas de impulso democrático. El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo ayer este anuncio tras la segunda reunión entre las delegaciones del Ejecutivo y del PP. Los socialistas presentaron a los populares los borradores de tres de estas medidas: son los bocetos de las leyes para reformar el Poder Judicial, el régimen electoral y los contratos del Estado. El secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, se declaró "aún más escéptico" después de esta segunda reunión con los socialistas, a los que acusó de haber perdido "una magnifica oportunidad" de aproximación, al haber rechazado casi todas las propuestas de la oposición en el debate de los presupuestos.
Las delegaciones del PSOE y del PP hicieron una valoración distinta de la reunión. A juicio de los representantes del Gobierno, la reunión fue "útil", y en ella se puso de manifiesto la "voluntad de acuerdo por ambas partes". El ministro de la presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, recordó que la dos delegaciones volverán a encontrarse en las próximas dos semanas.En nombre del PP, tanto Álvarez Cascos como el portavoz en el Congreso, Rodrigo Rato, subrayaron las "considerables distancias" iniciales. El secretario general, además, recalcó el escepticismo de su partido. Las dudas del PP no surgen por la actitud de la otra parte en la negociación, sino por el rechazo en el Congreso de casi todas las propuestas económicas del PP contra la crisis "que es", dijo, "el problema más importante del país".
El Gobierno ha entregado ya los tres borradores de las leyes mencionadas a los demás interlocutores en la negociación del impulso democrático (IU, CiU, PNV y Coalición Canaria). La modificación de la ley orgánica del Poder Judicial pretende aumentar las competencias del Consejo General del Poder Judicial y regular el régimen disciplinario de los jueces.
En cuanto a la propuesta de ley electoral, se pretende adaptar el sistema español al, establecido por el Tratado de Maastrich para las elecciones europeas. También se persigue una disminución del coste de las campañas electorales. En la ley de contratos del Estado se busca un incremento de los mecanismos de publicidad y de libre concurrencia para facilitar la transparencia.
Batería popular
Los populares, por su parte, presentaron toda una batería de propuestas, algunas coincidentes con las del Gobierno, aunque muy alejadas en sus contenidos. Según informó Álvarez Cascos, la delegación del PP introdujo un documento con criterios sobre la designación del fiscal general del Estado. Para éste pide el nombramiento automático al final de su mandato como magistrado del Tribunal Supremo o consejero permanente de Estado, para garantizar su independencia. Tanto la persona designada para este puesto como los vocales del Poder Judicial deberían haber permanecido durante un largo plazo anterior a su designación limpios de cualquier cargo político, según el PP.Los populares quieren introducir además la posibilidad de que los candidatos a los órganos constitucionales puedan ser citados por el Parlamento para conocer sus criterios.
El partido de Aznar presentó nueve medidas de "regeneración ética", que coinciden exactamente con otras tantas iniciativas parlamentarias presentadas y rechazadas durante la anterior legislatura. Entre estas figuran el restablecimiento de la intervención previa del gasto en las administraciones públicas, una limitación de las plazas que se pueden cubrir por libre designación en los ayuntamientos, procedimientos más rigurosos para las privatizaciones, una regulación de la publicidad del sector público y la equiparación mediante ley de la responsabilidad de los altos cargos con la de los gestores privados.
Las dos delegaciones no abordaron ayer la discusión de nombres para las vacantes en órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial o el Defensor del Pueblo. El acuerdo sobre este último, dada su especial relevancia, se lo han reservado personalmente el presidente del Gobierno, Felipe González, y el líder del PP, José María Aznar. Los socialistas sí anunciaron ayer la presentación en breve de un texto articulado sobre la reforma del estatuto de RTVE, según el PP.
