Un pacto contra el paro: ahora o nunca

El paro ha alcanzado en España un nivel intolerable. El desempleo es nuestro principal problema, siendo causa de gran sufrimiento social y un coste económico insostenible. Por ello, existe ya un consenso sobre la necesidad de un pacto en el que la sociedad (representada por el Gobierno, los sindicatos, la patronal y, posteriormente, el Parlamento) se comprometa a realizar sacrificios que permitan crear empleo.El contenido exacto del pacto está aún por determinar. En este contexto, el profesor Olivier Blanchard, del Massachusetts Institute of Technology (MIT), acaba de proponer una estructura concreta para el mismo (EL PAÍS, 1 de agosto de 1993). Su propuesta tiene tres ejes o patas: la expansión de la demanda agregada mediante una reducción significativa de los tipos de interés, la congelación o un reducido crecimiento de los salarios nominales y la reforma del mercado de trabajo. Esta estructura es simple y a la vez tremendamente coherente. Con los dos primeros ejes se atacan las causas inmediatas de la destrucción de empleo: la falta de demanda agregada y el excesivo crecimiento salarial. Con el tercero se abordan los problemas de funcionamiento del mercado de trabajo español.

La bajada de los tipos de interés probablemente implicaría la salida de la peseta del Sistema Monetario Europeo (SME), aún con las nuevas bandas de fluctuación del 15%. La pérdida de credibilidad que quizá generase esta acción podría mitigarse en gran medida, según Blanchard, si a la vez se contiene, mediante la moderación salarial, la presión inflacionista derivada de la expansión de la demanda agregada. Conviene señalar que, aún fuera del SME, la misma garantía sería exigida por cualquier banco central para acceder a reducir los tipos.

El tercer eje del pacto no es tan sencillo, pues cada agente lo entiende de forma distinta. Empecemos, por tanto, aclarando por qué hay que reformar el mercado de trabajo. A lo largo de los ciclos económicos, el paro sube y baja, por eso lo más correcto es examinar su nivel medio. Pues bien, de 1982 a 1992, nuestra tasa de paro media ha sido el 18,0%. Para reducir ese nivel medio se necesita que las empresas sean competitivas y vean incentivos para crear empleo, que las personas quieran trabajar, que los parados tengan incentivos y facilidades para cambiar de profesión o residencia si con ello hallan empleo, que los jóvenes puedan integrarse al trabajo y adquirir una buena formación y, en fin, que los salarios reflejen la productividad de los trabajadores. Se requiere una reforma laboral porque los problemas de funcionamiento del mercado de trabajo español no podrán resolverse sólo con los dos primeros ejes del pacto, que únicamente persiguen neutralizar las causas del aumento cíclico del paro. Nuestra elevada tasa media de paro se debe al mal funcionamiento de la mayoría de las instituciones del mercado de trabajo -y otras relacionadas- Hagamos un breve catálogo de éstas. Empecemos señalando que casi la mitad de los parados llevan más de un año en paro. Ello indica que se deben reformar las prestaciones por desempleo, percibidas durante periodos demasiado largos, por lo que desincentivan la búsqueda de empleo de los parados, quienes pierden el contacto con el mercado laboral y ven así reducidas sus posibilidades de reempleo. De hecho, la prestación no está vinculada a la búsqueda de empleo ni a la situación financiera de los que la reciben, por lo que además su eficacia en la redistribución de la renta es dudosa.

En segundo lugar, la movilidad laboral es escasa. La migración interna es muy baja pese a las grandes diferencias de tasas de paro entre regiones (en Navarra, por ejemplo, la tasa de paro es el 13%, mientras que en Andalucía es el 32,3%). El bajo nivel migratorio se deben parte, a factores como el propio subsidio de paro o el mal funcionamiento del mercado de viviendas en alquiler. En cuanto a la movilidad funcional, ciertas disposiciones del Estatuto de los Trabajadores y las llamadas ordenanzas laborales impiden el movimiento de empleados entre puestos de trabajo dentro de una empresa. Al impedir la flexibilidad interna, esas regulaciones fomentan la externa (es decir, el despido).

La tercera institución a reformar es el Instituto Nacional de Empleo (Inem), que paga el subsidio a los parados, pero apenas les ayuda a colocarse (sólo en un 8% de los casos es el Inem el que pone en contacto a empresa y trabajador).

Reformar el Inem

Las actividades de colocación requieren hoy en día un tratamiento personalizado, que el Inem está muy lejos de ofrecer. Sus recursos deberían dedicarse menos a pagar subsidios y más a generar colocaciones. También se debería plantear la autorización de las agencias privadas de colocación, hoy ilegales, pues no está justificado el monopolio público en esta actividad. Por otra parte, los cursos de formación profesional del Inem son masivos y muy costosos, pero normalmente poco útiles.

También debe reformarse el sistema de contratación y despido. La gran rigidez laboral existente en España llevó en 1984 a la introducción de los contratos temporales. El uso masivo de éstos ha revelado que tienen efectos positivos, al dinamizar los flujos laborales, pero también negativos, derivados de la dualidad que generan. Por ejemplo, seguramente inhiben las inversiones en formación de los trabajadores, al obligar a despedir al trabajador a la expiración de su contrato, so pena de incurrir en un alto coste potencial si se le convierte en fijo. Y seguramente han, fomentado el excesivo aumento de los salarios negociados en los convenios colectivos por los empleados fijos, quienes pueden esperar que los primeros en ser despedidos sean los temporales, por su menor coste de despido. Por ello ha llegado el momento de repartir la flexibilidad suprimiendo los contratos temporales para actividades no temporales y reduciendo los costes de despido de los emplea dos fijos.

En último lugar, se debería actuar sobre la fijación de salarios. En la actualidad, los aumentos de salarios son excesivamente uniformes entre sectores productivos y no responden lo suficiente a las condiciones del mercado de trabajo en cada momento. La actual situación, en la que unas cúpulas empresariales y sindicales de representatividad dudosa negocian en los convenios colectivos de sector unos niveles salariales que obligan legalmente, como niveles mínimos, a todas las empresas del sector con independencia de su situación económica, perjudica el mantenimiento del empleo en las empresas en apuros y fomenta la economía sumergida.

El pacto propuesto por el profesor Blanchard andaría mejor con una cuarta pata. Para que la inflación no repunte al aumentar la demanda agregada no basta con la moderación salarial, pues en los últimos años la inflación se ha mantenido alta debido a los precios fijados por las empresas de servicios, no sujetas a la competencia. La inflación en los servicios proviene de las excesivas regulaciones legales en muchas áreas, de la producción pública de servicios que produciría mejor el sector privado y del poder monopolístico de colegios profesionales que imponen tarifas mínimas a sus colegiados (abogados, arquitectos, etcétera). La eliminación de estas barreras a la competencia generaría reducción de inflación aumento de empleo.

La propuesta del profesor Blanchard debe ser tenida muy en cuenta en la próxima negociación. Para lograr una reducción permanente del paro son esenciales tanto su tercera pata, la reforma laboral, como la que hemos añadido, la reducción del poder monopolístico en determinadas actividades del sector servicios. Nótese que las dos últimas áreas no exigen, en puridad, el beneplácito de los sindicatos y la patronal. No obstante, es conveniente que las reformas se lleven a cabo de forma consensuada, para no poner en peligro el cumplimiento de los acuerdos relativos a las otras dos áreas. En definitiva, los ciudadanos tenemos derecho a exigir al Gobierno, los sindicatos y la patronal que pacten, en nuestro nombre, los sacrificios necesarios para reducir el paro de forma duradera.