Nuevas posibilidades y nuevos retos

Con el fin de los equilibrios de la guerra fría ,tos parecieran tiempos de poca claridad, de problemas locales aparentemente sin salida, de una pluralidad redescubierta pero sin orden ni destino. Por eso, hoy, quizá con mayor fuerza que antes, en muchos puntos del globo se debate entre la memoria de lo que ha sido el pasado inmediato, y la urgencia por llegar a lo que se requiere ser. La falta de puentes que conduzcan de lo uno a lo otro, es fuente de confusión, de frustraciones y, en ocasiones, de radicalismo. Esto ha propiciado el renacimento de viejos atavismos étnicos, religiosos o localistas, de reclamos históricos que datan no ya del orden de Yalta, sino de Versalles y de mucho más atrás.La gran cuestión política de nuestro tiempo es encontrar un orden más civilizado y justo entre las naciones y, en el interior de cada una, un orden entre concepciones plurales de individuos, grupos y comunidades al que puedan racionalmente apelar como justificación pública.

En el caso del presidente de México, el reto toca las vidas de 85 millones de mexicanos que conservan viva una memoria histórica de su acontecer y que demandan respuestas, aquí y ahora, a añejos regazos y nuevas necesidades; que reclaman cambios sin rupturas, modificaciones en el quehacer, sin dejar tradiciones, costumbres, seguridades y referencias a épocas que asocian con estabilidad y oportunidades. En esto no hay espacio para experimentos. ¿Cuáles son las ideas que guían a los mexicanos para responder a este reto?

En México, desde los albores del siglo XIX, se cultivó una visión liberal para el país. El liberalismo mexicano se propuso eliminar, de la estructura política, los fueros y, de la esfera económica, los monopolios. Para ocupar su lugar, estableció la supremacía del poder civil, promulgó las garantías individuales y promovió un pacto federal. Este liberalismo, de corte más continental que anglosajón, no propuso un nuevo individualismo posesivo ni el rigor de mantener al Estado fuera de las preocupaciones de igualdad y justicia, y sí, en cambio, se constituyó en doctrina responsable socialmente y comprometida con la igualdad de oportunidades.

La revolución mexicana de 1910, por su parte, impulsa un reclamo democrático y profundiza, en la propuesta liberal, una dimensión comprometidamente social. Se suprime una dictadura y, con ella, la opresión como inaceptable práctica en nuestra vida colectiva. El movimiento armado culmina con la articulación de un proyecto social de justicia y crea su propio marco jurídico y político para asegurar la transmisión pacífica del poder, emprender la tarea del desarrollo y moderar, al mismo tiempo, la desigualdad.

Tanto el movimiento liberal del siglo XIX como el armado que inaugura nuestro siglo, reafirman una conciencia nacional y una convicción nacionalista. Ambos, unidos, conforman la síntesis política del liberalismo social mexicano, la cual engloba, en un mismo proyecto, nuestras aspira ciones de soberanía, libertad, justicia y democracia. De ahí que ignorar o posponer cualquiera de estos propósitos signifique. Para los mexicanos, la negación del conjunto del que forman parte integral y caer, o en el extremo caduco y fallido del estatismo, o bien en la moda de un neoliberalismo cuyas omisiones funda mentales fueron advertidas hace ya más de un siglo.

Ciertamente, ésta no ha sido la única visión histórica para los mexicanos ni sus interpretaciones a lo largo del tiempo han sido las mismas. En otras épocas, las desigualdades que se generaron a partir de nuestro modelo de desarrollo propiciaron que, dentro de este mismo marco conceptual, se colocara un creciente énfasis en la presencia del Estado en la economía. Fue esta presencia, llevada al exceso, la que situó al Estado en el límite de sus posibilidades para enfrentar los grandes problemas nacionales. De hecho, la crisis no fue sólo económica, sino que también dio lugar a tensiones sociales que exigían cambios, en las estructuras y en las prácticas políticas.

Sin embargo, para resolverlo, se procuró evitar la propuesta de libertades irrestrictas y vacías de todo contenido social que, en otras latitudes, han significado la cancelación masiva de oportunidades y la instauración de panoramas desoladores. En cambio, lo que México ha vivido es un ajuste de políticas para incorporar nuevos instrumentos que nos tan continuar avanzando hacia propósitos que, no por ser históricos, van a pasar a la historia.

Hoy lo que propone el liberalismo social es fortalecer nuestra soberanía acoplándonos a la nueva realidad económica de la globalización, relacionándonos de manera más estrecha con los principales centros económicos del mundo y participando de manera más activa en los foros multilaterales que buscan la convergencia de intereses para lograr una mejor convivencia política entre los Estados.

No es el nuestro un nacionalismo excluyente y opresor como el de los años treinta en Europa o un regionalismo con tonos racistas inaceptables como en la ex Yugoslavia. En México, el nacionalismo tiene un carácter democrático, busca fortalecer a la nación por nuestra especial circunstancia, geopolítica, y es, ante todo, tolerante, defensor de libertades y a favor de la justicia.

En el liberalismo social, se entiende la justicia como una labor permanente que requiere de políticas públicas deliberadas que aseguren más oportunidades a quienes menos tienen, pero de manera permanente y no como efímera oferta política, sin sustento económico. Por ello, dentro de esta concepción, justicia social presupone estabilidad económica, y también libertad para que sean las propias comunidades las que decidan cuáles son sus necesidades y cómo enfrentarlas; con más recursos y con el decidido apoyo del Estado, pero sin burocracias, tutelas o imposiciones; con políticas populares y no populistas o paternalistas.

Para el liberalismo social, la libertad es una garantía individual que requiere de un marco de derecho, pero que no se agota en él. Asume que la libertad efectiva nace del cumplimiento de las condiciones para la justicia que le permiten su plena expresión y su libre ejercicio. La entiende, además, como una responsabilidad colectiva que permita la armoniosa convivencia entre el Estado, las iglesias, los partidos políticos, las organizaciones ciudadanas, las comunidades y los individuos.

En el marco del liberalismo social, la democracia se constituye en. una práctica individual, pero también colectiva; que se manifiesta en el respeto y aliento al voto, pero que tampoco se queda ahí. Dentro de esta visión es en el avance económico y social del mexicano que la democracia logra desarrollarse como sistema jurídico eficaz, régimen político realmente representativo y sistema de vida en donde se comparten derechos, responsabilidades y, en la pluralidad, valores históricos.

La nueva configuración del mundo, la dura experiencia de la crisis y las nuevas demandas de la sociedad han impulsado una transformación de fondo del Estado mexicano. El liberalismo social contempla un Estado sano financieramente comprometido con su tarea de regulador de mercados y promotor de la inversión. Que garantiza la estabilidad y promueve el crecimiento. Un Estado que se coloca a la vanguardia para abatir la pobreza extrema y moderar la desigualdad entre las regiones. Que se compromete con la protección de los derechos humanos. Que encabeza la lucha para conservar y recuperar nuestros recursos naturales. Un Estado que respeta y hace respetar al individuo, a sus comunidades y a sus organizaciones. Que combate la impunidad. Que sirve y representa. Que da respuesta al creciente pluralismo político y la evidente diversidad social del México moderno.

En México el liberalismo social ha tenido aplicación en todos los ámbitos de nuestra vida colectiva. Sus valores se reflejan en una reforma educativa que se constituyen en el vértice del futuro desarrollo nacional y columna vertebral de nuestros anhelos de justicia. Una reforma educativa que, sustentada en el respeto a nuestra sociedad pluricultural y al pacto federal de la República, recibe recientes recursos y los descentraliza, actualiza programas y alienta su enriquecimiento en base a las particularidades de cada comunidad.

En el campo, el liberalismo social se traduce en una reforma agrícola que abre la posibilidad de nuevas formas de asociación y que otorga, a todas, plenas garantías constitucionales para su desarrollo con el apoyo de los programas de fomento que lleva a cabo el Gobierno de la República.

En la industria, el liberalismo social significa democracia industrial: es decir, libertad entre sindicatos y empresarios para resolver sus diferencias. Esa democracia industrial se apoya en la ampliación de conquistas laborales y significa concertación para lograr los acuerdos de productividad al interior de cada empresa. Esa democracia industrial es esencial en el marco de nuestra reforma microeconómica y es, sin duda, pilar de la alianza para la competitividad que ya existe entre el Estado, los empresarios y los trabajadores.

Para nuestras comunidades indígenas, esta doctrina se convierte en aprecio por su cultura; en una plena libertad para organizarse como estimen conveniente; en mayores oportunidades para su desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.

De esta manera es como los mexicanos hemos aprendido, en las luchas sociales de nuestra historia, el significado del liberalismo social. No se trata de dejar sólo al individuo como sinónimo de libertad frente al Estado, como si este último fuera sinónimo de lo social pues, en el extremo, se negaría la existencia de grupos u organizaciones como si fueran obstáculos a la libertad.

Tampoco se trata de conducir a los derechos sociales como exclusivas obligaciones del Estado. El liberalismo social en México no es liberalismo estatal. Se trata de liberar fuerzas sociales de restricciones estatales, de reconocer que la libertad no sólo se refiere a individuos aislados, sino que también requiere de grupos, de asociaciones, de instituciones de la propia sociedad.

El liberalismo, para ser social, requiere dar libertad a las organizaciones de la sociedad en su interacción con otros grupos y, para no ser estatal, necesita evitar, como sucedió en el pasado, la intromisión creciente del Estado. Hoy sabemos que hay un ámbito colectivo en las relaciones privadas fuera del Estado que debe preservarse y, también, que al finalizar los procesos estatalizadores, hay una propiedad privada individual y una propiedad privada social.

El liberalismo social mexicano se ha constituido en programa de Gobierno y su institucionalización ha permitido precisar propuestas más generales. Es así como México ha convertido su propia dinámica y la del resto del mundo en nuevas posibilidades que, a su vez, se han traducido en nuevos retos y también en resultados concretos. Ahí están la apertura decidida hacia el exterior, la convocatoria a la pluralidad y a la tolerancia políticas, la defensa de los derechos humanos, la reestructuración financiera del Estado, la consolidación de la estabilidad económica y la reanudación del crecimiento, el combate solidario a la pobreza extrema, la protección de nuestro patrimonio ecológico, y el respeto y apoyo a las iniciativas individuales y colectivas.

Éste ha sido el camino de México, un país con historia y con futuro. Esa quiere ser también nuestra contribución a un orden internacional más justo y más equilibrado, libre de intolerancias, vasto en oportunidades y abierto a la esperanza.

es presidente de México.