El agujero negro del 'caso Brouard'
87 testigos declararán en el juicio por la muerte del líder de HB
AITOR GUENAGA, La resignación se instaló un 28 de octubre de 1991 en el despacho de la octava juez encargada del caso Brouard. Ese día, la justicia daba carpetazo a los 5.000 folios del sumario abierto el 20 de noviembre de 1984 por el asesinato del dirigente independentista Santiago Brouard. El juicio que se inicia hoy sentará en el banquillo a Rafael López Ocaña, presunto coautor del asesinato, y a Juan José Rodríguez Díaz, El Francés, presunto suministrador de las armas con las que dos mercenarios segaron la vida del pediatra bilbaíno.
Con la comparecencia de 87 testigos y diversos peritos, la Audiencia de Bilbao pretende esclarecer las "sombras" que "aún hoy planean sobre la realización del crimen", según el auto de conclusión del sumario.Santiago Brouard, presidente del partido ya desaparecido HASI y dirigente de Herri Batasuna (HB), cayó fulminado a las 18.10 del 20 de noviembre de 1984 en su consulta de Bilbao. Seis balas escupidas por una carabina italiana Army Jaeger AP75 y una pistola sueca Lathy Husqwarna le causaron la muerte en el acto. Estas armas, abandonadas por ambos mercenarios en su huida, han sido pruebas consistentes en un sumario cruzado de arriba abajo por mentiras, líneas de investigación agotadas y por la nula colaboración policial en el desarrollo de la investigación.
De hecho, el rompecabezas del caso Brouard comenzó a recomponerse lejos del juzgado bilbaíno. Fue a partir de la declaración en 1985 de Miguel Ángel López Ocaña -hermano del presunto coautor- ante el juez Carlos Bueren. López Ocaña, que fue condenado a más de 30 años por el asesinato de su cuñado Alberto Granados Céspedes, declaró que éste le había propuesto "subir al norte para matar a un médico etarra".
Ya en el juzgado de la capital vizcaína añadió que un personaje del hampa suministró las armas a su cuñado. Era la primera pista para dar con El Francés, quien reconoció en su primera declaración haber vendido las armas a Granados por 300.000 pesetas. Más tarde se desdijo, pero, aun así, se convirtió en el primer procesado del sumario 101 / 84 el 30 de octubre de 1986.
Las armas de El Francés
Las armas fueron adquiridas por El Francés en Armes 2000 de París en agosto de 1983 y, tras "diversas modificaciones", fueron entregadas por el procesado a Alberto Granados Céspedes en su casa de Madrid". El fiscal señala en su escrito que "Rodríguez Díaz supo que esas armas estaban destinadas a la perpetración de un crimen". El letrado Txema Montero (acusador en nombre de la familia Brouard) da un paso más al decir que sabía que "el destino de las mismas era cometer uno o varios asesinatos, y aún más concretamente el de un médico etarra".
Emilio Rodríguez Menéndez intentará convencer al tribunal de que las armas adquiridas por su cliente (El Francés) no son las utilizadas en el asesinato y que él "no tiene relación con los hechos" porque "ni participó directamente en la ejecución material de los mismos ni proporcionó las armas con las que se llevó a cabo la muerte del doctor".
Una fotografía de archivo policial y una paliza a una mujer permitieron la identificación y detención del segundo y último procesado en este caso. Begoña Martínez de Murguía, enfermera del dirigente abertzale, no pudo alertar con sus gritos a Brouard de la presencia de los mercenarios, pero sí identificó a uno de ellos en enero de 1987. Aparecía en escena Rafael López Ocaña. Posteriormente lo señaló con "un 90% de certeza" en una rueda de identificación. A pesar de que renovó su DNI en mayo de 1987 sin problema alguno, la policía no fue capaz de detenerle hasta que su esposa le denunció por malos tratos en marzo de 1989. Y sólo gracias a la labor diligente de un funcionario judicial de Madrid que relacionó su nombre con el caso Brouard la juez pudo meterle en la cárcel.
Las otras dos personas que aparecen insistentemente en el sumario son el teniente coronel de la Guardia Civil Rafael Masa y un estafador granadino, Luis Morcillo Pinillo, presunto cerebro del atentado.
Miguel Ángel López Ocaña, quien con sus declaraciones lo mismo ha abierto líneas de investigación fiables que enmadejado el sumario, aseguró que Masa avisó a Morcillo de que Granados estaba filtrando información al primer policía encargado del caso, Antonio Rosino, y que, si seguía adelante, "acabarían todos en la cárcel". ¿Serán ambos la clave para llegar a los inductores del crimen?
Demasiadas ausencias
A. G., Las ausencias de relevantes actores, inductores y testigos van a marcar el desarrollo del juicio. Algunos de ellos han muerto, y otros, como el miembro de los GAL Jean-Philippe Labade, están presos en Portugal. En primer plano destacan dos: la persona que junto a Rafael López Ocaña disparó contra Brouard y el organizador del crimen y reclutador de los mercenarios. La identidad del primero no ha quedado acreditada, mientras que el segundo podría ser el empresario granadino Luis Morcillo Pinillos. Éste huyó, a finales de 1989, de la localidad orensana de Verín, donde residía bajo nombre falso, y en junio de 1990 se fugó a Ecuador. Aunque el Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao cursó una orden internacional de búsqueda y captura, su paradero sigue siendo un enigma.
En el terreno de los testigos, el tribunal no verá desfilar frente a él a varios responsables policiales que ocupaban cargos relevantes en la fecha del asesinato. Por ejemplo, el comisario general de Información, Jesús Martínez Torres, que lanzó las más variadas hipótesis, incluida la de responsabilizar a los duros de ETA contrarios a la negociación.
Fuera han quedado también Rafael del Río, ex director de la Policía; el jefe superior de policía de Bilbao en 1984, Francisco Álvarez; el responsable de la Seguridad del Estado, Rafael Vera, y el ex embajador de Francia en España Pierre Guidoni.
