El financiero Manuel Carreras queda en libertad con una fianza de 30 millones
EL PAÍS El juez Lluís Pasqual Estevill ordenó ayer la puesta en libertad bajo una fianza de 30 millones de pesetas del presidente de la sociedad de valores Benkers, Manuel Carreras. El financiero entró en prisión el pasado 16 de abril después de prestar declaración ante el magistrado dentro de la investigación de un presunto fraude fiscal de más de 1.500 millones de pesetas.
La sociedad presidida por Carreras, Benkers, se dedica a la gestión de patrimonios, muchos de ellos procedentes de sociedades familiares profundamente enraizadas en la industria catalana. Uno de los motivos por los que el juez relaciona a Manuel Carreras con el supuesto fraude es que su firma había trabajado con otra sociedad financiera, Sagnier Asociados, propiedad de Antonio Sagnier, que también estuvo detenido por el mismo procedimiento y que quedó en libertad confianza de 10 millones.
Fuentes cercanas al caso apuntan que tanto Benkers como Sagnier Asociados pudieron hacer presuntamente operaciones de dinero negro. La investigación se centra en determinar qué personas intervinieron en la inversión de capitales con DNI falsos, método utilizado para que Hacienda desconozca la verdadera identidad de los inversores y, en consecuencia, escapen al control del fisco. Para el fraude se utilizaron algunas sociedades instrumentales, varias de las cuales llevaban años sin operar y estaban dirigidas por otros de los querellados en la causa.
La fianza de Sagnier y la de Carreras han sido las más elevadas del caso. De todos los presuntos implicados, sólo permanece en prisión Timoteo Ramírez, considerado un hombre de confianza de José Felipe Bertrán de Caralt, uno de los querellados en el caso y que quedó en libertad tras declarar ante el juez. Bertrán ha negado cualquier relación con el caso. El juez tiene previsto ampliar las declaraciones durante esta semana.
Fraude del IVA
En relación con otra investigación de carácter financiero por un fraude con facturas falsas, Estevill ha decidido inhibirse y enviar la causa al juez decano para que se distribuya por reparto. El citado magistrado realizó las diligencias porque autorizó una intervención telefónica. En este caso, la empresa emisora de las facturas falsas de IVA era Indelso y las compradoras cerca de cuatro centenares de firmas.
