Dos de las causas contra parlamentarios afectan a delitos económicos de motivatión política
Treinta políticos tienen diligencias abiertas en el Tribunal Supremo, pero sólo dos de esas causas se deben a delitos económicos con motivación política, en que los dos partidos principales han denunciado el uno al otro. El caso Filesa responde a una querella del Partido Popular y de Ruiz-Mateos, entre otros, mientras que una denuncia socialista ha llevado hasta el Supremo al popular Miguel Pérez Villar, ex consejero de Economía del Gobierno que presidió José María Aznar en Castilla y León. En total hay 44 asuntos pendientes que afectan a eurodiputados y ex miembros de las Cortes.
La Sala Segunda del Supremo tiene que pronunciarse sobre si mantiene la competencia respecto a cada cuestión en que el implicado ha perdido la condición de parlamentario. La batalla formal organizada en torno al caso Filesa se extiende a diligencias que afectan a políticos de todos los colores.Miguel Pérez Villar, ex consejero de Economía de Castilla y León, es uno de los ocho parlamentarios del PP con problemas pendientes en el alto tribunal. El magistrado Eduardo Moner, instructor de este caso, considera que "aparecen indicios de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en las subvenciones concedidas a determinadas empresas y de delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios", según la última providencia dictada en el caso.
Se trata de la concesión por la consejería de Pérez Villar de más de 400 millones de pesetas en subvenciones a empresas mineras de propiedad privada, a las cuales él mismo había asesorado con anterioridad al nombramiento oficial, y cuya esposa continuó asesorando una vez comenzada la tramitación de los fondos.
Durante su época de consejero, Pérez Villar también fue socio de una empresa en la que otros accionistas eran propietarios de entidades mineras beneficiarias de las subvenciones del Gobierno castellano-leonés. Pérez Villar ha asegurado no haber sacado beneficios personales de su participación en la citada empresa con socios comunes con otras subvencionadas.
La instrucción judicial de este asunto se arrastra desde 1991, prácticamente lo mismo que la de Filesa. Comenzó en un juzgado de Valladolid, del cual pasó al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León cuando el implicado resultó elegido procurador de las Cortes de dicha comunidad, y de ahí al Supremo una vez que dicha asamblea autonómica, dominada por el PP, le nombró senador.
Socialistas y HB
El alto tribunal también mantiene un bloque fuerte de actuaciones abiertas contra políticos vascos, desde Joseba Azkárraga, de Eusko Alkartasuna -denunciado a causa de unas declaraciones- hasta varios parlamentarios de Herri Batasuna, entre ellos, Iñigo Iruin, inculpado por su presunta intervención en el cobro del impuesto revolucionario de ETA.
El menú del Supremo incluye, asimismo, ocho diligencias que afectan a José María Ruiz-Mateos. Jerónimo Andreu, diputado de la coalición Izquierda Unida, figura también en unas actuaciones por "daños".
El propio presidente del Gobierno, Felipe González, tiene una denuncia pendiente, y se ha librado de otra por supuestas responsabilidades en el caso KIO, que ha sido archivada. Otros cuatro parlamentarios socialistas, además de Carlos Navarro y Josep Maria Sala, figuran en cuestiones pendientes de solución, que se deben a motivos muy diversos.
Pero la causa especial sobre Filesa es el asunto en que la investigación judicial ha ido más lejos en la búsqueda y hallazgo de indicios de delito fiscal y de una trama para la financiación ilegal de un partido. Caben pocas dudas de que el traslado a otra jurisdicción de un sumario tan complejo va a provocar, de hecho, dilaciones en la causa. Pero la competencia formal del Supremo sobre unas diligencias no viene dada por la importancia de los hechos de que se trate -alguna de las 44 causas mencionadas es por problemas de tráfico-, sino porque los implicados sean parlamentarios.
Barbero tiene hecha una investigación extensa, y en apariencia sólida, respecto a las empresas que presuntamente financiaban al PSOE de manera ilegal; los querellantes lo saben y se niegan a admitir que dicho juez quede apeado de la misma por la pérdida de la condición de parlamentarios de las dos personas, Carlos Navarro y Josep Maria Sala, que es lo que había dado lugar a la competencia del Supremo en el caso. Pero los magistrados del alto tribunal buscan una solución válida para casos similares y en la que han de predominar las consideraciones procesales y constitucionales, y no la cualidad de querellantes y querellados.
