Jueces y políticos
CON SU tono didáctico habitual, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto a recordar algunas cosas elementales para el buen funcionamiento del Estado democrático que gobernantes y responsables políticos se empeñan en olvidar. Una de ellas: que, más que ningún otro ciudadano, quienes tienen en sus manos los resortes del poder político están obligados a una prudencia ejemplar a la hora de pronunciarse públicamente sobre las actuaciones de los jueces. Las razones son obvias: el poder de los jueces está supeditado en gran medida a los medios -tanto presupuestarios como organizativos y personales- que les asignan el Gobierno y el Parlamento, y es lógico que cualquier indicación formulada desde estas instancias fuera de los cauces institucionales establecidos pueda ser percibida como una presión o injerencia en su función.Cuando el presidente de la Junta de Extremadura, Rodríguez Ibarra, cuestiona en la reunión del Comité Federal del PSOE la conducta cívica del juez Marino Barbero por no haber devuelto un préstamo hipotecario solicitado para su vivienda -un supuesto bastante frecuente y que las entidades financieras ya se cuidan de resolver de forma no lesiva para ellas, como ocurrió en este caso- busca, obviamente, desacreditar con falsas insinuaciones sobre la persona de este juez la función que realiza en el caso Filesa. No otra intención -aunque en distinto grado- cabe atribuir a Felipe González cuando deja caer las sospechas de una actuación irregular del juez Barbero englobándola en las que tienen "algunos jueces" en relación con casos de presunta corrupción del PSOE, o en "los errores que en todo colectivo humano se producen". En ambos casos es manifiesta la presión objetiva que se ejerce sobre un magistrado que tiene en sus manos la responsabilidad de investigar un asunto en el que están involucrados militantes destacados del partido del Gobierno y que puede llegar incluso a afectar a dicho partido en cuanto tal. La actuación de oficio del CGPJ era, pues, obligada, por más que el juez Barbero no se haya sentido subjetivamente perturbado por dicha presión y que, consecuentemente, no la haya denunciado.
De ahí la incoherencia que puede tener la actitud del juez del caso Filesa cuando, sin embargo, alude públicamente a temibles presiones subrepticias del poder político sobre la justicia, que sólo él conoce, puesto que las señala, pero que se abstiene de denunciar ante el citado consejo general. Es lógico deducir que el órgano encargado de velar por la independencia judicial hubiera reaccionado frente a las presiones disimuladas y ocultas de la misma forma que lo ha hecho ante las públicas y notorias. Pero mal puede hacerlo si no las explicita quien genéricamente afirma que existen sólo ante una cualificada audiencia de juristas. Las reglas básicas de funcionamiento del Esta do democrático -afectan por igual a todos los que tienen alguna responsabilidad pública: a los gobernantes y dirigentes políticos y sociales en general, pero también a los jueces. Las insinuaciones insidiosas o las apreciaciones descalificadoras lanzadas desde las instancias del poder político sobre un magistrado constituyen un inadmisible atentado a su función. Pero el mensaje de que las presiones subrepticias del poder político sobre la independencia del juez no son un riesgo, sino una realidad indubitable, constituyen en igual medida una alarmante imputación que daña más que fortalece al Estado de derecho.
