La crisis de KIO
EL MEMORÁNDUM que firmaron el pasado domingo las autoridades españolas y kuwaitíes según el cual ambos países se comprometen a encontrar una solución a la crisis de las inversiones del grupo Torras, al mismo tiempo que se garantiza alguna continuidad de las mismas y la evitación de nuevas suspensiones de pagos, es una buena aunque tardía noticia. Lo cierto es que se debía haber actuado mucho antes.Todo parece indicar que el empeño por atraer el capital extranjero a España no sólo se ha hecho con el sacrificio del carácter selectivo de dichas entradas, sino también a costa del necesario control, bien de las consideraciones sectoriales, bien de la magnitud de la inversión que en pura lógica ha de guiar esas autorizaciones. Y ello sin menospreciar la laxitud en la interpretación y aplicación de la normativa sobre inversiones extranjeras en España, en especial lo dispuesto acerca de la titularidad de los inversores: la inversión de KIO es de un Gobierno extranjero, y debería haber sido aprobada por el Consejo de Ministros. Y si, como dice el Gobierno español, los gestores de Torras -el equipo que encabezaban entonces el español Javier de la Rosa y los kuwaitíes Muhamed al Sabah y Fouad J. Jaffar- aseguraron en documento público que la inversión era privada, desde sociedades radicadas en la CE, y se demuestra que se han aportado datos falsos, el Gobierno debe adoptar medidas penales por la vía urgente.
Las noticias que por goteo (aunque selectivo; hay medios que no publican nada o sólo las versiones oficiales) se publican sobre los avatares del grupo KIO muestran una escasa capacidad de control sobre la gestión de dicho grupo. Sorprende en ese caudal informativo la falta de transparencia, las irregularidades contables o las prácticas fiscales discutibles. Todo ello cuestiona, en definitiva, la capacidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para garantizar la necesaria transparencia de las empresas que cotizan en Bolsa y, con ella, la protección de los intereses de los accionistas sin capacidad de control sobre las mismas. Las sospechas del ministro de Economía acerca del grado de corrección de la primera auditoría, según señaló en la entrevista que publicó EL PAÍS el pasado domingo, son, igualmente, preocupantes a este respecto. Las informaciones que empiezan a conocerse sobre la magnitud de los beneficios de las operaciones de compraventa intemas de acciones apuntan a serias irregularidades ante las que la CNMV no ha reaccionado. No es la primera vez que dicha comisión reacciona cuando el asunto está ya en la prensa. Paralelamente a esa sensación de marginación de lo que de relevante ocurre en nuestros mercados de valores, esa institución parece hacer valer las capacidades que le otorga la ley para definir excesivas barreras burocráticas a cuestiones no esenciales.
En todo caso, los antecedentes del responsable de los intereses del grupo KIO en España exigían una atención más estrecha. El Gobierno de Kuwait parece que ha pedido a las autoridades españolas una investigación jurídica sobre el ex vicepresidente de Torras Javier de la Rosa. Debe hacerse cuanto antes. Todo lo anterior pone de manifiesto una sensación de vulnerabilidad ante decisiones de inversores extranjeros que ha de preocupar más a nuestras autoridades que esa urticaria a la que, al parecer, resulta tan proclive el ministro de Economía ante la intervención estatal.
