El Gobierno dota de marco jurídico a las fundaciones
El Consejo de Ministros aprobó ayer la remisión a las Cortes del proyecto de ley de Fundaciones, con el que se dota de marco jurídico a las más de 2.000 entidades sin ánimo de lucro que existen en nuestro país, y que hasta ahora se regían por la ley de Beneficiencia de 1849. El ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, calificó ayer de "necesario e importante" este proyecto de ley de su departamento, por la creciente relevancia de la iniciativa privada en la dinamización de diversos aspectos culturales, científicos, educativos y de, investigación, entre otros. La regulación de las fundaciones está reconocida en el artículo 34 de la Constitución.De la Quadra dijo que la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de fundaciones se haría en paralelo con la llamada ley de mecenazgo, ya en las Cortes. Esta ley de mecenazgo, rechazada por las fundaciones, regula el régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro.
Según el proyecto de ley remitido ayer a las Cortes, podrán constituir fundaciones no sólo las personas físicas y jurídicas privadas, sino también las personas jurídicas públicas. Para que las entidades con fines de interés general alcancen personalidad jurídica deberán necesariamente estar inscritas en un Registro público y desembolsado al menos el 25% de su capital social. Las fundaciones, según el citado proyecto, deberán destinar al menos el 70% de sus ingresos o rentas a la realización de los fines fundacionales para los que fueron creadas. Del resto, el 20% se tendrá que destinar a la dotación fundacional y el 10% a gastos administrativos.
Actividades mercantiles
Las fundaciones podrán realizar actividades mercantiles e industriales de forma directa, según lo regulado en el proyecto, pero sólo cuando dichas actividades tengan relación y estén al servicio de los fines fundacionales. También se permite la participación mayoritaria de las fundaciones en sociedades mercantiles siempre que éstas tengan limita da la responsabilidad de sus socios y as¡ evitar, en palabras del ministro de Justicia, que Ia actividad mercantil agote el patrimonio de la fundación".El proyecto regula los órganos de gobierno de las fundaciones y crea la figura del Protectorado, con la que el Estado se reserva la posibilidad de intervenir temporalmente, previa autorización judicial, en la administración y gobierno de la fundación, cuando exista una grave irregularidad en la gestión económica.
Antonio Sáenz de Miera, presidente del Centro de Fundaciones que engloba a las 200 entidades más influyentes de España, valoró ayer muy positivamente el hecho de la presentación del proyecto de ley. Sin embargo, Sáenz de Miera señaló que el 20% destinado a incrementar la dotación fundacional no era demasiado positivo, ya que supone un grave riesgo de descapitalización de las entidades.
