El Ayuntamiento arranca una prórroga a la Comunidad para decidir su política de transportes

El Gobierno regional, que dirige de hecho el Consorcio Regional de Transportes, ha dado un plazo de cuatro meses al Ayuntamiento de la capital para que decida si quiere continuar en el organismo que regula los transportes públicos. El Gobierno municipal ha aprovechado que tiene las arcas vacías para plantear una cuestión de fondo sobre el sistema porque no encuentra los 16.000 millones que se le reclaman. El Ayuntamiento quiere contribuir en menor cuantía, pero el concejal de Circulación no sabía ayer la cantidad exacta ni sí la inicialmente prevista se aprobó en un pleno.

La Comunidad y el Ayuntamiento parecen haber elegido el campo de los transportes públicos para medir políticamente sus fuerzas cada cierto tiempo. La batalla planteada ahora está relacionada directamente con la finalización el 20 de julio del periodo establecido para la adhesión de los ayuntamientos a los contratos firmados en su día cuando se formó el Consorcio Regional de Transportes.Una polémica similar se vivió entre los mismos actores hace seis meses y, por los resultados, no sirvió nada más que para ganar tiempo. Los políticos de la Comunidad entienden que actualmente hay una mejor disposición. "Esto ha sucedido por falta de acercamiento", justificó ayer el concejal de Circulación, José Antonio García Alarilla.

El edil cree que este prolongado enfrentamiento puede ser incluso bueno "para que se afiance la relación de las administraciones con el Consorcio y se eviten a partir de ahora las discusiones constantes".

El Consejo de Administración del Consorcio debatió ayer durante horas este punto, así como la premura por reclamar también del Ayuntamiento el abono de la deuda contraída desde 1990, que se eleva a 6.012 millones de pesetas.

El gerente del Consorcio, Fidel Angulo, ha solicitado esta deuda por escrito y en seis ocasiones desde el 29 de noviembre de 1991. El consejero de Transportes, Julián Revenga, declaró ayer que se concederá de nuevo un tiempo hasta el 20 de julio al Ayuntamiento para que la satisfaga y, en caso contrario, se presentará un contencioso administrativo.

El concejal de Circulación aseguró que el Ayuntamiento "hará frente a los compromisos adquiridos". No precisó más.

Revenga, mientras tanto, elevará al Consejo de Gobierno de la Comunidad la firma de un decreto que defina el procedimiento de adhesión de los ayuntamientos al Consorcio. El consejero quiere promover con ello un plazo concreto, de cuatro meses, para que el Ayuntamiento de Madrid -el más importante de la región y el más problemático- se replantee su participación.

Con este decreto, si los ayuntamientos que están en el Consorcio no se desvinculan expresamente de este organismo antes del 20 de noviembre quedarán obligatoriamente ligados para los siguientes cuatro años. En estos meses, además, se buscará un modelo de reparto de las obligaciones económicas que convenza a todas las partes implicadas, fundamentalmente al Ayuntamiento y a la Comunidad.

"¡No soy el Ayuntamiento!"

El concejal de Circulación no fue capaz ayer de matizar cúal es la posición en estos momentos del Ayuntamiento, aunque él, personalmente, se inclinó a priori por continuar en el Consorcio. El segundo teniente de alcalde, José Ignacio Echevarría, no abrió la boca en la reunión de ayer. Los también consejeros municipales Carlos López Collado, concejal de Seguridad, y Pedro Ortiz, de Cultura, ni tan siquiera acudieron.Alarilla no pudo asegurar ni a los miembros del consejo durante la reunión ni posteriormente a los periodistas si el Ayuntamiento ha aprobado ya en pleno la partida económica presupuestaria de "13.000 millones ampliables" a entregar al Consorcio en 1992. "¡Yo no soy el Ayuntamiento, yo sólo soy un concejal, preguntad al concejal de Hacienda!", dijo.

El Ayuntamiento aprobó en un pleno el 30 de enero de 1992 un decreto de la alcaldía que instaba a su concejal de Hacienda a "iniciar los trámites para la adopción de medidas presupuestarias necesarias para hacer efectivo el acuerdo de financiación del Consorcio". Desde entonces, sin embargo, sólo ha aportado este año 5.000 millones de los 10.000 presupuestados inicialmente.

Luis María Huete, primer teniente de alcalde, declaró ayer, pero desde la Casa de la Villa: "No queremos dar un portazo al Consorcio; de momento, vamos a pedir una prórroga del convenio de adhesión para, en ese tiempo, renegociar las obligaciones municipales", informa Juan Antonio Carbajo. Huete indicó: "Nuestra aportación económica debe ajustarse al servicio que da el Consorcio a los madrileños y no el que utilizan los vecinos de otros municipios que se desplazan a Madrid". El Ayuntamiento entiende que en la negociación abierta cabe un reajuste de la presencia municipal en la dirección del Consorcio.

El consejero de Transportes se mostró ayer receptivo y evitó el enfrentamiento directo con el concejal. Revenga apeló al subconsciente y aportó los datos positivos que ha ofrecido la gestión del Consorcio en el último ejercicio: 3.800 millones de remanente, un aumento de viajeros cercano al 3% con respecto al año anterior, un incremento de usuarios de los autobuses interurbanos del 10% y de los cercanías del 19%.

Revenga, además, lanzó otro aviso: "Si el Ayuntamiento no hace esa aportación la EMT y el Metro no podrán seguir invirtiendo, no comprarán más autobuses o trenes, no se arreglarán estaciones ni se hará el nuevo depósito".

Mientras todo esto sucedía en la sede del Consorcio, en la de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) el sindicato mayoritario, la Plataforma Sindical, presentaba por escrito la desconvocatoria de la huelga prevista para hoy y mañana. La dirección, por su parte, se empeñó ayer en transmitir una sensación de flexibilidad "y no de paso atrás" en su postura de considerar negociables ahora casi todos los despidos ejecutados por provocar incidentes violentos durante el último conflicto vivido en la empresa.