Un cambio de modelo
En lugar de ir a las causas del problema y restablecer el principio de causalidad y de racionalidad en la jungla en que se ha convertido el sistema de contratación laboral, lo que hace el Gobierno -opina el articulista- es mantener este monstruo y recortar las prestaciones por desempleo a todos los parados posteríores al decreto.
Es, pues, una medida que afecta potencialmente a más de 7,5 millones de trabajadores en nuestro país. A todos menos a los funcionarios y a los eventuales del campo. Llamativa, por cierto, la au sencia del Plan de Empleo Rural (PER) de la reforma. Lo digo no porque quiera hacer partícipes de las desgracias del decreto a los trabajadores del campo, sino por las evidencias de clientelismo político que pesan sobre este sistema.Afectando al conjunto de los trabajadores, el decreto penaliza sobre todo a los más débiles: a los temporales (que ya por serlo ganan un 40% menos que los estables), a los fijos discontinuos, a los sujetos a expedientes de regulación de empleo. La medida supone un profundo recorte: expulsa del sistema contributivo todos los contratos que no lleguen al año, que son la mayoría de los que se realizan (el 80% en 1991); reduce en un 50% el tiempo de la prestación; disminuye en un 10% el porcentaje de las prestaciones sobre la base cotizada. El conjunto de estas medidas significa, en un supuesto-tipo para alguien con una cotización de 100.000 pesetas, una pérdida que se sitúa entre el 37% y el 100% de su prestación contributiva.
Ello no es compensado por una mejora de las prestaciones asistenciales, que quedan congeladas en sus niveles anteriores: un subsidio asistencial de 42.210 pesetas, sin pagas extras (es decir, por debajo del umbral de pobreza si nos atenemos a los parámetros comunitarios), para colectivos que en 9 de cadal 10 casos tienen responsabilidades familiares. Es probable que también se extrañen luego los ministerios de Economía y de Asuntos Sociales de que aumenten nuestras estadísticas de pobreza.
Este gran deslizamiento hacia un sistema con prestaciones asistenciales en lugar de contributivas tiene efectos gravísimos sobre la jubilación y otras contingencias. El tiempo en el que un trabajador está percibiendo un subsidio asistencial -a diferencia del seguro contributivo no cotiza ni se computa a efectos de jubilación, invalidez, viudedad y orfandad. Las consecuencias son lacerantes. Así, con el sistema anterior, un trabajador fijo discontinuo, por ejemplo, para tener derecho a una pensión de jubilación (que requiere 15 años de cotización) necesitaba trabajar 20 años; ahora necesitará 30, y no deberá hacerse ninguna ilusión de alcanzar algún día una pensión plena (35 años de cotización) salvo que sea un matusalén.
Extinción de la prestación
La tercera gran cuestión de la reforma consiste en eliminar las garantías para salvaguardar que las ofertas de empleo se adecuen al perfil profesional del parado. Desde ahora, el rechazo por parte del parado de la primera oferta de colocación será causa automática de extinción de la prestación. Aunque la misma poco tenga que ver con su cualificación o experiencia profesional, con el nivel salarial de su categoría anterior o incluso sea inferior a lo que esté percibiendo en el desempleo. En adelante dependerá de la discrecionalidad administrativa el que un economista, por ejemplo, tenga que optar entre perder el seguro o trabajar de almacenista. Lo peor, sin embargo, es que los trabajadores con menor cualificación profesional tendrán muchas dificultades para asentarse en una carrera profesional definida: si tienen suerte, podrán saltar de uno a otro tipo de trabajo con escasas posibilidades de promoción en ninguno. Con ello parece renunciarse definitivamente a que el Inem se convierta en una agencia pública de empleo.
En lugar de ayudar a los parados a colocarse, el Inem va a ejercer de tribunal sumario para trasladarlos del paro con cobertura al paro a secas.
Por último, el decreto-ley hace desaparecer el compromiso empresarial de creación de empleo neto que anteriormente existía para tener derecho a las bonificaciones ligadas a la contratación. A partir de este momento, las subvenciones y bonificaciones no estarán condicionadas al aumento de plantilla, sino al hecho en sí de la contratación. Se suprimen asimismo las ayudas a la incorporación de trabajadores minusválidos al trabajo, agravando su marginación.
Como se puede comprobar, el endurecimiento de los requisitos a los parados cambia de signo cuando de otorgar subvenciones a los empresarios se trata.
Este asalto al sistema de protección al desempleo que se pretende consumar en España tampoco encuentra justificación en la comparación con la Comunidad Europea. El gasto por persona desempleada es en nuestro país el 77% de la media comunitaria. De los 12 países comunitarios, siete tienen protección indefinida, bien a través del sistema asistencial de desempleo, bien basándose en otras fórmulas de garantía de rentas o de salario social. En muchos países, los jóvenes demandantes de primer empleo tienen derecho a un subsidio. Existen además otros mecanismos de protección adicionales a los del desempleo, tales como ayudas familiares, ayudas de alojamiento, asistencia social, que aquí son prácticamente inexistentes o simbólicos.
El objetivo real de estas medidas (rebajar la cuantía y la duración de las prestaciones, obligar al parado a aceptar cualquier empleo) no es otro que el crear unas condiciones más adecuadas para estimular a los desempleados a que busquen trabajo, ya que, según la doctrina neoliberal que siguen a pie juntillas sus autores, el subsidio fomenta la pereza.
En España ya sabemos que esta estrategia no funciona: desde hace tiempo tenemos un millón y pico de parados que no tienen ninguna protección, bien porque son demandantes de primer empleo y no tienen derecho al no haber cotizado, bien porque son parados de larga duración y ya han agotado todas las prestaciones. Según esa teoría, debieran estar imbuidos de un estímulo total. Sin embargo, siguen desempleados. Se puede opinar que algunos hayan nacido para parados, pero lo más racional sería pensar que en realidad no encuentran empleo porque sencillamente no hay suficientes puestos de trabajo en nuestra economía, ni siquiera esos empleos-basura a los que se les quiere reconducir. Tampoco tienen formación adecuada ni, desde luego, una agencia pública de colocación capaz de orientarles, formarles y ayudarles a buscar empleo.
Virtudes neoliberales
J. K. Galbraith, refiriéndose a la política de Reagan, señala en uno de sus últimos libros publicados en España, no sin sarcasmo, las virtudes de esta doctrina neoliberal que concibe los estímulos económicos de una manera tan asimétrica: para incentivar el esfuerzo económico de los ricos hay que asegurarles más dinero a través de ayudas de todo tipo y ventajas fiscales; en cambio, para motivar a los pobres al trabajo, lo conveniente es aumentar su grado de necesidad y de pobreza.
Este decretazo constituye un profundo giro, un auténtico cambio de modelo en nuestro sistema de protección social. Se profundiza así el camino hacia lo que Solchaga ha definido como Estado de bienestar básico. Es decir, frente al Estado de bienestar socialdemócrata, un subproducto del Estado mínimo defendido por los conservadores en los últimos 15 años.
El decreto es, además, el buque insignia de otras medidas ya claramente definidas (inhibición del Gobierno en la crisis que afecta a nuestra industria, recorte del derecho de huelga) o reiteradamente anunciadas (recorte e introducción de elementos privatizadores en la sanidad pública, desregulación laboral, abandono y privatización del sector público empresarial), que se quieren llevar adelante utilizando el nombre de España en vano, y que, en su conjunto, constituyen la mayor ofensiva neoliberal que se produce en nuestro país desde el plan de estabilización de Miguel Boyer en 1984, teniendo la actual arremetida muchísimo mayor calado.
Si alguien cree que en cualquier país comunitario, ante un paquete de medidas de este tipo, sus sindicatos no hubieran reaccionado con el mayor rechazo y contundencia es que conocen poco los sindicatos y la realidad europea. De hecho, ningún Gobierno europeo ha presentado medidas como éstas.
En los días inmediatamente posteriores a la promulgación de la norma que aquí comentamos, una delegación de parlamentarios alemanes visitó nuestro país. Entre sus múltiples contactos, se reunieron con UGT. Un sindicalista no resistió la tentación de preguntarles qué sucedería en Alemania si de la noche a la mañana se establecieran medidas de estas características por decreto. La respuesta de uno de los miembros de la delegación, representante de la fracción liberal, fue muy clara y contundente: sería el suicidio del Gobierno. Aquí, en cambio, diversos bienpensantes consideran que los suicidas son los sindicatos por oponerse a las agresiones. Ciertamente, los españoles somos diferentes, pero dudo que lo seamos tanto.
José María Zufiaur es secretario confederal de UGT.
