23 días de suciedad

Ninguna mediación ha logrado que sindicatos y patronal lleguen a firmar un convenio después de 23 días con la suciedad acumulándose en el metro y en el aeropuerto de Barajas. Lo intentaron la directora provincial de Trabajo, Encarnación Cazorla; el inspector de Trabajo Eduardo Urgorri, y el mismo delegado del Gobierno, Segismundo Crespo. Al final ha sido el Consejo de Ministros el que ha intervenido.Patronal y sindicatos acercaron sus posiciones en la recta final del conflicto, pero no lo suficiente. Han sido las diferencias en torno al plus de transporte, un concepto que no cotiza en la Seguridad Social, las que han obstaculizado el acuerdo.

La última petición de los trabajadores fue un aumento lineal de 8.500 pesetas, 7.500 sobre el salario base. La oferta final de los empresarios suponía un incremento de 7.000 pesetas (un 9,6% sobre los sueldos más bajos del sector), 4.800 sobre el salario base. Al comienzo de la huelga los trabajadores pedían una subida de 15.000 pesetas y la patronal ofertaba un incremeto del 7,4%: El salario medio de un limpiador es de 68.200 pesetas brutas en 15 pagas.

La presidencia de la patronal Aelma, que agrupa a 150 de las 1.500 empresas del sector en Madrid, no ha llegado a sentarse en una misma mesa con los trabajadores durante este largo conflicto. Su participación ha quedado delegada siempre en dos técnicos. La patronal justificó su ausencia de la última reunión, el martes, por la actitud de los sindicatos.

La alarma sanitaria creada en el metro llevó a la dirección a repartir mascarillas y guantes a sus empleados, a cerrar los puestos expendedores de alimentos, a usar raticida y a paralizar las obras de las estaciones. Las empleadas embarazadas fueron dadas de baja.

Colegios cerrados

Casi 60 colegios de Alcorcón, Parla, Móstoles y Fuenlabrada cerraron por la acumulación de basura. En los hospitales el paro no tuvo apenas incidencia.

Durante la huelga, los limpiadores del metro y Barajas vaciaban papeleras y ceniceros y recogían restos orgánicos, pero no barrían ni retiraban los residuos cada 72 horas, como obligaban los servicios mínimos fijados por la Delegación del Gobierno.

El 6 de abril, el delegado del Gobierno envió escolta a los trabajadores contratados para adecentar el aeropuerto, lo que terminó con una carga policial y protesta sindical. En los últimos días el delegado amenazó con pedir la intervención del Ejército, sin que llegase a ser necesario.