Libia pierde en La Haya el 'caso Lockerbie'

ISABEL FERRER El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya resolvió rechazar ayer, por 11 votos contra cinco, la petición de Libia de que se adopten medidas cautelares en el caso Lockerbie. Trípoli esperaba frenar con ellas la aplicación de las sanciones que le han sido impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que comenzaban a entrar en vigor hoy a las seis de la madrugada, hora libia. La Corte considera que la ONU ya ha debatido el contencioso que enfrenta al Gobierno del coronel Muammar el Gaddafi con Estados Unidos y el Reino Unido, y aduce que aquélla es la instancia adecuada para resolverlo.

Para el representante libio, Mohamed Sharaf Edin Alfarturi, por el contrario, el quinteto favorable a las tesis de su país, que incluye a Argelia, "muestra que el mundo árabe está unido y no desea que un día el orden mundial se transforme en la ley de la jungla".Concluida la lectura de la resolución del Tribunal, Alfarturi, que es además embajador de Libia en Bruselas, dijo que La Haya era libre de expresar su opinión, "pero ha estado sometida a fuertes presiones externas, las cuales han forzado la presente decisión". Los otros cuatro jueces que se manifestaron en pro de las tesis libias representaban a Nigeria, Madagascar, Sri Lanka y la propia Trípoli a través de un jurista nombrado expresamente para este caso.

Libia solicitó el pasado 3 de marzo la mediación del Tribunal de La Haya ante el temor de sufrir un ataque militar de Washington y Londres que la obligara a entregar a los dos sospechosos de haber volado un avión de la Pan Am sobre la localidad escocesa de Lockerbie en 1988 causando la muerte de 270 personas.

Aceptar y aplicar

La postura de los otros 11 jueces fue explicada con gran calma por el japonés Shigeru Oda, presidente en funciones de la Corte tras la retirada del británico sir Robert Jennings. Este último no ha querido ser juez y parte dada la presencia de su país en el caso. Oda argumentó que las tres partes enfrentadas ya habían discutido el contencioso en Naciones Unidas, "y como miembros de la ONU están obligados a aceptar y a aplicar las decisiones de su Consejo de Seguridad, tal y como prescribe el artículo 25 de su Carta". Se refería a la resolución 731, del pasado enero, sobre la entrega de los agentes libios a Estados Unidos, Reino Unido o Francia, y a la 748, del pasado 31 de marzo, que reforzaba la exigencia de la anterior con la aplicación de sanciones contra Libia. [Una reunión de última hora del Consejo de Seguridad celebrada ayer, concluyó, tras apenas una hora de deliberaciones, que las sanciones se llevarán adelante según lo previsto, informa Reuter].

"El artículo 103 de la Carta señala además que dicha obligación prevalece, en caso de conflicto, sobre cualquier otro acuerdo internacional. Y, por tanto, este tribunal no está en disposición de ejercer su poder", concluyó el presidente. De este modo, y aplicando el texto fundacional de la ONU, el Tribunal de La Haya justificó su inhibición en el caso Lockerbie.

Para el juez que representaba a Sri Lanka, la decisión de la Corte constituye una oportunidad perdida dado el carácter excepcional del caso. "Es la primera vez que la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad de la ONU han sido invocados por unas partes que se oponen ante un mismo caso. Ello presenta situaciones novedosas que habría que examinar a la luz de los poderes de ambas instancias, La Haya y la ONU", señaló.

Con la resolución de ayer, el caso Lockerbie no desaparecerá, sin embargo, del Tribunal de La Haya. Dada la presunción de inocencia de los dos sospechosos libios, sus jueces tendrán que decidir si la demanda de extradición interpuesta por Washington y Londres es o no legal. Y si Trípoli puede juzgar con equidad a sus dos agentes. Esta última decisión puede tardar varios años en adoptarse.