El 'caso Casinos'

EL CASO de Casinos de Cataluña, recientemente replanteado ante los tribunales, suscita tres órdenes distintos de problemas: la cuestión política del presunto desvío irregular de dinero negro desde una empresa explotadora de los tres únicos casinos abiertos en Cataluña hacia el aparato financiero de un partido político (Convergència Democràtica, CDC); la labor de vigilancia de un Gobierno (el de la Generalitat) sobre una empresa concesionaria de juego, y las prácticas de un querellante insólito, Jaime Sentís, ex director financiero de la empresa Casinos de Cataluña.Si ha habido efectivamente o no desvío ilegal de recursos financieros hacia miembros del aparato financiero de CDC y si este presunto flujo benefició a personas concretas o constituyó un mecanismo de financiación irregular del partido, corresponde establecerlo al juez, que ha iniciado una seria investigación. Desde el punto de vista político, el partido de Jordi Pujol ha defendido que ése no es un asunto para discutir ante una campaña electoral, y los socialistas han venido a apoyarle por su doble pretensión de no entrar en una dialéctica entre casos de presunta corrupción (Filesas y Renfes contra Casinos) y de no abordar otras elecciones en un clima de crispación general, que no les favoreció en el pasado. Con ello, la actuación parlamentaria ha quedado pendiente para después de las elecciones autonómicas.

Aunque discutible -precisamente las convocatorias electorales exigen la máxima transparencia y ofrecen al ciudadano la posibilidad de evaluar con su voto la confianza en una gestión-, esta conclusión tiene algunos argumentos a favor: un Parlamento cerrado dificilmente puede abordar las derivaciones políticas de un asunto como éste. Sin embargo, el aplázamiento de la tarea parlamentaria no debiera servir como acicate para la inhibición de la Administración autónoma en una competencia ineludible e inaplazable: el control del ingreso de los impuestos derivados del juego en la tesorería de la Generalitat. El caso es que la empresa Casinos de Cataluña y su antiguo director financiero Jaime Sentís se han acusado mutuamente de haber desviado fondos de la empresa. ¿Han repercutido esas presuntas desviaciones en una minoración de la aportación de la concesionaria de casinos en concepto de tasa de juego, que constituye una de las fuentes de financiación de la Generalitat? Nadie ha ofrecido seguridades a los ciudadanos sobre este aspecto de la cuestión, y no parece que la respuesta a la misma deba esperar también a la discusión parlamentaria. De otra parte, el ciudadano merece explicaciones sobre una derivación no menos importante: la transparencia y repercusiones del mismo en la concesión de la administración de las loterías autonómicas catalanas a una empresa, como es el caso de Luditec, fuertemente participada por Casinos.

En tercer lugar hay que dejar constancia de la insólita conducta del querellante, Jaime Sentís. El ex director financiero de Casinos interpuso hace dos años una querella; desistió de la misma después de haber obtenido una compensación multimillonaria, y con ésta bajo el brazo se fue al extranjero. Agotado, al parecer, el dinero, vuelve ahora y traslada al juez los documentos que antes debió haber entregado. Si estas conductas constituyen o no una obstaculización de la labor de la justicia o pertenecen o no al mundo del chantaje es, también, un extremo que debiera sustanciarse. Naturalmente que estas extrañas actuaciones no han conducido al juez a menospreciar aquello que de verdad pueda haber en su testimonio y en los documentos aportados, sino a extremar la tarea de cerciorarse sobre su exactitud y su alcance.