Condenado a 10 meses el militar que mató a un cabo con su Cetme en una cacería
El juez Eduardo López-Palop ha condenado a 10 meses de cárcel por un delito de imprudencia temeraria al sargento del Ejército Modesto Redondo Gil, acusado de matar con su Cetme a un cabo cuando participaba en una batida nocturna de jabalíes.
El homicidio se produjo durante unas maniobras militares desarrolladas hace tres años en el término municipal de Hoyos de Manzanares.El juez, titular del Juzgado de lo Penal número 18, declara probado que Redondo, del Regimiento de Infantería Mecanizada Saboya número 6, con base en Colmenar Viejo (Madrid), "salió de caza en la noche del 6 de mayo de 1988, acompañado por el capitán médico José Antonio González y el también capitán Ignacio Mayanadía, para realizar una batida de jabalíes", y que, durante la cacería, disparó sobre unos matorrales que se movían creyendo que se trataba de una presa. Sin embargo, detrás de esos arbustos estaban el cabo y dos soldados más.
La víctima, de 20 años, es Ángel Cabrera Vázquez. El juez ha condenado también a Redondo a indemnizar con ocho millones a los familiares del cabo, que recibió el impacto en la cabeza.
Los tres mandos llevaron a la cacería su respectivo Cetme, a pesar de que "no tenían autorización" para cazar. La batida la realizaron dentro del perímetro acotado para las maniobras. La sentencia considera que el acusado "no guardó una mínima precaución" antes de disparar.
En el juicio, celebrado el pasado mes de enero, el sargento dijo que, antes de disparar, al observar el movimiento de los matorrales, gritó: "¿Quién hay ahí?", y que nadie respondió. Los dos soldados que estaban con el cabo negaron, por su parte, haber escuchado tal grito. "De pronto vimos un foco de luz [de una linterna] y en seguida escuchamos el disparo", dijeron al juez.
Indemnización
El abogado particular de la familia del cabo reclamó al juez en el juicio, celebrado el pasado mes de enero, una indemnización de 20 millones de pesetas y que declarara al Ejército responsable civil subsidiario en caso de que se demostrase la insolvencia del procesado.
El juez López-Palop, sin embargo, ha desestimado esta petición por considerar que el sargento actuó a título personal y que no estaba autorizado a ir de cacería por sus mandos. El juez asegura que él tampoco tenía permiso de sus superiores para utilizar un Cetme en ese menester.
El fiscal pidió al juez durante la vista que impusiera al procesado una pena de un año de privación de libertad y que indemnizara a los familiares con siete millones de pesetas. El abogado defensor reclamó la libre absolución por no apreciar intencionalidad en la acción de su cliente.
Por su parte, el acusador privado exigió que la pena fuese de dos años, y la indemnización, de 20 millones de pesetas. El sargento procesado, sin embargo, no irá a la cárcel por carecer de antecedentes penales.
