Un fotógrafo sobre el asfalto
HOY HACE dos años que el joven fotógrafo español Juantxu Rodríguez, colaborador de EL PAÍS, caía abatido por las balas de los soldados norteamericanos que, en violación de las normas del derecho internacional, acababan de invadir Panamá. En este tiempo, las autoridades norteamericanas se han negado en redondo a investigar una muerte que de ningún modo puede considerarse como una acción de guerra. En la muerte del fotógrafo español concurrieron circunstancias que hacen plantearse los más diversos interrogantes, puesto que quienes dispararon sabían que no lo hacían contra soldados panameños, de los que no había ni rastro en el entorno, sino contra un grupo de fotógrafos de prensa plenamente identificados.La inmunidad con que las leyes norteamericanas amparan a su Ejército frente a cualquier reclamacion penal o civil relacionada con sus incursiones bélicas fuera de las fronteras estadounidenses adquiere en la muerte injustificada de Juantxu Rodríguez los rasgos de la más sangrante impunidad. Consentir esa injusticia equivaldría a aceptar que la fuerza y la arbitariedad sean los principios rectores del orden jurídico internacional.
Pero no sólo no ha habido investigación y, por ende, posibilidad alguna de castigar a los autores de la muerte de Juantxu Rodríguez. Las autoridades norteamericanas tampoco han accedido a otorgar reparación económica alguna a los familiares del fotógrafo español. Si la muerte de Juantxu Rodríguez fue al menos un trágico error, como reconoció en su momento la revista Time, lo coherente hubiera sido que el Ejército norteamericano u otra instancia oficial hubieran respondido de su comisión con una indemnización adecuada. La única vía que queda abierta ahora es la reclamación oficial del Gobierno español al de EE UU. Ya no hay motivo para que el Gobierno español se inhiba de actuar diplomáticamente en el caso, una vez que se ha agotado la vía interna dala justicia norteamericana. Aunque estuviera condenada al fracaso, tal iniciativa es legal y moralmente obligada. El Estado español no puede permanecer pasivo cuando se atenta contra los derechos e intereses legítimos de sus ciudadanos. Dos años después seguimos recordando a Juantxu.
