Sobre la oportunidad y necesidad del mecenazgo

La importancia y trascendencia que los sistemas democráticos confieren a la cultura como expresión de los aspectos más profundos de la persona y factor impulsor del desarrollo social tiene fiel reflejo en los modernos textos constitucionales. Así, la Constitución española de 1978 eleva el derecho a la cultura a la categoría de principio rector de la política social y económica, exigiendo a los poderes públicos la generalización del acceso a la misma de todos los ciudadanos. De esta manera se sitúa este derecho al mismo nivel que otros tan fundamentales como el derecho a la educación o a la salud. La cultura se entiende, no ya como algo inmaterial, sino como servicio público.En el cumplimiento de este mandato, los poderes públicos no pueden limitarse al desarrollo de funciones ya tradicionales tales como la creación y mantenimiento de infraestructura cultural o la conservación del patrimonio histórico, sino que, además, han de actuar directamente respecto a aquellas manifestaciones a las que, por su envergadura o rentabilidad económica, la iniciativa privada no acude y, no obstante, revisten un claro interés social. Esta línea de actuación de las diferentes administraciones ha hecho que la evolución de la vida española durante la última década se haya caracterizado por la progresiva ampliación de la oferta cultural y la creciente demanda de bienes culturales.

Pero el derecho a la cultura no se agota en el acceso de todos los ciuddadnos a los bienes culturales, sino que obliga a los poderes públicos a crear las condiciones para el desarrollo en libertad de la creación artística y para su máxima difusión.

También a lo largo de esta última década, los foros europeos han sido escenarios de un largo y complejo debate sobre la financiación pública o privada de la cultura. El crecimiento sostenido de la demanda cultural a que hacíamos referencia, tanto en España como en los países de nuestro entorno, no ha ido, por lo general, acompañado por un aumento proporcional de los presupuestos públicos culturales. Existe además una preocupante tendencia, en épocas de recesión económica, a iniciar el recorte por los departamentos culturales, quizá porque no está totalmente erradicado, ni siquiera de las mentalidades de los políticos más progresistas, el prejuicio de considerar la cultura como una especie de lujo.

Y, sin embargo, no existe ningrun sector cultural importante que no dependa, en mayor o menor grado, de la financiación pública. Los museos, las bibliotecas, el teatro, la música, o son financiados íntegramente por las administraciones públicas o necesitan importantes subvenciones. Asimismo en la dinamización de la cultura es decisiva la actuación de la Administración.

Esta situación conlleva un claro desequilibrio entre sector público y privado y, en consecuencia, la política cultural ha de propiciar el fortalecimiento económico de la industria privada, salvaguardando la autonomía de la cultura y la libertad de creación y producción artísticas. Se trata además de definir la fórmula adecuada para coordinar y completar los sistemas públicos y privados de financiación de la cultura.

Democratizar la cultura

Pero la llamada de los poderes públicos a la colaboración de la sociedad no se justifica sólo en términos estrictamente económicos, sino también, y más prioritariamente, por las preocupaciones de avanzar en la de democratización de la cultura. Además de asegurar el acceso de los ciudadanos a los bienes y servicios públicos culturales, se pretende fomentar sus propias iniciativas en este campo e implicarles en el desarrollo de los proyectos culturales de interés general.Por todo ello, el Gobierno se ha planteado la necesidad de crear incentivos fiscales para fomentar la participación privada en actividades de interés general, a partir de la experiencia obtenida en la aplicación de medidas dispersas contenidas, fundamentalmente, en leyes promulgadas en estos últimos años (como las del patrimonio histórico español, de los actos conmemorativos de 1992, de publicidad y de entidades carentes de fines de lucro).

El objetivo es reforzar la participación de asociaciones, fundaciones y empresas en la promoción de la cultura, mediante el desarrollo de sus propios proyectos y la colaboración de la sociedad en general en la realización de los proyectos de las administraciones públicas, así como dar respuesta al creciente interés de las empresas por utilizar el hecho cultural como elemento de comunicación con su entorno social.

Pese al mandato constitucional y a todo lo reconocido en foros internacionales europeos, en nuestro país algunos sectores conservadores, que todavía confunden la acción pública en cultura con la censura o el dirigismo oficial, proclaman la abstención de los poderes públicos en este ámbito, en aras de una retórica defensa de la libertad de expresión y de la iniciativa privada, al tiempo que pretenden reducir el gasto público a costa de la organización y el funcionamiento de los servicios públicos culturales.

Sus argumentos son falaces, porque, en una sociedad democrática, que se asienta sobre la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, la libertad del artista para crear y de la sociedad para conocer y disfrutar de esa creación artística resulta coartada por los intereses económicos que confluyen en la producción cultural. En mi opinión, no se trata tanto de cuestionar la intervención pública en el ámbito cultural, por entender que la verdadera garantía de la autonomía cultural reside en la existencia de la más amplia pluralidad de iniciativas y de fuentes de financiación, como de que exista una mayor iniciativa privada en beneficio del pluralismo cultural y de allegar recursos privados para la realización de proyectos públicos como financiación complementaria. En nigún caso el mecenazgo privado debe sustituir ni la iniciativa pública ni los recursos públicos

La ley de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, más conocida como la ley del mecenazgo, ha de interpretarse como un instrumento más para movilizar y coordinar los recursos financieros y establecer unas reglas de juego a fin de que la coexistencia de la iniciativa pública y privada sea armoniosa, coherente y eficaz para el desarrollo y enriqqecimiento cultural de nuestra sociedad.