El fiscal de Perú acusa al ex presidente Alan García de enriquecimiento ilícito

El ex presidente peruano Alan García ha sido acusado oficialmente de enriquecimiento indebido en perjuicio del Estado, en lo que es un caso sin precedentes en la historia de la república peruana, que amenaza con sentar al antiguo primer mandatario en el banquillo como un delincuente cualquiera. García niega estar implicado en ilegalidades y ha acusado al fiscal del Estado, quien ha decretado la apertura de un proceso, de actuar siguiendo instrucciones de sus enemigos políticos. El presidente del Tribunal Supremo, Roger Salas, ha de decidir ahora si el caso sigue adelante.

Alan García fue presidente de 1985 a 1990 y fue acusado el mes pasado en el Parlamento peruano de desfalcar del orden de 40 millones de pesetas y de otros presuntos delitos por los que en octubre se le levantó la inmunidad de que gozaba como senador vitalicio. El fiscal del Estado, Pedro Méndez, última instancia decisoria sobre la pertinencia o no de abrir un proceso judicial, ha decidido sentar en el banquillo a García tras casi un mes de estudio del expediente de alrededor de 6.000 páginas que le remitiera el Congreso. Una declaración oficial de las fiscalía dice que Méndez ha decidido acusar al ex presidente García de enriquecimiento indebido a costa de los presupuestos del Estado, sin dar más detalles.Un ayudante del fiscal dijo que no se acusaba al ex presidente en relación con la quiebra del Banco de Crédito y Comercio Industrial (BCCI), en el que el banco central peruano depositó 270 millones de dólares, presuntamente tras sobornar con 3,6 millones a diversos altos funcionarios, y en el que también se quiso implicar a García.

Venganza política

Alan García se apresuró a comentar la decisón del fiscal, que presentó en cierta medida como una victoria propia dada la vaguedad de la acusación. Según él, Méndez ha cedido ante las presiones de los otros partidos políticos, "que han convertido la venganza y el odio en un arma política". El ex presidente dice que la decisión de la fiscalía es fruto del temor de sus enemigos políticos a que el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), su partido, de idelogía de centro izquierda, vuelva a gobernar.Además de destacar que no se le relaciona con el BCCI, García hizo hincapié en que el fiscal ha desechado las denuncias sobre su presunto control de cuentas bancarias en el exterior y que cometiera algún delito en la compra de aviones Mirage a Francia.

El eventual juicio de García depende ahora del dictamen del presidente del Tribunal Supremo, cuya independencia y objetividad suscita dudas entre algunos parlamentarios, pues fue nombrado por el propio García, de quien fue profesor en la universidad. "Estoy seguro de que el Tribunal Supremo probará la falta de fundamento de las acusaciones y que se hará justicia", sentenció García.

García, de 42 años, se ha convertido en el primer ex presidente de Perú en ser puesto en manos de la justicia común por la existencia de indicios de acción delictiva, hecho ocurrido a los 16 meses de haber concluido un mandato en el que se estrenó como el presidente de la esperanza.

García fue un populista que se convirtió en una figura conocida en todo el mundo, en especial cuando sorprendió a la comunidad financiera internacional al decidir en 1985 limitar el pago de la deuda externa peruana y se negó a tratar con el Fondo Monetario Internacional. Su retórica y prácticas antiimperialistas entraron en barrena dos años más tarde, cuando intentó nacionalizar la banca y se le echó encima la comunidad empresarial peruana al tiempo que el país se sumía en una profunda recesión económica. Tras cinco años de hiperinflación y de una cada vez más virulenta guerra con la guerrilla de Sendero Luminso, Garcío dejo la presidencia en julio de 1990 casi en estado de bancarrota política.

Las encuestas muestran que que la mayoría de los peruanos cree que García incurrió en corruptelas durante su mandato, pero dudan que el presente caso llegue a alguna conclusión.