El Congreso ha tardado cuatro años en contestar a las denuncias sobre puntos de venta de droga

El Congreso de los Diputados se ha tomado más de cuatro años para responder a la Coordinadora de Barrios, que el 3 de marzo de 1987 le presentó la primera lista de 22 puntos de venta de. droga en la capital de España. Luego seguirían cuatro más (unos 200 puntos denunciados en total). Se pedía que la Administración tomase medidas "para acabar con la impunidad del narcotráfico". La Cámara remitió la documentación el pasado 16 de abril a la Comunidad de Madrid, y Leguina ha contestado que las denuncias no eran de su competencia.

El 3 de marzo de 1987, Enrique de Castro, en representación de la Coordinadora de Barrios de Madrid, presentó en el registro de la Cámara una relación de 22 puntos de venta de droga en Madrid. La carta decía que la coordinadora "descubre cómo desde hace años la venta de heroína, cocaína y otro tipo de drogas se efectúa en dichos barrios de una manera estable, desde pisos, bares, pubs y puntos concretos de la vía pública, sin que los vendedores y traficantes sean molestados por la policía, salvo en contadas ocasiones". "Hay policías que se han inyectado cocaína o heroína delante de los propios chavales a quienes han quitado la sustancia. Hay policías que venden la droga sustraída. Hay policías que ofrecen heroína o cocaína en la propia comisaría a cambio de servicios prestados". El escrito incluía dos casos de corrupción policial.En los siguientes escritos, presentados durante marzo de ese mismo año, se revelaban unos 180 puntos más. Al tiempo, el Sindicato Profesional de Policía manifestaba que la actuación de la coordinadora se debía a "una ignorancia supina o mala fe". La entonces delegada del Gobierno en Madrid, Ana Tutor, reprochó a la coordinadora que hubiera entregado en el Congreso las listas sin comunicárselo antes. Sus integrantes contestaron que no confiaban en ella. Agustín Rodríguez Sahagún, portavoz del CDS -en plena precampaña electoral- denunciaba entonces ante el juzgado de guardia estos puntos de venta de droga.

Pues bien, cuatro años y siete meses después, aquella espectacular acción ha caído en saco roto, según asegura Enrique de Castro. El Congreso, a través de la Comisión de Peticiones, ha tardado cuatro años y un mes en contestar aquella denuncia. La citada comisión se encarga de desviar las peticiones de los ciudadanos a la administración que considere la más competente, y finalmente decidió que debía ser el Gobierno regional.

Ida y vuelta

El presidente del Congreso envió el pasado 16 de abril un escrito a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. El secretario general técnico de la Consejería de Integración Social, Fernando Manzano San José, informó a Joaquín Leguina el 24 de abril de que su consejería "no dispone de competencias en ninguna de las materias objeto de petición", y propone que "se indique que las citadas peticiones no corresponden a la Comunidad de Madrid". El 14 de mayo, Leguina remite la documentación al Congreso. Los escritos acabaron de nuevo en la Comisión de Peticiones.

En cuanto a la denuncia formulada por Rodríguez Sahagún, fue remitida al Juzgado número 14 de Madrid. "No nos llamaron nunca a declarar", afirma Enrique de Castro. Además, asegura, "nos llovieron las querellas". De los 12 procedimientos, todos se han archivado, salvo uno.

De Castro asegura que nada ha cambiado desde entonces. "Algunos de aquellos puntos de venta -dirigidos en su mayor parte por payos- cambiaron su ubicación. La connivencia policial continúa, y ahora se vende más droga en la periferia", afirma. Carlos Revilla, del CDS, vocal de la Comisión de Peticiones del Congreso, aseguró ayer que el asunto será debatido de nuevo en la próxima reunión de la comisión. Según este diputado, el Ministerio del Interior contestó con un informe de 26 folios en julio de aquel año. "Alguno de los destinatarios de la denuncia, como portavoces de grupos parlamentarios, debió de reactivarla, y por eso se está tratando ahora", aseguró.