El fiscal no ve delito en pagar con fondos municipales a abogados privados

El fiscal de la Audiencia de Burgos ha calificado de "escasamente ético y posiblemente ¡lícito", pero no de delictivo, el pago de más de ocho millones de pesetas, con cargo a fondos municipales, a dos abogados que defienden al alcalde de Burgos, José María Peña San Martín, y a los tenientes de alcalde José María Codón Herrera y Manuel Muñoz Guillén en el llamado caso de la construcción.

Como consecuencia del pago de esta cantidad a los abogados Gonzalo Rodríguez Mourrullo y Luis Rodríguez Ramos, el juzgado de instrucción número 4 de Burgos abrió un procedimiento por si los responsables municipales hubieran incurrido en un delito de malversación de caudales públicos.El fiscal señala en su resolución que en el presente caso se ha producido "una aplicación de caudales públicos a una finalidad sin lugar a dudas privada", ya que los letrados fueron "contratados particularmente por los señores Peña, Codón y Muñoz" al no constar, añade el fiscal, "acuerdo municipal alguno por el que se resolviera la contratación de los mencionados letrados por el Ayuntamiento".

Sin embargo, el fiscal considera que "una aplicación de caudales públicos a una finalidad privada" no puede incardinarse dentro del delito de malversación aunque el hecho sea "posiblemente ilícito desde un punto de vista distinto al jurídico penal". En consecuencia, el fiscal solicita el sobreseimiento.

Acusación

Por su parte, las asociaciones de vecinos que acusan al alcalde y a los ediles en el caso de la construcción entienden que la conducta de los nueve concejales de Solución Independiente -el grupo del alcalde, ahora encuadrado en el PP- que decidieron pagar con fondos municipales los honorarios equivale de hecho a una "sustracción de caudales públicos", delitos por los que piden 20 años de cárcel para cada uno.El denominado caso de la construcción de Burgos hace referencia a supuestas irregularidades urbanísticas cometidas por los responsables del Ayuntamiento burgalés, de las que resultó presuntamente beneficiado el constructor Antonio Miguel Méndez Pozo.

Los delitos que aparecen relacionados son los de prevaricación y falsedad de documento público en relación con la concesión de unas licencias de construcción.