Un auténtico problema social

El Gobierno va a facilitar la regularización fiscal de aquellos que incumplieron con sus obligaciones tributarlas. Las razones manifesadas para esta nueva oportunidad serían básicamente tres:1. La inmediata liberalización de los movimientos de capital en el marco de la CE y la reforma del tratamiento fiscal de las plusvalías y otras fuentes de renta generadoras de dinero negro.

2. La existencia de unstock de dinero negro estimado en cerca de 10 billones de pesetas que disel normal funcionamiento del sistema económico y financiero; baste pensar en las dificultades para el control de las variables monetarias o la injustificada elevación de los precios de los inmuebles.

3. El agotamiento de un modelo basado en el cumplimiento forzoso y forzado de las obligaciones tributarlas bajo la amenaYa de severas sanciones y el intento de sustitución por otro basido más en el cumplimiento voluntario y espontáneo.

La regularización se va a instrumentar ofreciendo dos vías alternativas a los interesados en ella. Una consistente en presentar declaraciones complementarias entre junio y diciembre de este año con la ventaja de no abonar intereses de demora y eximir de garantías si se aplaza el pago de la deuda. La otra consiste en colocar el dinero negro en una emisión especial de deuda pública que sustituirá a los pagarés del Tesoro y forales, con una rentabilidad del 2%, no transmisible y con vencimiento a seis años, con la ventaja de no tributar durante este periodo ni por su afloración. Ambas se acompanan con la presunción de que las posibles rentas descubiertas por la inspección corresponderían capitales regularizados. Para facilitar la medida, a partir del próximo año las declaraciones complementarias llevarán un recargo del 50% o 100%.

Los beneficios y costes de una u otra opción son claros y fácilmente cuanti icables para cada interesado en función de las cantidades afloradas, las rentas declaradas y los años en que se obtuvieron. Ahora bien, el valorar las ventajas individuales de esta regularización obliga también a contemplar dos factores adicionales: de un lado, la posibilidad ya existente de aflorar como mcremento no justificado de patrimonio siempre que el dinero no hubiera dejado rastro desde su obtención y, por otro, que el ahorro final resultante será en la práctica mayor si se hubieran incumplido otras obligaciones por IVA, transmisiones o sucesiones y donaciones, aunque legalmente no les alcance la regularización. Por su parte, el endurecimiento de las complementarias a partir de 1992 contribuirá al éxito de la medida, pero su mantenimiento en el futuro sería cuestionable por dos razones: anularía en gran parte el efecto inducido o multiplicador de la inspección ante el descubrimiento de nuevas bolsas de fraude y, de otra, siempre sería preferible cumplir con retraso a no cumplir las obligacíones fiscales. dedicación y la existencia de paraísos fiscales siempre dispuestos a recibir capitales sin interesarles su procedencia. Los poderes públicos tampoco son ajenos al fraude: con una Administración tributarla necesitada de sacudirse la pesada carga burocrática que ahoga sus propios esfuerzos, con un sistema judicial arcaico, lento y poco sensible al fraude fiscal, con unos poderes autonómicos y locales más Interesados en pedir del presupuesto estatal que en colaborar a su Financiación... Todo ello conduce a que el fraude sea percibido más como una cuestión personal del defraudador frente a la inspección de Hacienda que como un auténtico problema social y político.

Control de las plusvalías

Sin embargo, resultaría capcioso ignorar los esfuerzos y los avances conseguidos en la lucha contra el fraude. En la vertiente legislativa, con medidas orientadas hacia un mayor control de las plusvalías y los rendimientos del capital o las anunciadas reformas de la estimación objetiva y el delito Fiscal. En el ámbito administrativo, mediante la informatización de los procedimientos, la información y la identificación de contribuyentes, el descubrimiento de importantes bolsas de fraude tales como facturas falsas, cesiones de crédito, primas únicas..., o la reciente creación de la Agencia Tributarla.

Con todo, el éxito o el fracaso de la anunciada regularización fiscal no dependerá sólo de las ventajas ofrecidas respecto a las actuales posibilidades de aflorar dinero negro, ya que ambas comportan un coste perfectamente cuanti icable, sino especialmente del riesgo futuro en mantener la opacidad fiscal. En el mejor de los casos alcanzaría a regularizar el fraude del pasado reciente, pero el sistema continuará generando importantes flujos de rentas ocultas que cada cinco años se blanquean automáticamente por el fenómeno de la prescripción y sin coste alguno. Las causas del fraude son mucho más profundas que el actual coste de presentar declaraciones complementarias, y sólo actuando sobre ellas se podría evitar que los presupuestos públicos sigan nutriéndose de la rentas del trabajo, el consumo privado y la propiedad inmobiliaria. Lo cortés no quita lo valiente.

es economista e inspector de Finanzas del Estado.