El patrimonio de la información
Comprendo y comparto la preocupación de Fernando Savater (EL PAÍS, 11 de mayo) por defender el derecho a la intimidad de los hombres públicos. Un derecho que es por su misma naturaleza inalienable, garantizado por la Constituci,5n, aunque desgraciadamente haya sido tratado tantas veces como fungible, tiene que ser defendido frente a la curiosidad insaciable de vecinos y periodistas. No es posible la convivencia sin la privacidad personal. Los cazadores furtivos que violan este coto privado deben ser perseguidos no sólo como ladrones, sino como destructores de la imagen y de la personalidad. No es concebible una sociedad libre sin la garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.Pero éste no es todo el problema. La generalización de las premisas podría proporcionar argumentos tan totalitarios como los que el mismo Savater trata de descalificar. Si la intimidad es intocable y sus fronteras se dejan a la libre decisión de la intencionalidad del protagonista, los dictadores podrían tener algo de razón cuando patrimonializan o declaran reservada toda la zona de indagaciones y motivaciones con las que tratan de amparar las leyes dictadas a su antojo.
De ahí la necesidad de distinguir o establecer límites objetivos en esos cotos priva, dos que surgen al amparo del mismo juego democrático. Es verdad que todo ciudadano tiene algo de público, si confundimos lo publico con todo aquello que excita la curiosidad o la voracidad de los otros. A mi modesto entender, sin entrar en disquisiciones jurídicas en las que tampoco soy competente, aquí no hablamos del hombre público genérico: todo aquel que tiene publico, que atrae la curiosidad de las gentes devoradoras insaciables de la vida de los famosos.
Estamos discutiendo el derecho a secuestrar los asuntos públicos, bajo la forma de la intriga, de la política de pasillo o incluso del secreto de Estado, por la simple conveniencia personal o de intereses partidistas. Por eso tenemos que centrar la discusión exclusivamente en el profesional de la política, en el hombre público que ha sido elegido por el voto popular para gestionar asuntos que afectan de lleno a la organización de nuestras vidas. El hecho de que el autor, por conveniencia personal, no destine sus expresiones al público no parece que pueda sin más atropellar el derecho de sus electores a estar al corriente de lo que les afecta tan directamente.
Discutimos la posibilidad de establecer límites claros en zonas por lo general pantanosas, sumamente complejas, que no admiten planteamientos simples. Tan absolutista es dejar a la voluntad del protagonista las fronteras de lo que pertenece por su naturaleza a lo público y que él esconde en las bodegas de su intimidad como levantar la veda y abrir las puertas de la intimidad a cualquier curioso de las comunicaciones personales. Ambas posiciones extremas optan por el tuciorismo. Se inspiran en el temor de que, liberando una parte, se legitime la invasión de todo el campo de la comunicación personal. Sin embargo, no parece tan dificil distinguir en la actividad del gestor público lo que pertenece a su personal intimidad de aquello otro que es por sí mismo patrimonio de todos.
Tan democrático es asegurar la libertad de comunicarse como colaborar para que los asuntos públicos, encomendados a un político, no sean hurtados a sus verdaderos propietarios. La información sobre lo público no es patrimonio personal de sus gestores. Descalifico cualquier forma de espionaje político. Y pienso que la mejor forma de perseguirlo es hacerlo innecesario. La transparencia de cualquier conflicto que afecta a la conformación y fiabilidad del voto democrático refuerza la libertad y el secreto que debe amparar al elector.
Seguridad en las comunicaciones personales y participación en las decisiones públicas no son irreconciliables. Basta no confundir la curiosidad del público por lo que es naturalmente privado con el derecho ciudadano a que no se le prive de lo que realmente le pertenece.José María Martin Patino es jesuita y director de la Fundación Encuentro.
