La Asociación de Inquilinos aloja a una familia que dormía en la calle

Una familia que el viernes 25 de enero fue desalojada de un piso del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) en San Blas, y que se asentó hasta la madrugada del jueves en una tienda de campaña frente a esta casa, intentó sin éxito ocupar en la tarde de ayer otro piso, en esta ocasión, en una colonia de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) en el Puente de Vallecas. Este intento frustrado de ocupación se llevó a cabo con la colaboración de la Asociación de Inquilinos de Madrid (AIM), que aprovechó para reclamar la derogación del decreto Boyer y su utilización con fines especulativos, y que más tarde alojó a esta familia en su local, de la calle de la Sierra Carbonera.La AIM denunció con esta acción, a la espera de encontrar alojamiento para otras doce famiIias, la infrautilización de las 200.000 viviendas vacías que calculan hay en Madrid.

María del Pilar Vélez y Rafael Viciana, junto con sus hijos, de dos y siete años, abandonaron la semana pasada un piso que llevaba 14 años deshabitado en la calle de Joyería y en el que habían entrado por el procedimiento de la patada en la puerta. Según la AIM, su propietario, Juan Uría, les denunció por coacción y allanamiento de morada. Uría, que vive en otra casa de su propiedad en la calle de los Hermanos Álvarez Quintero, pidió para el cabeza de familia tres años de cárcel y daños y perjuicios.

La familia se asentó desde entonces, y hasta la madrugada de ayer, en una tienda de campaña en la calle. La Policía Municipal les trasladó al albergue de San Isidro, lugar que abandonaron al ser separados en distintas habitaciones. Enrique Pedrero, presidente de la AIM, ha criticado que el desalojo se efectuó "con nocturnidad y alevosía, como en los peores tiempos del franquismo". Pedrero pidió que el Ivima realice cuanto antes "un censo actualizado de las viviendas ocupadas y vacías de Madrid".

La AIM iniciará la próxima semana contactos con sindicatos y con la Federación de Asociaciones de Vecinos para concretar la campaña de captación de firmas en contra del decreto Boyer.