Los funcionarios deben incluirse en la Ley de Salud, según CC OO
El sindicato Comisiones Obreras considera "discriminatoria y anticonstitucional" la posibilidad que contempla el Gobierno de excluir a los empleados públicos de la Ley de Salud Laboral que está elaborando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Comisiones considera que la futura ley no puede dejar fuera a más de un millón y medio de trabajadores que prestan sus servicios en las distintas administraciones del Estado. También considera que esta ley debe contemplar "la responsabilidad de los gestores públicos ante el incumplimiento de la misma y la figura del delegado sindical territorial" como instrumento de control de la salud laboral de las pequeñas y medianas empresas. Esta central entiende que es una "frivolidad" que desaparezca la Organización de Servicios Médicos de Empresa (OSME) como contempla el borrador de proyecto de ley.
El gabinete de salud laboral de Comisiones considera que los trabajadores españoles han dejado de percibir más de 500 millones de pesetas al diagnosticarse como "enfermedad común" las que son patologías de origen laboral y denuncia como "grave y escandaloso" el cierre de dispensarios de enfermedades profesionales, por lo que solicita que la futura ley aborde este tema.
Las negociaciones entre el ministerio y los sindicatos, que han presentado más de 100 enmiendas al borrador, han dado como fruto la creación de un grupo técnico de trabajo que ha ido analizando artículo por artículo del borrador e incluyendo modificaciones tanto en el fondo como en la terminología, al solicitar que se cambie protección de la salud por prevención de la salud.
Según Comisiones Obreras, el borrador "legisla por debajo de la directiva de la CE, no está enfocado hacia la acción preventiva y consagra la dispersión administrativa que lo convierte en ineficaz". En la actualidad, nueve ministerios y cientos de organismos tienen competencias en materia de salud laboral "sin que haya coordinación entre ellos".
