Por una propuesta agraria progresista
Considera el autor del texto que es imprescindible el abrir un proceso de concertación sobre el futuro del sector agrario en la perspectiva del mercado único europeo de 1993. Explica la llamada Propuesta Agraria Progresista, que incide en puntos como la aplicación de una política real de compensación de rentas y de mejora de la eficacia de las explotaciones familiares; la creación de un marco jurídico que regule las relaciones interprofesionales entre el sector productivo y el industrial; la potenciación de las empresas públicas en el sector de la distribución y la participación sindical en sus consejos de administración.
El próximo 2 de junio, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), junto a otras organizaciones agrarias, se manifestará en Madrid para exigir al Gobierno la apertura de un proceso de concertación mediante el que se analice y se concrete el futuro del sector agrario español en la perspectiva del Mercado único de 1993. Tras el lema que encabezará la manifestación -"Concertación y futuro para el campo"- vuelve a estar el intento de conseguir normalizar un marco de diálogo y negociación entre los sindicatos agrarios y el Gobierno.El sector agrario en nuestro país está compuesto mayoritariamente por explotaciones familiares cuyos titulares son pequeños y medianos agricultores o ganaderos que viven directamente de su trabajo y que representan al colectivo social que más acusadamente está sufriendo los efectos negativos del actual proceso de reconversión agraria, generado por la aplicación de profundas reformas en la Política Agraria Común.
No hace mucho tiempo, en estas mismas páginas, un alto responsable del Ministerio de Agricultura, su subsecretario concretamente, hacía una versión novelada sobre el miedo a la libertad de mercado y aprovechaba para dedicar un alegato al progreso y a la modernidad de nuestro sector agrario. Muy inspirado, si no fuera porque todo ello se prestaba a ser interpretado más como un proceso de reconversión ideológica que como un giro verdaderamente favorable al propio sector agrario. Porque el mercado, ese término tan manido por los economistas liberales, no sólo es un mecanismo de asignación de recursos; es también un ámbito en el que se confrontan los intereses de diferentes grupos sociales con una capacidad para organizarse muy desigual.
Son estas consideraciones las que han hecho que la UPA, como organización progresista y representativa del colectivo mayoritario de nuestra agricultura, haya elaborado, independientemente del resto de las organizaciones agrarias, lo que hemos llamado la Propuesta Agraria Progresista, en la que se recogen las reivindicaciones prioritarias que los pequeños agricultores y ganaderos exigen del actual Gobierno para paliar el actual déficit social que padecen como colectivo desfavorecido.
Los más perjudicados
Los pequeños y medianos agricultores han sido los más perjudicados por la disparidad creciente entre la evolución de los precios de los productos agrarios en origen y los precios al consumo. Entre 1977 y 1988, el crecimiento de los precios agrarios se situó un 257. debajo del IPC de alimentación, lo que pone de manifiesto el clarísimo componente especulativo que tienen los actuales precios al consumo de los productos alimenticios y demuestra que la responsabilidad del encarecimiento hay que situarla en los procesos. de intermediación y distribución, nunca en el propio sector agrario.
Por otro lado, es notoria la existencia de grandes empresas transformadoras y grandes operadores comerciales, que finalmente imponen a los pequeños agricultores y ganaderos los precios y condiciones de adquisición de sus productos, sin que, en respuesta, la alternativa cooperativa haya sabido o podido contraponerse a las acciones especulativas de los más fuertes. Igualmente preocupante es que el 32% del mercado de distribución agroalimentaria en nuestro país esté controlado por capital extranjero y que la tendencia siga avanzando en dirección ascendente: en 1992 ese capital extranjero copará el 50% del mercado español.
Éstas son algunas de nuestras recusaciones contra ese concepto de modernidad que con tanta frecuencia se trata de asociar al de igualdad. Pero también es dudosa la tan traída y llevada competitividad. En lo que se refiere a nuestro sector, los aumentos de la producción final agraria y de la productividad no se han traducido en una evolución paralela de la renta agraria, ya que la mayor parte del crecimiento ha sido absorbido por el resto del aparato productivo.
En los últimos 10 años tan sólo un 10,2% de las ganancias de productividad en la actividad agraria han permanecido en el propio sector. Esto es, la capacidad de los pequeños agricultores para aumentar su eficiencia no se ha correspondido con una evolución equiparable en la rentabilidad de su trabajo.
Sin embargo, sí es constatable el retraso objetivo que padecemos respecto a los sistemas de prestaciones sociales agrarias de otros países de la CE. La Seguridad Social Agraria española todavía mantiene viejos arquetipos, como la existencia de jornadas teóricas. No contamos con una auténtica jubilación anticipada y no disponemos de una fiscalidad protectora de nuestro colectivo.
Tratamiento fiscal
En este contexto, el contenido básico de nuestra Propuesta Agraria Progresista se asienta, por un lado, en un tratamiento fiscal diferenciado para los pequeños agricultores y sus cooperativas y en el establecimiento de cuotas según tramos de renta en el pago de la Seguridad Social.
Por otro lado, la propuesta incide en puntos como la aplicación de una política real de compensación de rentas y de mejora de la eficacia en las explotaciones familiares agrarias; la creación de un marcojurídico que regule las relaciones interprofesionales entre los sectores productor e industrial y que determine el control de los contratos agrarios por parte de los sindicatos representativos; la potenciación de las empresas públicas en el sector de la distribución alimentaria y la participación de los sindicatos en sus consejos de administración; la elaboración de una ley de ordenación agraria y desarrollo rural; la definición del pequeño agricultor y la creación de una línea crediticia que le sea de fácil acceso, y, por último, el establecimiento de una auténtica Formación Profesional Agraria gestionada por los sindicatos representativos del campo.
En resumen, desde la Unión de Pequeños Agricultores entendemos que el sector agrario no debe basar su modernidad ni su competitividad en los desequilibrios entre productores y regiones, esto es, en el déficit social de los más débiles, las explotaciones familiares.
Comprendemos también nuestra enorme responsabilidad, como sindicato, a la hora de ofrecer propuestas ponderadas y asequibles para el Gobierno, y ése es el cometido de la Propuesta Agraria Progresista: convertirse en el instrumento mediante el cual la UPA y el resto de los sindicatos capaces de sintonizar con ella consigamos una verdadera reorientación social de la actual política económica y agraria, y la configuración de un bloque sindical progresista que se contraponga a los intereses de los grandes empresarios agrarios y los oligopolios industriales. Éstos y no otros son los objetivos de la UPA en la defensa de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos de nuestro país.
