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Un concejal popular impuso la contratación de 13 arquitectos cuando estaba en la oposición

Luis Álvarez, concejal del Partido Popular, impuso al menos a 13 arquitectos entre 1988 y 1989, cuando gobernaban los socialistas, para que fueran contratados por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), según afirman varios técnicos que ocuparon puestos de responsabilidad en la empresa por aquellas fechas. Estos técnicos indicaron que, en tres ocasiones, Álvarez vetó a arquitectos de renombrado prestigio, como los catedráticos de la Escuela de Arquitectura de Madrid Javier Carvajal y Alberto Campo Baeza.

La versión de los técnicos sobre estas "recomendaciones" coincide prácticamente con la recogida en el informe remitido al juez por el Colegio de Arquitectos de Madrid.Luis Álvarez negó ayer tajantemente que hubiera impuesto o vetado a nadie, desmintió que existiera algún tipo de actos PSOE-PP para adjudicar proyectos y habló de "oscuros intereses y vendettas personales" en un momento en el que él es responsable de la tramitación del Plan 18.000, proyecto de construcción de 18.000 viviendas en los tres próximos años."No hay nada de cierto en estas acusaciones", manifestó Luis Álvarez, en la actualidad presidente de la EMV. "Como consejero, yo podía aconsejar a Román [antiguo gerente de la EMV] pero nunca tomar decisiones. Nunca entregué ninguna lista ni veté a nadie".

A mediados de 1988

Según los técnicos

consultados, la situación irregular" comenzó a mediados de 1988, en un momento en que los socialistas buscaban apoyos políticos para sacar adelante sus proyectos.Hasta ese momento, la EMV había adjudicado sus proyectos mediante concursos restringidos en los que participaban tres o cuatro profesionales o mediante adjudicaciones directas en las que se elegía al profesional, según el volúmen y la importancia del proyecto. Luis del Rey, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, calificó el martes este sistema de "discutible, aunque más o menos objetivo". Del Rey coincidió con los técnicos municipales en fijar en 1988 la "quiebra" de este sistema."En 1988 decidimos adjudicar los proyectos a aquellos que hubieran quedado segundos en los concursos ya realizados y a algunos de los que ya habían trabajado con la EMV con buen resultado, siempre que hubieran terminado su trabajo anterior. Sin embargo, esa línea hubo que compartirla con unos arquitectos que figuraban en una lista que entregó Luis Alvarez al gerente de la EMV, Oswaldo Román", aseguró ayer uno técnico que entonces ocupaba un puesto de responsabilidad en la empresa.Este técnico que, de momento, prefiere mantener el anonimato, indicó que, cuando Román les entregó la lista de equipos; recomendados figuraba, junte, a los nombres, el polígono que debía proyectar cada uno o el número aproximado de las viviendas que debían serles encargadas.

Los nombres de los profesionales facilitados por los técnicos consultados coinciden en su totalidad con los recogidos en el informe del investigador del Colegio Oficial de Arquitectos, remitido el pasado martes al juez. Según ambas fuentes Luis Alvarez recomendó a los arquitectos A. Rubinos Fuentes, A. Fernández Villaverde, J. Segura Coronado y J. M. Adell Argiles, a quienes en total les fueron adjudicados la construcción de 243 viviendas.

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Oswaldo Román, en su calidad de gerente, fue la persona encargada de hacer la contratación. Ayer no pudo ser localizado por este periódico, a pesar de los reiterados intentos.El centrista José Luis Garro, hoy tercer teniente de alcalde y en 1988-89 consejero de la EMV, aseguró ayer: "Nunca me planteé recomendar a nadie, ni tengo conocimiento de que se haya producido esta situación. Tan sólo rumores. Pero si se ha producido es totalmente censurable".

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El concejal Luis Álvarez niega que hubiera un pacto PSOE-PP en temas urbanísticos

Viene de la página 1.Los técnicos consultados creen que si el gerente de la EMV aceptó las peticiones de Luis Álvarez debió de ser por lograr una agilidad en la gestión de la empresa y evitar un bloqueo de importantes temas urbanísticos. Estos técnicos recuerdan que si bien en el Consejo de Administración de la EMV los socialistas tenían mayoría, en la Junta general de accionistas -coincidente con el pleno de la Corporación- centristas y populares poseían la mayoría.La situación alcanzada hizo que algunos de los funcionarios llegaran a pedir a Román que si Álvarez quería proponer nombres de arquitectos lo hiciera públicamente en el consejo. La respuesta, según afirmaron, fue negativa.Tras la primera lista, llegó el supuesto veto a Javier Carvajal. "Teníamos que adjudicar el proyecto de una importante promoción que se había quedado descolgada. Se trataba de proyectar un edificio de 258 viviendas que se iba a levantar cerca del edificio que el Instituto de la Vivienda de Madrid le había encargado a Francisco Javier Sáez de Oiza. Debía ser, por tanto, una figura con peso", recuerda uno de los antiguos responsables técnicos.

"Se pensó en Carvajal, que no había colaborado aún con nosotros. Se propuso y Román le adjudicó el proyecto. A lo largo de un mes, y aunque aún no había firmado contrato, mantuvo hasta tres reuniones con nosotros y presentó unos croquis. Estaba muy ilusionado. De pronto se nos informó que había sido vetado por Álvarez. Con el fin de guardar las formas hubo que convocar un concurso al que se presentó Carvajal y ganó García de Paredes". Carvajal confirmó el martes a ELPAÍS que le fue retirado el proyecto por presiones.

En el verano de 1988 el veto, al parecer, se extendió a Alberto Campo-Baeza a quien se había adjudicado uno de los proyectos. "Fue el único caso en el que se le quitó la dirección facultativa de la obra a un arquitecto que ya había hecho el proyecto".

Posteriormente, en 1989, los técnicos afirman qye llegó una segunda lista de Álvarez con ocho nombres más que también fue aceptada. La lista vuelve a coincidir con la que obra en poder del Colegio de Arquitectos y del juez: Adell Argiles, Alberto Aguado del Moral, Rubinos Fuentes, Francisco Javier Segura Coronado, J. A. Barrero Martínez, Jesús Gimeno Ansaldo, Francisco Cortés del Castillo y el equipo de L. Sánchez del Corral y J. Silván.El malestar de los técnicos llegó a hacerles "puentear" la orden referida a un tercer veto mediante el sistema de cambiar el nombre del profesional "en desgracia" por otro compañero de su propio equipo.

"No hubo pactos"

"Ahora sí soy responsable y como tal firmo contratos con arquitectos. Pero de lo anterior deberán responder Román y Jesús Espelosín, que era presidente del Consejo de Administración. Es también absolutamente falso que haya existido un acuerdo para repartir proyectos. No han existido pactos ni cubiertos ni encubiertos. Según esa tesis, todos los concejales del PSOE hubieran pactado con el PP y eso sería llegar al absurdo", dice Álvarez.

El concejal del PP, que hasta el pasado martes era también elpresidente de la Comisión de Vigilancia de la Contratación -encargada ahora de la investigación de este caso-, aseguró: "Nada de lo afirmado es verdad pero, en el fondo, aunque fuera verdad que hubiera propuesto nombres tampoco es ilegal. Lo que existen son vendettas personales y oscuros intereses. Los hechos que se denuncian se produjeron hace dos años y es curioso que aparezcan ahora cuando tengo la responsabilidad del plan por el que se construirán 18.000 viviendas sociales en Madrid".

Respecto a los supuestos vetos, Álvarez aseguró que prueba de que no había vetado a Carvajal es que el pasado mes de marzo le encargó un proyecto de 114 viviendas. "De Campo Baeza lo único que puedo decir es que un día me dijo que la EMV no le encargaba nada y así se lo comuniqué a Román. Si luego Campo Baeza tuvo una diferencia con Román o con la empresa por su manera de ser no tiene nada que ver conmigo".

"Como portavoz del PP y concejal desconocía y desconozco la existencia de tales acuerdos particulares", dijo ayer el primer teniente de alcalde, José María Álvarez del Manzano. "Además no entiendo por qué se cuestiona un procedimiento de elección cuando se aplica a unos arquitectos y en cambio el procedimiento es válido cuando se aplica a otros. El único responsable era el presidente del Consejo de Administración [el socialista Jesús Espelosín] quien debía saber cómo se adjudicaba", aseguró Álvarez del Manzano.

El Ayuntamiento, al igual que hizo el Colegio de Arquitectos, presentó el martes una denuncia en el juzgado.

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