El Consejo General quiere suavizar tensiones entre jueces y políticos en Extremadura
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que los actuales conflictos entre políticos y jueces en Extremadura a propósito de las polémicas sobre expropiaciones de fincas no afectan a la independencia judicial, a pesar de lo cual ha tomado la iniciativa para "suavizar las tensiones", según informó ayer su portavoz, José Luis Calvo.
Entre las medidas adoptadas figura la llamada al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Jesús González Jubete, que ayer se reunió con siete consejeros, la inminente entrevista del presidente del consejo, Antonio Hernández Gil, con el de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y la prioridad que dará el Tribunal Supremo a los recursos sobre expropiaciones.Calvo dejó a salvo en todo momento cualquier opinión del consejo sobre la cuestión de fondo: las expropiaciones acordadas por la Junta de Extremadura y los criterios jurídicos de algunos magistrados extremeños, contrarios a ellas. Ni siquiera quiso revelar las diferencias "anecdóticas" de criterio producidas ayer entre Hernández Gil, de ideas muy avanzadas en materia de derecho de propiedad, y González Jubete, reacio a limitar los derechos de los propietarios.
Sin embargo, Calvo señaló que el Tribunal Supremo, que preside Hernández Gil, "dará carácter prioritario a la materia expropiatoria y a las medidas cautelares con ella relacionadas". Respecto al posible ataque a la independencia judicial, a través de declaraciones como la del senador socialista José Santiago Lavado, que llamó a algunos magistrados "caciques", "terratenientes" y "salteadores de caminos", el consejo se remite, "sin ningún comentario", a la querella interpuesta ayer por el fiscal general del Estado.
El Fiscal General del Estado, Leopoldo Torres Roursault, confirmó ayer que la Fiscalía del Tribunal Supremo ya ha presentado la querella contra el senador socialista extremeño José Lavado.
