La prioridad de la Inspección de Trabajo durante 1990 es el fraude en la contratación
El objetivo prioritario de la Inspección de Trabajo en 1990 será combatir el fraude en la contratación laboral, según el plan presentado ayer por el subsecretario de Trabajo, Segismundo Crespo. En las 560.000 actuaciones previstas en las empresas, también se van a intensificar los esfuerzos para detectar anomalías en materia de seguridad e higiene, Seguridad Social, la lucha contra la economía sumergida, y otras acciones no represoras, como es el asesoramiento a los empresarios y trabajadores para un mejor cumplimiento de la normativa laboral.
Durante el pasado año y de cada 100 empresas visitadas, se levantaron 16 actas de infracción en materia de empleo, 20 en Seguridad Social, 18 en relaciones laborales y 27 en seguridad e higiene. El plan de inspección para 1990, consultado con los sindicatos, pero no con la patronal CEOE que ha excusado su participación en el proceso de consultas, será más intenso para el control del empleo y la Seguridad Social. En 1989 ya se han levantado 50.000 actas de infracción con un proyecto de sanción por importe de 3.782 millones de pesetas por irregularidades relacionadas con la contratación laboral. El fraude de ley más usual detectado por los inspectores consiste en contratos irregulares o que, al cumplimiento del tope legal de tres años para la contratación temporal, se deja fuera de la empresa un mes al trabajador afectado y se le vuelve a contratar.La percepción irregular del subsidio de desempleo ha dado lugar a 5.000 sanciones a empresarios por connivencia con el trabajador y a una cifra similar de sanciones a empleados que cobraban las prestaciones del paro. La campaña especial en el régimen especial agrario emprendida en Andalucía y Extremadura ha dado como resultado la baja en el subsidio de 12.163 falsos jornaleros.
En Seguridad Social se han levantado 62.000 expedientes con 73.000 millones de pesetas de liquidación por descubierto en la cotización o diferencias en el grupo de cotización. La previsión para 1990 es abrir 67.000 expedientes por un importe total de 70.000 millones de pesetas.
