Pujol afirma que las inspecciones de la Generalitat "son fiables", a pesar de lo ocurrido en el geriátrico Alba

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, afirmó ayer que las inspecciones que realiza el Departamento de Bienestar Social en las residencias geriátricas "son fiables" a pesar de que la visita que realizaron sus inspectores a la residencia Alba, en Vallvidrera (Barcelona), no detectase un cobertizo anexo ocupado por 15 ancianas en unas condiciones de vida inhumanas. "Creo sinceramente que las inspecciones se hacen bien, aunque se puedan cometer errores" añadió. Pujol insistió además en declinar cualquier responsabilidad, directa de la Generalitat en lo que ocurría en la residencia Alba.

Pujol afirmó ayer, en repetidas ocasiones, que la Generalitat sólo es directamente responsable del funcionamiento de las residencias geriátricas que sean públicas o tengan algún tipo de subvención, centros que en Cataluña representan un total de 20.000 plazas. Otras 5.000 plazas geriátricas son de centros privados, como la residencia Alba, sobre los cuales el Departamento de Bienestar Social tiene la obligación de realizar las inspecciones, "que se hacen con eficacia", puntualizó.El presidente catalán hizo esas declaraciones en una conferencia de prensa convocada para exponer el resultado del primer año de funcionamiento del Departamento de Bienestar Social.

Error puntual

"En el caso de la residencia Alba, la postura de la Generalitat es fácil", explicó, "porque el centro no es público ni subvencionado, por lo que el fallo ha podido ser sólo de la inspección". No obstante, el presidente de la Generalitat afirmó que se trataba de un error puntual, porque "prueba de que el servicio de inspección es eficaz lo constituye el hecho de que durante este año se han cerrado 20 residencias geriátricas por la intervención directa o indirecta de la Generalitat".Sin embargo, los inspectores de Bienestar Social cometieron otro error en junio pasado en un visita a otro geriátrico de Vallvidrera, donde no descubrieron la existencia de un sótano donde enfermos mentales maltrataban a los ancianos, hecho descubierto por un juez y que actualmente está sometido a investigación. El conseller de Bienestar Social, AntoniComas, afirmó que "se ha dado la coincidencia de dos errores seguidos, aunque el trabajo mal hecho se tiene que modificar".

"Respecto a la residencia Alba", matizó Pujol, "es evidente que el juez recogió suficientes elementos como para ordenar el ingreso en prisión de dos personas pero, en cualquier caso", matizó, "el asunto está subiudice, por lo que no se puede hacer un juicio de valor". Añadió que, al margen de la actuación judicial, el Departamento de Bienestar Social ha abierto una investigación para determinar las responsabilidades del error cometido por los inspectores en la residencia Alba. El presidente de la Generalitat defendió la labor realizada en el departamento por Ángela Miquel, directora general de Servicios Sociales, cuya dimisión ha sido pedida por los partidos de la oposición por la actitud mantenida en relación con el geriátrico Alba. "Esta persona [en referencia a la directora general] tiene nuestra confianza", añadió, para matizar que no quería valorar las declaraciones que la directora general ha hecho y en las que llegó a calificar la actuación judicial de "precipitada".

Los sindicatos CC OO y UGT se sumaron ayer a las críticas de los partidos políticos contra la labor de la Generalitat en el control de los geriátricos. Así, ambos sindicatos hicieron pública una nota asegurando que la Generalitat "está, consciente y deliberadamente, incumpliendo la ley de servicios sociales para todo lo que hace referencia a permisos de autorización, acreditación e inspección de centros geriátricos privados".

El comunicado señala que el caso de la residencia Alba no es excepcional, sino un ejemplo que manifiesta la grave situación en la que se encuentra la atención sanitaria en Cataluña con una falta de residencias geriátricas públicas.